La otra alianza entre la Comunitat Valenciana y Murcia: proteger las casas en la costa frente al MITECO

No solo el trasvase Tajo-Segura ha logrado unir a todos el sureste español frente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que encabeza la socialista Sara Aagesen ante los continuos recortes de caudales. Diversas asociaciones de vecinos Murcia y la Comunitat Valenciana, de municipios costeros afectados por los deslindes de este mismo ministerio ya han puesto en marcha una iniciativa conjunta para defenderse y defender sus propiedades legalmente construidas en el pasado.

El pasado miércoles 16 de abril, la Asociación para la Defensa de las Playas Norte de Dénia, representada por el presidente, tesorero y vicepresidenta, Francisco Ros y Rosa Marín, acudió a Los Nietos (Murcia) para participar en una reunión promovida por la Federación de Asociaciones de la Playa de Murcia afectadas por la Ley de Costas: Asociaciones de Los Nietos, Cabo de Palos, Mazarrón y Puntas de Calnegre.

Como ocurre en Dénia, en la vecina comunidad murciana más de 400 casas construidas legalmente hace más de 50 y 100 años están amenazadas de derribo por los nuevos deslindes que quiere imponer desde el MITECO. Las asociaciones exigen, como en el caso de Dénia, que el Ministerio regenere las playas en vez de expropiar el suelo y derribar las viviendas.

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Esta iniciativa surge de un movimiento previo, Somos Mediterrania, la plataforma de asociaciones en toda España que hace frente a lo que entienden es una acción depredadora del Gobierno contra los legítimos propietarios de viviendas en núcleos etnográficos y patrimoniales. Como ha venido informando este diario, una de las "almas" de esta plataforma de asociaciones procede también de la Comunitat, de la AAVV Playas de Guardamar-Babilonia que representa el abogado Manuel López.

En la reunión participaron también los dirigentes del PP de Murcia como Francisco Bernabé (senador), impulsor junto al conseller valenciano Vicente Martínez Mus de la PNL para la protección del litoral aprobada en el Senado y paralizada en la comisión del Congreso de los Diputados. También, Juan Luis Pedreño diputado nacional que está trabajando y mucho por el desbloqueo de esta Ley, así como otros diputados, senadores y alcaldes y concejales de Cartagena y Lorca.

Los representantes del PP murciano informaron a los vecinos que en marzo presentaron en el Congreso la PNL para que se paralicen los deslindes hasta que se tramite una nueva Ley de Costas. El pasado miércoles 8 de abril presentaron una Proposición de Ley que se ha publicado ayer 21 de abril, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales para insistir en salvar los núcleos de especial relevancia costeros, los puestos deportivos y las zonas declaradas BIC.

El texto de la PNL es un texto prácticamente igual aprobado en las Cortes de la Región de Murcia y que con toda seguridad saldrá aprobado en las Cortes Valencianas cuando se presente a votación la nueva Ley de Costas valenciana que promueve el director general Marc García Manzana, ahora en proceso de participación pública.

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Busca la protección de todos los conjuntos arquitectónicos en el litoral "que acumulen valores culturales, históricos o etnológicos que merezcan ser conservados. Dichos valores se acreditarán por el Ayuntamiento en el que se ubiquen, que lo solicitará al Ministerio que tenga la competencia atribuida en costas acompañando un dictamen favorable de la Comunidad Autónoma en el que radiquen".

Y también de aquellos "que estén integrados en el entorno costero de forma que su demolición o supresión supusiera una pérdida de patrimonio cultural, histórico o turístico" y los que "existan con carácter previo a su inclusión en el dominio público marítimo terrestre".

El propio PP murciano ha emitido un comunicado en el que Bernabé afirma que "Pedro Sánchez sigue decidido a demoler las viviendas del litoral de la Región que se encuentran en primera línea de playa, sin ningún tipo de compensación económica para sus propietarios". Y traslada el apoyo del PP a "los vecinos, cuyo único pecado es tener sus viviendas en orden y pagar sus impuestos, frente a un Gobierno de España que no respeta la propiedad privada".