PRIMER ANIVERSARIO DE EL ESPAÑOL

Catalá: "La reforma de la Justicia no admite más mañaneos"

El ministro de Justicia inaugura el coloquio sobre la reforma de la Justicia organizado con motivo del I Aniversario de EL ESPAÑOL.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en las jornadas de EL ESPAÑOL.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en las jornadas de EL ESPAÑOL. Pablo Cobos

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado hoy que la reforma de la Justicia “no admite más mañaneos”. “Todos lo vemos así y todos estamos convocados para que ese viaje de 'las musas al teatro' lo podamos emprender juntos, desde la concertación y el consenso”, ha insistido.

Catalá ha inaugurado el coloquio sobre Justicia organizado con motivo del I Aniversario de EL ESPAÑOL y que se está celebrando en la Universidad Camilo José Cela. El ministro en funciones ha defendido la transformación digital de la Justicia, "cuya implantación ya no tiene marcha atrás".

"Hace un año, por este mismo mes, afirmaba Pedro J. En una entrevista: 'No hace falta papel para cumplir adecuadamente las funciones del periodismo'. Para que la Justicia puede cumplir con sus funciones es evidente que necesita el papel, pero no tanto ni para tantas cosas, porque ni es eficaz, ni es racional, ni es sostenible".

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el director de EL ESPAÑOL, Pedro. J Ramírez.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el director de EL ESPAÑOL, Pedro. J Ramírez.

Según ha reconocido el ministro, "sé que la tarea es compleja y que surgen dificultades en el camino, pero en esta 'sociedad de riesgo' que anticipaba Ulrich Beck (sociólogo alemán) a finales de los 90, las tecnologías no son parte del problema sino, antes al contrario, la solución a muchas de sus urgencias, entre ellas, más transparencia, más accesibilidad y mejor gobernanza en la Administración de Justicia".

O lo que es igual: "una justicia digital, con menos dependencia del papel; una justicia innovadora, mediante la implantación de la Oficina Judicial y Fiscal en todo el territorio nacional; o una Justicia con un sistema de gestión procesal común".

Proteger a la sociedad y a los ciudadanos 

Rafael Catalá también ha defendido un consenso que tiene que ver con la "auténtica razón de ser de la ley: las personas y la sociedad". La Ley, como decía Tony Judt (historiador británico), "es uno de nuestros 'bienes públicos por excelencia', y por ello no puede obviar jamás a las personas".

Catalá, junto a Eva Fernández, Pedro J. Ramírez y Gómez de Liaño.

Catalá, junto a Eva Fernández, Pedro J. Ramírez y Gómez de Liaño. Pablo Cobos

Según el ministro, ese ha sido el gran objetivo de muchas de las reformas impulsadas estos últimos años, "con leyes profundamente sociales que miran a las personas, a la sociedad, a quienes más lo necesitan".

De ahí, la Ley de Segunda Oportunidad, "para ayudar al deudor de buena fe y que pueda volver a emprender"; o la Ley de Baremo de Accidentes; o la reforma del sistema de protección de menores; o “las que han permitido reforzar la lucha contra la violencia de género; o las que amplían la justicia gratuita a colectivos especialmente vulnerables".

"El camino nos lo mostraba Denis Diderot (escritor francés) hace dos siglos en su ilustrada Enciclopedia: 'Si expulsamos al hombre, el universo se calla, el silencio y la noche se apoderan de él'. Todo lo que sea seguir avanzando por la senda que hemos emprendido desde las reformas, también en el ámbito de la Justicia, cualificará nuestro sistema protegiendo mejor a quienes sirve: a la sociedad y a los ciudadanos", ha concluido el ministro de Justicia.

Pacto de Estado

Tras la intervención del ministro, se dio paso al coloquio protagonizado por Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Conrado Gallardo, presidente del Foro Judicial Independiente, Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia, Raimundo Prado Bernabeu, portavoz nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y Antonio García Paredes, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

Las cuatro asociaciones judiciales han defendido una reforma de la Justicia urgente. El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD) ha reclamado un gran pacto de Estado, destinado a garantizar el correcto funcionamiento de los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, y acabar así con un “diagnóstico desfavorable de la Justicia”.

