El Gobierno de Sánchez niega a Alicante los 350 millones de euros en inversiones hídricas comprometidos por la UE

A los sucesivos y continuos recortes del trasvase Tajo-Segura basados en unos caudales ecológicos que se dirimen en los tribunales y en un contexto de cuatro años a la cola de las inversiones estatales para la provincia de Alicante porque no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar) suma un nuevo agravio contra la provincia: negarle los fondos europeos para las inversiones hídricas que necesita y que estaban comprometidos.

Se trata del proyecto de "Vertido 0" de Alicante, con la reutilización de aguas de las depuradoras de Monte Orgegia y Rincón de León en la ciudad de Alicante, por parte de la agricultura, al que se suma el objetivo de no contaminar la bahía de Alicante. Un proyecto impulsado en tiempos del también socialista Ximo Puig que debía ejecutar a medias la Confederación Hidrográfica del Júcar y Acuamed, calificado de "interés general del Estado", y para la que la Unión Europea tenía asignados Fondos de Resiliencia. De hecho, el Ministerio sigue sacando pecho del proyecto a día de hoy, pese a no haberlo ejecutado.

El Estado debía haberla ejecutado en plazo, pero al no hacerlo, la Conselleria le ha requerido su cumplimiento al formar parte de la Directiva Marco del Agua. El Ejecutivo de Sánchez no ha gastado el dinero en el plazo y ahora se ha perdido la financiación europea.

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En una carta de respuesta del secretario de Estado, Hugo Morán al conseller de Agricultura y Agua, Miguel Barrachina, el Gobierno central justifica la negativa a la petición de 350 millones en inversiones hídricas para la provincia de Alicante en tres grandes argumentos.

Se trata de la obligación legal de aplicar el principio de recuperación de costes del agua, la excepcionalidad jurídica necesaria para aprobar exenciones a ese principio y la prioridad presupuestaria dada a la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana de Valencia, junto a la apuesta por canalizar nuevos proyectos a fondos europeos ya existentes o en diseño.

En este sentido, llama la atención que el Gobierno que no ejecutó las obras necesarias en los barrancos que hubiesen evitado el 86% de las muertes en la dana de octubre de 2024 en Valencia, esgrima ahora para negarle inversiones a Alicante que: "el Ministerio está en este momento comprometido con la recuperación de la zona afectada por la dana con cuantiosas inversiones que cuentan con
prioridad absoluta en nuestros programas presupuestarios".

Por otro lado Morán recuerda que la Directiva Marco del Agua (DMA) obliga a los Estados miembros a tener en cuenta el principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los ambientales y del recurso.

Ese principio se resume en que los precios y tarifas deben reflejar el coste real del servicio y responder al criterio de «quien contamina paga», para incentivar un uso eficiente. Pero lo que no dice Morán en su misiva al Ejecutivo de la Generalitat es que la agricultura y los abastecimientos en la provincia de Alicante son los más rentables y eficientes, respectivamente, de España, con lo que los usuarios de estos servicios hídricos pagan con creces los costes del servicio.

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Morán subraya que ese mandato europeo está incorporado al ordenamiento español mediante el artículo 111 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas, que exige repercutir los costes en los usuarios finales y hacerlo de forma que se fomente la eficiencia sin comprometer los objetivos ambientales. Sobre esta base, el Ministerio plantea que cualquier medida que suponga eximir o rebajar sustancialmente esa recuperación de costes no es una decisión discrecional, sino una excepción a un marco jurídico muy definido.

La exención solicitada

El núcleo de la respuesta es el rechazo a la exención concreta planteada por la Generalitat Valenciana para los proyectos hídricos en Alicante. Morán afirma que, en las circunstancias actuales, aplicar una exención al principio de recuperación de costes "no solo resulta muy compleja desde el punto de vista procedimental, sino que además exige la concurrencia de circunstancias verdaderamente excepcionales".

El Gobierno de Sánchez, incapaz de sacar adelante unos PGE sostiene ahora que su margen de maniobra para asumir otros compromisos inmediatos de financiación, como los solicitados por la Generalitat para Alicante, está limitado por el volumen de recursos ya comprometidos para reparar los efectos de la dana.

Vía alternativa

Frente a la negativa a la fórmula planteada por la Generalitat, Morán propone reconducir los proyectos a la planificación hidrológica y a la financiación europea. Señala que, en el marco del nuevo ciclo de planificación, la vía «más adecuada» para avanzar con los dos proyectos mencionados pasa por valorar su inclusión en el programa operativo FEDER 2021‑2027 o en nuevos instrumentos de financiación que pueda poner en marcha la Unión Europea.

Entre esas herramientas, destaca el desarrollo de la Estrategia de Resiliencia Hídrica europea, que incorpora la reutilización del agua como uno de sus pilares fundamentales para un uso más sostenible del recurso y para reforzar la seguridad hídrica en zonas con mayor déficit. El Gobierno central ha rechazado asumir de forma directa y extraordinaria los 350 millones comprometidos por la UEy sin embargo invita a reorientar esas actuaciones hacia marcos europeos donde la reutilización, la desalación y la eficiencia ya figuran como prioridades de financiación.