El presidente de AVE, Vicente Boluda, junto al ministro de Hacienda, Arcadi España, en Alicante.
Boluda insiste en apoyar la financiación autonómica del Gobierno de Sánchez ante el ministro Arcadi España
Arcadi España reclama al PP que deje atrás “el ruido, la furia y la crispación” y negocie una reforma de su propuesta.
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El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), el naviero Vicente Boluda, ha reiterado su defensa este lunes de la conveniencia de aprovechar la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómica, aunque ha admitido que la oferta debería entenderse como un punto de partida para seguir avanzando.
“Lo que va delante, va delante”, ha afirmado antes de participar en un almuerzo de trabajo con el ministro de Hacienda, Arcadi España, y representantes de la gran empresa valenciana. El empresario ha lamentado que se opte “sistemáticamente” por decir que no a cualquier propuesta y ha planteado la necesidad de “tomarlo” como un punto de partida “para poder ir a más”.
La posición expresada por Boluda, de forma "personal", supone un respaldo, al menos inicial, a la propuesta planteada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que contempla una aportación adicional de 21.000 millones de euros para el conjunto de las comunidades autónomas. En el caso de la Comunitat Valenciana, la cifra asciende a 3.669 millones.
El presidente de AVE ha considerado preferible aceptar esos recursos y utilizarlos como base para reclamar mejoras posteriores antes que rechazar de entrada una oferta que, a su juicio, permitiría contener el deterioro financiero de la autonomía.
El planteamiento de Boluda se produce en un momento en el que la reforma de la financiación autonómica afronta su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. La propuesta del Gobierno fue presentada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y necesita ahora concitar apoyos suficientes para salir adelante. La Comunitat Valenciana, una de las autonomías que durante años ha denunciado recibir menos recursos de los que le corresponderían por su población y sus necesidades de gasto, aparece como uno de los territorios más directamente concernidos por la reforma.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha aprovechado el encuentro con los empresarios valencianos para reclamar a los grupos parlamentarios que abandonen “el ruido, la furia y la crispación” y abran una negociación sobre el nuevo modelo. España ha calificado la propuesta de “oportunidad histórica” y ha pedido a los partidos que centren el debate en los datos y en las consecuencias concretas que tendría la decisión parlamentaria.
![Imagen aérea de Valencia](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10919521.jpg?p=w:1706\/h:960&h=zSKOO0VV"])
Según el ministro, el nuevo sistema se plantea 17 años después del anterior y no implica que ninguna comunidad autónoma pierda recursos. En su opinión, se trata de una oferta “sin parangón en nuestra historia” y de una mejora sustancial respecto a las demandas formuladas hasta ahora por los presidentes autonómicos. “Ninguna comunidad autónoma pierde”, ha insistido, al defender que la inyección adicional permitiría reforzar los ingresos de todos los territorios.
España ha destacado especialmente la situación de la Comunitat Valenciana y de Murcia, dos autonomías que, según ha advertido, “no pueden esperar más” y necesitan estabilidad financiera para garantizar sus políticas públicas. La financiación autonómica, ha argumentado, no constituye una cuestión abstracta o limitada a los balances de las administraciones, sino que afecta directamente a la sanidad, la educación, los servicios sociales, los salarios de los empleados públicos y las políticas de vivienda.
El ministro ha expresado su sorpresa por la negativa anticipada de algunos territorios y partidos, especialmente por el rechazo de comunidades gobernadas por el Partido Popular. A su juicio, los 3.669 millones adicionales previstos para la Comunitat Valenciana constituyen una cifra difícilmente imaginable incluso “para los más optimistas de los optimistas”. España ha defendido que el volumen de recursos ofrecido debería llevar a los grupos políticos a modificar su posición durante el debate parlamentario.
“No puede ni quiere imponer” la reforma, ha afirmado el titular de Hacienda, que ha situado en el Congreso la última oportunidad para que los partidos negocien el contenido de la propuesta. España ha confiado en que los grupos no dejen pasar esa posibilidad y ha apelado al “sentido común” para evitar que una reforma que considera excepcional quede bloqueada por el enfrentamiento político.
El ministro ha sostenido, además, que existe un consenso social y político amplio sobre la necesidad de mejorar la financiación autonómica. Ha excluido de esa visión a Vox, formación a la que atribuye una posición contraria al Estado autonómico, pero ha asegurado que sindicatos, universidades y organizaciones sociales comparten la necesidad de reforzar los recursos de las comunidades.
