Narcotráfico

Declaran culpables por narcotráfico en EEUU a los sobrinos del presidente Maduro

Los sobrinos del mandatario venezolano fueron arrestados hace un año en Haití por conspirar para introducir 800 kilos de cocaína a Estados Unidos.

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Los doce miembros del jurado, siete mujeres y cinco hombres, tardaron seis horas y media en ponerse de acuerdo, después de asistir a un juicio que se prolongó durante ocho jornadas. Al final han decidido de forma unánime que Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos del presidente venezolano Nicolás Maduro, son culpables por tratar de introducir 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. 

Los jóvenes no pudieron demostrar su inocencia en al corte del Distrito Sur de Nueva York y se espera que en los próximos meses el juez Paul Crotty dicte una sentencia que en estos casos criminales va de 10 años de prisión a cadena perpetua.

Durante el juicio la defensa de los sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, intentó demostrar ante el jurado popular que los procesados eran unos jóvenes inexpertos que cayeron en una trampa de la DEA, la agencia antinarcóticos, y desmontaron los testimonios de uno de los testigos claves de la fiscalía al demostrar que había mentido bajo juramento. 

A pesar de ello, las pruebas presentadas por la oficina del fiscal Preet Bharara fueron contundentes: en algunas imágenes se ve a los primos manipular un paquete de cocaína y en algunos audios se les escucha planificar el envío de la droga a través del hangar presidencial del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar que sirve a Caracas, conocido como “la rampa 4”. La evidencia también muestra que con el acuerdo millonario los Flores pretendían ayudar a que su familia se mantuviese en el poder. 

Efraín Campo Flores, de 30 años, fue criado por la pareja presidencial que hasta la fecha ha evitado pronunciarse respecto al caso. Apenas a principios de este año Cilia Flores aseguró que sus sobrinos habían sido secuestrados por las autoridades norteamericanas.

El caso ocurre en medio de una profunda crisis económica y política en el país caribeño. Es uno de varios procesos en que las autoridades norteamericanas han vinculado a miembros del Gobierno de Venezuela con el narcotráfico.