Concentración en el hospital general de Alicante.
La negativa de Hacienda a financiar la reclasificación desata la huelga de técnicos sanitarios: "4 años esperando"
El colectivo representa cerca de un tercio de la plantilla del sistema sanitario valenciano, con unos 25.000 profesionales.
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España está en huelga. O al menos buena parte de ella. Y es que entre la huelga indefinida del profesorado de la Comunitat Valenciana, y la huelga del personal sanitario, el hilo informativo de estas últimas semanas se centra en reivindicaciones de los trabajadores de varios sectores.
En todo el país y también en Alicante, el personal técnico medio y superior del sistema sanitario ha salido a la calle este lunes para exigir una reclasificación profesional que, aunque fue acordada en 2022, sigue sin aplicarse.
La protesta, convocada a nivel estatal por CCOO y UGT, ha tenido especial visibilidad en la Comunitat Valenciana, donde se han producido concentraciones a las puertas de numerosos hospitales.
La reivindicación no es nueva. Según explica Yolanda Ferrández, portavoz de Comisiones Obreras a EL ESPANOL, el origen del conflicto se remonta al propio Estatuto Básico del Empleado Público, que ya contemplaba una reorganización de los grupos profesionales en función de la titulación requerida. Sin embargo, esa adaptación nunca se ha llevado a cabo en la práctica.
En términos sencillos, el problema radica en que miles de profesionales sanitarios están encuadrados en categorías inferiores a las que les corresponderían.
Es el caso, por ejemplo, de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería o de farmacia, actualmente en el grupo C2 cuando deberían estar en el C1, o de los técnicos superiores —como los de laboratorio o radiodiagnóstico—, que deberían pasar del C1 al grupo B.
Esta clasificación incorrecta tiene una consecuencia en los salarios, quienes son más bajos de lo que correspondería por formación y funciones. “No están cobrando lo que deberían cobrar porque están mal clasificados”, resume Ferrández.
El compromiso de corregir esta situación quedó recogido en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en octubre de 2022, que daba de plazo hasta finales de 2023 para ejecutar la reclasificación.
Sin embargo, el proceso permanece bloqueado por la falta de financiación, pendiente del visto bueno del Ministerio de Hacienda. La inversión necesaria ronda los 400-450 millones de euros a nivel estatal.
Mientras tanto, el malestar crece entre un colectivo que representa cerca de un tercio de la plantilla del sistema sanitario valenciano, con unos 25.000 profesionales.
Se trata de perfiles clave en el funcionamiento diario de hospitales y centros de salud, desde laboratorio o radiología hasta documentación clínica o prevención de riesgos laborales.
En la Comunitat Valenciana, las protestas se han extendido por hospitales como La Fe, el Clínic, el General de Alicante, Elche, el de Castellón, La Ribera o Gandía, entre otros. Las concentraciones buscan visibilizar una reivindicación que los sindicatos consideran “histórica” y que afecta a todo el Sistema Nacional de Salud.
CCOO y UGT advierten de que, si no se desbloquea la situación de forma inmediata, no descartan nuevas movilizaciones e incluso más jornadas de huelga. El objetivo, insisten, es que se cumpla un acuerdo ya firmado y se reconozca tanto salarial como profesionalmente a un colectivo esencial en la sanidad pública.
