Daniela, en una imagen difundida por sus amigas.
Un juzgado abre una causa a los padres de una chica trans enterrada con su anterior nombre
Los progenitores están investigados por un presunto delito de odio al sepultarla en Aspe "llevando a cabo actos de negación de su identidad".
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Un juzgado de Novelda instruye diligencias por un presunto delito de odio respecto a una mujer transgénero, Daniela, que se suicidó con 21 años en 2022, a la que sus familiares identificaron con su necrónimo o nombre previo a la transición en el panteón familiar del cementerio de la localidad alicantina de Aspe en el que fue enterrada.
La investigación, seguida en la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda, se inició a instancia de la denuncia presentada por la asociación Euforia Familias Trans Aliadas ante la Fiscalía, tras tener conocimiento de los hechos a través de una amiga de la fallecida.
El Ministerio Público asumió ese escrito y dio traslado al juzgado de su propia denuncia, el pasado mes de mayo, según ha dicho a EFE la presidenta de la asociación, Natalia Aventín.
La denuncia, a la que ha tenido acceso EFE, apunta a que los progenitores adoptivos de la fallecida -de 21 años en el momento del suicidio- "habrían procedido a sepultarla" en el cementerio municipal de Aspe "llevando a cabo actos de negación de su identidad".
En concreto, según sostiene el acusador público, "utilizaron de forma consciente, premeditada y deliberada en la inscripción de su lápida su necrónimo". Es decir, el nombre registral original que se le confirió tras su nacimiento, a pesar de que la joven había completado el proceso administrativo de cambio de identidad.
Además, la denuncia sostiene que los padres adoptivos de la fallecida exhibieron "públicamente en dicho sepulcro" fotografías antiguas "en las que la víctima presentaba un aspecto y expresión de género marcadamente masculina, ajena por completo a su identidad autopercibida, social y legalmente reconocida en sus últimos años de vida".
A esas circunstancias que, según la Fiscalía, escaparían del ámbito privado, se sumarían declaraciones en medios de comunicación de difusión nacional en fechas posteriores al fallecimiento de la víctima en las que los padres se habrían referido a la mujer transgénero "empleando el género gramatical masculino de forma reiterada y constante, negando e invalidando abiertamente su identidad de género, y reduciendo su realidad existencial a una mera patología".
En esta línea, Aventín ha indicado que la joven llegó a quedar bajo la tutela administrativa de las autoridades de Cantabria hasta que alcanzó la mayoría de edad, puesto que esa era la autonomía en la que residía la familia.
Así, en el escrito de denuncia, la Fiscalía pide que se llame a declarar a los padres en calidad de investigados y que se solicite el certificado de inscripción del nombre real de la fallecida, así como que se aporte certificado de la propiedad del nicho en el que se encuentra enterrada la joven, entre otros extremos.
