El Consell ha aprobado este viernes las bases que regulan la concesión de las ayudas a los ayuntamientos afectados por los incendios forestales ocurridos en la Comunidad Valenciana durante los meses de julio y agosto de este 2022, entre los que se encuentran los de Bejís, Vall d'Ebo, Olocau, Calles Venta del Moro y Useres, y a los que ayudará con hasta 4.281.417 euros.

El decreto autoriza también la modificación presupuestaria necesaria para que estas ayudas corran a cargo del Fondo de Contingencia de los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2022, han explicado desde el Consell.

Así, de este importe global, los municipios afectados por el incendio forestal de Bejís (Castellón) recibirán 3.083.681,46 euros, mientras que para el de Vall d’Ebo (Alicante) la cantidad ascenderá a 866.431.

[España sufre una de las peores olas de incendios de la historia: Bejís suma 20.000 hectáreas quemadas]

Por su parte y según ha expuesto el Consell, para el incendio forestal de Calles (Valencia) se proponen 3.394 euros; para el de Olocau (Valencia) 1.689 euros; para el fuego de les Useres (Castellón), la cantidad propuesta es de 194.009 euros y para el de Venta del Moro (Valencia), 132.264 euros.

Estas ayudas deberán ir destinadas a actuaciones de reparación de los daños producidos por estos incendios en infraestructuras y bienes públicos, en instalaciones e infraestructuras agrarias o de otros sectores económicos distintos de los forestales, y de los posibles daños a bienes muebles e inmuebles de personas físicas o jurídicas que no estuvieran cubiertos por el sistema de seguros.

Copago de medicamentos

Por otro lado, el Consell también ha aprobado este viernes el decreto que regula las bases y que cuenta con una convocatoria de 44,2 millones de euros para hacer frente al copago de tratamientos farmacológicos y ortoprotésicos, para "compensar el gasto farmacéutico de determinados colectivos de personas", como pensionistas, desempleados o menores.

El Consell, que ha resaltado que más de un millón de valencianos habían accedido este año a estas ayudas a 30 de noviembre, ha incidido en que durante entre 2016 a 2022 "se ha desarrollado una política de recuperación y ampliación de derechos en materia sanitaria".

Así, en lo referente a la prestación farmacéutica, "el Consell ha aprobado sucesivos decretos que establecían las bases para la concesión de estas ayudas directas, con el objetivo de que las personas que tenían la condición de beneficiarias pudieran hacer frente al copago farmacéutico y ortoprotésico, y de este modo facilitar la adherencia a los tratamientos médicos y ortoprotésicos prescritos".

Desde el Consell han destacado que, en los presupuestos del año 2023, se van a destinar más 44,2 millones de euros en ayudas a pensionistas de rentas bajas, personas con diversidad funcional, menores de 18 años con renta baja y a desempleados.

"Los colectivos se han ido ampliando y desde el inicio de estas ayudas en 2016 hasta este septiembre se han destinado 354 millones", ha subrayado el Consell en un comunicado en el que también ha remarcado que en 2023 se contempla una partida de 21 millones para compensar gastos relacionados con la compra de medicamentos por parte de pensionistas con niveles de renta inferiores a 18.000 euros.

No obstante, han explicado que la cifra de este colectivo es menor que años anteriores debido a la aplicación de la normativa estatal que supone la exención a nivel nacional del copago farmacéutico a las personas pensionistas con rentas inferiores a 11.200 euros (Ley 11/2020 de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2021).

"Ello ha supuesto que la Comunitat Valenciana ya no asuma las ayudas a personas con rentas hasta 11.200 euros -al hacerlo el Estado- y siga subvencionando a pensionistas cuya renta oscila entre los 11.200 y los 18.000 euros", han precisado.

Las ayudas también van dirigidas a personas con diversidad funcional, menores de 18 años con diversidad funcional diagnosticada con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, y mayores de 18 años diagnosticados con un grado de discapacidad igual o superior al 65%.