“Lo primero de todo es reivindicar un pacto de Estado o una estrategia nacional de Justicia. Un 81% de los ciudadanos expresa una amarga conclusión, que es que todos los gobiernos han tenido más intereses por el control de la Justicia que por mejorarla”, ha subrayado.

González ha insistido que una de las reformas debe pasar por el cambio en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “Estamos ante la colonización por parte de los partidos políticos de las instituciones. Existe una confrontación partidista que tiene importantes consecuencias en este organismo”, ha explicado.

El poder político fagocita el judicial

Todos ellos defienden un nuevo modelo de organización territorial, considerada como absoluta y cuyas sucesivas reformas no han conseguido dar respuesta a las demandas y necesidades de una sociedad moderna. Para Manuel Almenar, la organización actual es propio de un sistema “agrícola”. “¿Dónde están los hospitales en la Comunidad de Madrid? No podemos tener un hospital de primer nivel en todos los pueblos de España y ocurre lo mismo con la Administración de Justicia. El Estado no puede desaparecer en esos territorios. Debe estar para solucionar el problema del día a día pero los temas de fondo, de entidad, deben residenciarse en tribunales de instancia, colegiado”, explica el presidente de la APM, que recuerda que todas las asociaciones esta de acuerdo con los tribunales de instancia.

Otro punto en el que han coincidido las asociaciones es en la politización de la Justicia. Mientras que Conrado Gallardo reconoce que el órgano donde mayor politización existe es el Tribunal Supremo, “por ser el campo de batalla de los políticos”, Raimundo Prado, de la Francisco de Vitoria, ha sostenido que el Poder Judicial es un “bufón”. “El poder político ha intentado fagocitar al resto de poderes, y sobre todo al poder judicial. Determinados políticos nombran a determinadas personas y y así no tienen que hacer el trabajo sucio”, ha añadido.

Según ha relatado, las asociaciones quieren que esto deje de ser así y que el Poder Judicial sea un “verdadero poder”. “Los jueces somo responsables, honrados, tenemos hipotecas, llevamos la vida de cualquier ciudadano, y queremos colaboración y responsabilidad del resto de poderes. Somos uno de los auténticos bastiones contra la corrupción. Que se le honre, que se dignifique”.

Las intenciones de las lombrices

Prado también ha reclamado mayor independencia judicial y que sea “real y efectiva”. “Existe un problema de concepto. El resto de poderes debe creerse que el Poder Judicial debe ser realmente independiente. Y así acabará el libro más hermoso, que es el libro de la Justicia”.

Para conseguir no solo esa independencia sino que deje de existir la idea de que los jueces no son independientes por parte de la ciudadanía, Almenar tiene la solución, apoyada por el resto de las asociaciones: un sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte de los propios jueces y no de los partidos políticos. “Los vocales lo son a propuesta de uno y otro partido político y siempre va a surgir la duda de que sus decisiones serán una correa del partido que les designó. La solución es que los vocales sean designados por los propios jueces, una recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa que ya firmó nuestro país en el año 2010”.

“Como decía el director de cine José Luis Cuerda, nunca se puede saber las verdaderas intenciones de las lombrices. Salvando las distancias, no podemos saber las verdaderas intenciones de nuestros políticos”, ha añadido.

Por su parte, el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Antonio García Paredes ha defendido la labor de los jueces. Según ha manifestado, la Justicia es un pilar esencial. “Si la justicia funciona mal, el ejecutivo y el legislativo funcionan mal”. A su juicio, existen dos problemas: un funcionamiento deficiente y que no permite atender a las crecientes demandas de la ciudadanía con la calidad y rapidez necesarias y una apariencia de politización. “La combinación de estos dos problemas está generando un tercero, la progresiva pérdida de confianza de los ciudadanos en la Justicia”, ha añadido.