30 operaciones en el cerebro, una intervención quirúrgica retrasada por la ausencia de documentación en el historial clínico y un fallo judicial que reconoce malas prácticas en el tratamiento médico, pero sin responsables directos más allá de una pequeña indemnización que paga la Administración. La historia de Katia Michele Campos es una lucha constante contra su enfermedad y contra el olvido, y que sigue sin resolverse a día de hoy.

Su pesadilla empezó en agosto de 1995. Katia tuvo una crisis convulsiva con pérdida de conciencia y acabó ingresada en el Hospital General de Alicante. Allí le disgnosticaron una malformación arteriovenosa (MAV) cerebral, una extraña enfermedad (afecta a menos del 1 % de la población) que consiste en la aparición de una maraña de vasos sanguíneos anormales que conectan las arterias y la venas del cerebro.

Desde ese momento su vida se alteró para siempre: este tipo de malformaciones provocan que los tejidos que los rodean no reciban suficiente oxígeno, y los vasos que las componen pueden romperse en cualquier momento. Existen muchas posibilidades de sufrir una hemorragia en la zona, con accidentes cardiovasculares o daños cerebrales.

Katia, en una imagen de su juventud.

La Sanidad pública valenciana le empezó a practicar un tratamiento que consistía en embolizaciones puntuales. En estas operaciones se introducen partículas en el cerebro para impedir el flujo en vasos sanguíneos. Las embolizaciones se utilizan para detener el sangrado o para prevenir el flujo de sangre a un tumor o área de tejido anormal, como era el caso. Entre 1995 y 2006 se le practicaron siete.

En noviembre de 1999 se somete a radiocirugía para tratar de corregir la malformación. No tienen éxito y su situación continúa igual durante los siguientes siete años.

La externalización

Todo cambió en 2006. El 25 de enero se la deriva, a través de un plan de choque de la Seguridad Social, a la privada. La responsable pasa a ser Dagda Platinum S.L., una sociedad precisamente vinculada al médico que la estaba tratando en la pública, el doctor Juan Carlos Vázquez, según relatan los representantes jurídicos de Katia a El Español. La empresa no contaba con los medios necesarios para hacerse cargo de su situación, por lo que pasa a alquilar las instalaciones del hospital Medimar.

A partir de entonces a Katia se le somete a una serie de embolizaciones periódicas entre 2006 y 2009: 30 en total, prácticamente una al mes, "cuando la literatura cienífica dice que lo normal es que sean mucho más puntuales", explica el abogado de la paciente. De hecho, en los primeros momentos de su enfermedad el General le practicó siete de estas operaciones en un periodo de 11 años.

En las intervenciones con el doctor Vázquez utiliza un producto denominado Histoacryl (una especie de pegamento para tejidos), cuyo uso no había sido "indicado para neuroembolizaciones", tal como apunta la compañía farmacéutica que lo desarrolla, B. Braun, en un escrito remitido al abogado de Katia. Asimismo, en esas operaciones la paciente firma consentimientos informados que más tarde se demostraría que eran "insuficientes", según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.

Respuesta de la farmacéutica B. Braun al uso de Histoacryl en las embolizaciones.

Por cada una de estas embolizaciones Dagda Platinum recibía la correspondiente retribución de la Administración, estimada en unos "4.500 o 5.000 euros", según comentan fuentes conocedoras de las actuaciones.

El tratamiento sigue hasta que, poco después de su última embolización, Katia tiene una hemorragia cerebral. El 21 de abril de 2009 es trasladada por el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) al Hospital General de Alicante, con un cuadro de cefalea grave y mareos. La paciente tiene que estar varias horas a la espera de intervención porque no aparecen las angiografías en su historia clínica.

Esta situación provoca un retraso de varias horas en la operación ("unas 8 o 9", cifra el abogado de Katia) que "hace que su estado se agrave". De hecho, tras pasar por quirófano se queda con secuelas: una hemiparesia en el lado izquierdo (disminución de la fuerza motora o parálisis parcial que afecta un brazo y una pierna) que ha derivado en una hemiplejia (parálisis total de una mitad del cuerpo).

La reclamación y la sentencia

Todos estos hechos motivaron una reclamación administrativa a la Sanidad valenciana, presentada el 14 de octubre de 2015. Durante esos años Katia empieza su rehabilitación y las embolizaciones se detienen por completo. Aunque se le practican una serie de tratamientos posteriores, todo se hace desde el Hospital General de Alicante y Dagda Platinum ya no tiene ninguna vinculación con la paciente. El Ejecutivo autonómico no responde a la reclamación.

