Tractorada en Toledo contra Mercosur y la PAC.

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Wake Up Europe

El Parlamento Europeo vota las salvaguardas para proteger a los agricultores en el tratado de libre comercio con Mercosur

El pleno decidirá este martes la versión final del reglamento que permitirá suspender temporalmente las ventajas arancelarias previstas en el acuerdo.

Más información: La UE y Mercosur firman un acuerdo comercial tras 26 años de intentos: "Unos levantan barreras, nosotros puentes"

C. Muñiz
Publicada

El Parlamento Europeo se dispone a dar luz verde definitiva al mecanismo de salvaguardas agrícolas ligado al tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los países de Mercosur, en una votación clave para calmar la inquietud del campo europeo ante la apertura del mercado a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

El pleno de la Eurocámara afrontará este martes la votación final del reglamento que permitirá suspender temporalmente las ventajas arancelarias previstas en el acuerdo UE‑Mercosur cuando un aumento de las importaciones cause o amenace con causar un daño grave a los productores europeos.

Se trata de la última pieza legislativa necesaria en el Parlamento para completar el blindaje agrícola antes de la plena entrada en vigor del pacto comercial, firmado políticamente a comienzos de año.

Según el compromiso alcanzado entre Parlamento y Consejo en diciembre, las salvaguardas podrán activarse sobre productos especialmente sensibles como la carne de vacuno y de ave, los huevos, los cítricos o el azúcar, que concentran buena parte de las preocupaciones del sector.

La medida se apoyará en una vigilancia estrecha de los flujos comerciales y en informes periódicos de la Comisión Europea al Parlamento y a los Veintisiete. El reglamento introduce umbrales más estrictos que los planteados inicialmente por la Comisión para disparar las alarmas y actuar sobre las importaciones.

Bastará ahora con que las compras exteriores de productos sensibles procedentes de Mercosur aumenten, de media, un 5% y que los precios de importación caigan en una proporción similar en un periodo de referencia de tres años para que Bruselas esté obligada a investigar y, llegado el caso, activar las salvaguardas.

Ese listón supone rebajar a la mitad el umbral del 10% que figuraba en la propuesta original de la Comisión y responde a la demanda de los eurodiputados de disponer de un instrumento "operativo, rápido y jurídicamente sólido".

Además, el texto acorta los tiempos de reacción: en el caso de productos sensibles, las medidas provisionales podrán adoptarse sin demora y en un máximo de 21 días desde la notificación, lo que pretende evitar daños irreversibles en el mercado.

Las nuevas normas obligan a la Comisión Europea a monitorizar de forma continua las importaciones de productos sensibles y a presentar informes de seguimiento, al menos, cada seis meses, con un análisis del impacto sobre los agricultores europeos.

La vigilancia podrá extenderse también a otros productos no catalogados como sensibles si así lo solicita la industria comunitaria, lo que abre la puerta a un control más amplio del efecto del acuerdo en el conjunto del sector agroalimentario.

El reglamento incorpora, además, un principio de reciprocidad sanitaria y fitosanitaria, por el que los exportadores de Mercosur deberán cumplir requisitos equivalentes en materia de seguridad alimentaria, sanidad vegetal, pesticidas o bienestar animal a los que se exigen a los productores europeos.

Esta cláusula pretende responder a una de las críticas recurrentes del campo europeo, que denuncia competencia desleal cuando llegan al mercado comunitario productos elaborados bajo estándares menos exigentes.

Divisiones políticas

El eurodiputado del Partido Popular Gabriel Mato, ponente del reglamento en la Eurocámara, ha sido una de las figuras clave en la negociación con el Consejo y la Comisión. Mato defiende que las salvaguardas pactadas "no son simbólicas", sino un instrumento capaz de ofrecer una protección real en caso de distorsiones del mercado derivadas del acuerdo con Mercosur.

En ese marco, el PP reivindica haber amarrado aspectos clave del texto. Entre ellos, la reciprocidad obligatoria con terceros países —mismas normas sanitarias, ambientales y de bienestar animal que las exigidas en la UE—, el control permanente de las importaciones de productos sensibles, el refuerzo de auditorías en origen y más controles desde 2026.

Así como la inclusión de los cítricos como sector protegido, la activación automática de salvaguardas ante caídas de precios superiores al 5% y la posibilidad de paralizar el acuerdo en un máximo de 21 días cuando se detecten perturbaciones graves en el mercado.

El liderazgo de Feijóo, sostienen fuentes populares, ha sido determinante para plantar cara en Bruselas y obligar a la Comisión Europea a reforzar los controles en frontera, exigir reciprocidad sanitaria y fitosanitaria y avanzar en la creación de una suerte de Frontex agroalimentario que vigile con mayor rigor la entrada de productos de terceros países.

No todos los grupos comparten ese diagnóstico. Mientras una mayoría en la Comisión de Comercio Internacional respaldó el compromiso como vía para desbloquear el acuerdo con Mercosur, fuerzas a la derecha y a la izquierda del hemiciclo consideran que las salvaguardas siguen siendo insuficientes y cuestionan que vayan a impedir una presión a la baja sobre precios y estándares.

Entre la expectativa y la desconfianza

En el terreno, la reacción de las organizaciones agrarias mezcla alivio parcial y recelo. La posibilidad de frenar un aumento brusco de las importaciones de carnes, cítricos u otros productos sensibles se interpreta como un avance respecto a la situación actual, en la que el margen de maniobra frente a un desbordamiento del mercado era mucho más limitado.

Sin embargo, buena parte del sector duda de que los mecanismos vayan a activarse con suficiente rapidez y ambición, y teme que el acuerdo con Mercosur consolide una competencia intensa procedente de grandes productores sudamericanos con menores costes laborales y ambientales.

El desenlace de la votación en Estrasburgo y, sobre todo, la forma en que se apliquen en la práctica estas salvaguardas serán determinantes para comprobar si el compromiso político se traduce en un cortafuegos eficaz frente a futuras crisis de precios en el campo europeo.