En sólo unos días, Rajoy y Puigdemont han pasado de emplazarse mutuamente en ruedas de prensa a constatar sus insalvables diferencias por carta. El presidente catalán escribió el miércoles al jefe del Ejecutivo para pedirle que se siente “a negociar” un referéndum, a lo que éste le ha contestado que no puede pactar bilateralmente una consulta para liquidar la soberanía nacional porque es ilegal.
Las posiciones eran conocidas desde que comenzó el pulso, pero las declaraciones y ademanes empleados por ambas partes resultan cada vez más vehementes y llamativos. De hecho, el uso del correo ordinario en plena era digital resultaría cómico de no no ser el reflejo de la gravedad de un conflicto institucional que el Gobierno considera inminente. Según ha sabido EL ESPAÑOL, Rajoy cree que Puigdemont aprovechará el mes de agosto para activar la denominada ley de transitoriedad hacia la independencia, lo que pillaría al Tribunal Constitucional de vacaciones.
Hechos consumados
Los indicios que han llevado al presidente a considerar este escenario son muchos y sólidos. Las autoridades de la Generalitat siempre han recurrido a una política de hechos consumados para presentar la ruptura como un choque de legitimidades entre Cataluña y España. La mayoría separatista reformó el reglamento del Parlament, que ya puede aprobar las leyes de desconexión y la convocatoria del referéndum en lectura única, con el objetivo de minimizar la capacidad de impugnación del Estado. Esta semana, además, se ha conocido un borrador detallado de la ley de ruptura a la que el propio Rajoy ha tachado de “golpe de Estado” y “chantaje a la democracia”. Y Junts pel Sí acaba de presentar nuevas enmiendas al reglamento de la Cámara catalana para que el mes de agosto sea hábil a partir del día 16.
Esta modificación de la actividad parlamentaria en Cataluña ha desatado máxima preocupación en el Gobierno, que cree que Puigdemont va a activar la independencia en vacaciones. La inquietud del Ejecutivo está justificada. Por eso no se explica que el presidente y sus ministros salgan en tromba a denunciar la “amenaza”, pero no sean coherentes con la gravedad que ellos mismos reconocen y se anticipen. La Fiscalía tiene que interrogar a la Generalitat sobre la autoría del citado documento delictivo y dirimir así posibles responsabilidades penales por inducir a la sedición.
Circunstancias excepcionales
En circunstancias tan excepcionales, el Gobierno debe estar preparado para actuar de manera igualmente extraordinaria y aplicar la suspensión de la autonomía catalana si fuera necesario. Ante este escenario, la unidad de los partidos constitucionalistas es fundamental, por lo que tampoco se entiende el desdén con el que Rajoy ha recibido la reelección del Pedro Sánchez como secretario general del PSOE.
Es lógico y oportuno que el Ejecutivo se preocupe ante los signos cada vez más clamorosos de que el choque de trenes va a producirse. Lo que no es normal ni sirve de nada es que Rajoy se limite a tocar a rebato sin, al mismo tiempo, mover un dedo para apagar el fuego.
