Expertos revelan que estas sanciones se pueden impugnar pero la gran mayoría de inmigrantes no cuentan con los recursos necesarios para emprender dicha acción.
Malas noticias en Estados Unidos: ICE recicla esta vieja norma para obligar a inmigrantes a autodeportarse
La medida busca imponer multas impagables a inmigrantes.
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Una estrategia poco conocida del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha vuelto a generar preocupación entre organizaciones migratorias en Estados Unidos. De acuerdo con ABC News, la agencia ha comenzado a aplicar nuevamente una norma derivada de la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996, con la que busca presionar a cientos de personas con órdenes de deportación a abandonar el país voluntariamente.
Una ley de 1996 revive bajo una nueva estrategia migratoria
Según ABC News, ICE ha retomado disposiciones de la ley firmada en 1996, considerada una de las más restrictivas de la época, para imponer multas civiles a inmigrantes que permanecen en territorio estadounidense pese a tener órdenes de salida.
Los montos pueden alcanzar hasta 1.8 millones de dólares, dependiendo del tiempo de permanencia y las sanciones acumuladas.
La agencia ha enviado notificaciones y demandas a personas que se encuentran bajo procedimientos de deportación, buscando ejercer presión económica y legal para que salgan del país sin necesidad de detención o intervención física.
Expertos legales citados por ABC describen esta práctica como una “reactivación silenciosa” de una herramienta legal que había quedado en desuso durante la administración Biden, y que ahora se utiliza de manera más agresiva.
ICE apuesta por multas y juicios civiles para forzar salidas
Abogados de organizaciones como el Immigrant Legal Resource Center señalaron que el uso de esta ley se ha convertido en una táctica de “intimidación institucional”, especialmente contra quienes ya viven bajo órdenes de deportación suspendidas.
Estas acciones se realizan sin anuncios públicos y forman parte de una estrategia más amplia para endurecer la política migratoria desde el nivel administrativo.
Aunque ICE no ha emitido un comunicado oficial, documentos revisados por medios estadounidenses confirman que la medida está activa y respaldada por disposiciones de la IIRIRA de 1996, que otorga a la agencia facultades para imponer sanciones económicas a migrantes no deportados.
De acuerdo con abogados consultados, este tipo de procedimientos pueden ser impugnados en cortes federales, pero muchos inmigrantes no cuentan con representación legal para hacerlo.
Consecuencias y reacciones ante la política no declarada
La reactivación de esta norma podría marcar un giro más duro en la estrategia migratoria de Estados Unidos. Organizaciones humanitarias advierten que las multas millonarias no solucionan el problema migratorio, sino que agravan la vulnerabilidad económica de las familias afectadas.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional mantiene silencio sobre si esta política fue aprobada de forma formal o si responde a directrices internas de ICE.
Expertos en derecho migratorio advierten que, aunque la ley de 1996 nunca fue derogada, su aplicación masiva podría considerarse un retroceso en materia de derechos humanos.