Una de las secuelas de la hemorragia de 2019 fue una operación para acortar la tráquea.

El 15 de mayo de 2017 el abogado de Katia presenta una demanda en la sala de lo contencioso administrativo del TSJ, Sección Segunda, que dicta sentencia 24 de julio de 2019: estima parcialmente la demanda y obliga a la Administración a indemnizarla con 40.000 euros. Los daños que reclamaba la parte demandante ascendían a 600.000.

¿Por qué se rebaja esa cantidad? Básicamente porque considera que, aunque existieron irregularidades, el daño principal viene causado por la enfermedad de la paciente.

El fallo, de hecho, considera probado que existen "claras infracciones de la lex artis (la denominación jurídica de los niveles de calidad exigibles a los servicios profesionales) en relación con el elevadísimo número de embolizaciones" que se le habían practicado a Katia, "cuya justificación no se advierte". También reconoce "una cierta tardanza en la prestación de la asistencia quirúrgica" cuando tuvo la hemorragia, "por ausencia de la documentación gráfica de la paciente".
"Sin embargo", continúa el fallo, "la relación de causalidad no resulta unívoca respecto de la misma, y posterior hemiparesia (y secuelas subsiguientes)". "La hemorragia es propia de la Malformación Arterio-Venosa, de gran tamaño, abierta, como dice el cirujano y se manifiesta en los propios informes aportados por la propia actora", añade.

A pesar de todo el TSJ "considera que el curso causal pudo verse influido en alguna medida por la realización de las embolizaciones en número y frecuencia que no se ha justificado, así como por la existencia de una demora en la valoración de la situación" de la paciente "al no tener a disposición inmediata del servicio sanitario las angiografías que deberían haber estado custodiadas en el centro sanitario en que fue atendida por el Dr. Vázquez". También constata "la infracción del deber de información dada la insuficiencia de los consentimientos informados".

El tribunal concluye que "todo ello ha supuesto un mal funcionamiento de los servicios públicos de salud, y ha contribuido en la producción del daño, por lo que debe ser indemnizado". La ponderación a la baja se hace teniendo en cuenta que "el resultado dañoso sufrido por la Sra. Michel Campos a partir de la hemorragia y las secuela posteriores tienen como causa principal y prevalente la existencia del MAV".

La acusación recurre esta sentencia al Tribunal Supremo, pero este lo rechaza sin entrar en el fondo del asunto al considerar que "no hay interés casacional".

¿Responsable penal?

La reclamación administrativa no es la única vía judicial abierta abierta por Katia para buscar al responsable de su situación. En julio de 2013 Katia abre una vía penal contra el doctor que la había tratado, Juan Carlos Vázquez, pero se sobresee en 2014 por falta de pruebas. Aún así el juez determina que, si en el futuro se aportan nuevos elementos de interés, la investigación podría volver a abrirse.

Katia, en la Audiencia Provincial de Alicante.

Esta situación cambia en febrero de 2019, cuando el abogado de Katia aporta dos nuevos datos: un informe del Grupo Español de Neurorradiología Intervencionista (GENI) que relata cómo se deberían de haber realizado las intervenciones, y una respuesta de la farmacéutica del medicamento utilizado en las embolizaciones de Katia, en la que se señala que el producto no estaba indicado para ellas y que su uso era "responsabilidad del médico".

Ante estas pruebas, el juzgado de instrucción decide reabrir la causa. La parte querellada señala que eso no era documentación nueva pero el juez lo rechaza, con el apoyo de un informe de la Fiscalía.

Los representantes jurídicos del doctor Vázquez acuden entonces a la Audiencia Provincial. Los magistrados consideran que los elementos aportados no son "nuevos, sino reinterpretaciones de los anteriores", pero cometen un error y desestiman el recurso de la parte demandada. Esto motiva un auto de aclaración en el que la Audiencia corrige el sentido de su resolución. El caso vuelve entonces a la situación de sobreseimiento provisional y archivo.

La última bala de Katia es un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, recientemente presentado, en el que el abogado pide la nulidad de las actuaciones al considerar que la Audiencia ha provocado indefensión en su representada al cambiar su fallo mediante un auto de aclaración. La batalla, por tanto, se librará en el terreno de los derechos fundamentales, y su resultado determinará si aún queda recorrido judicial por recorrer o la historia de Katia por buscar (y encontrar) responsables directos a su situación termina aquí.