ICE
ICE deportó a un niño de 4 años con cáncer y su familia inició una demanda: "No puede continuar con su tratamiento"
La familia acusa al organismo de violar la ley y cortar el acceso del menor a cuidados oncológicos en EEUU.
Más información: Pésimas noticias para Rusia: Trump advierte a Putin que habrá "graves consecuencias" si no detiene la guerra en Ucrania
ICE enfrenta una demanda federal tras deportar a un niño ciudadano estadounidense de cuatro años con cáncer de riñón en etapa 4 a Honduras junto a su madre y a su hermana. La familia presentó la denuncia y sostiene que el operativo impidió su tratamiento en Luisiana y lo expuso a un grave riesgo de salud.
ICE deporta a un niño con cáncer a Honduras
La denuncia revelada por The Miami Herald fue presentada por dos familias de Luisiana, y afirma que el niño de cuatro años, fue detenido junto a su madre hondureña y su hermana durante lo que creían sería un trámite rutinario en una oficina de ICE. Según el documento judicial, agentes impidieron que la madre tuviera acceso a un abogado, que organizara la custodia de sus hijos o que se preparara para su cuidado.
El relato sostiene que la familia fue sacada por una puerta trasera, incomunicada y trasladada de forma sorpresiva a un hotel y luego a un aeropuerto. En menos de cuatro horas, ya estaban en un vuelo rumbo a Honduras. El pequeño recibía tratamiento en el Manning Family Children's Hospital de Nueva Orleans desde 2023, y el cáncer ya se había extendido a sus pulmones.
Durante los últimos meses, el niño viajó de Honduras a Estados Unidos varias veces para poder tratarse en ese hospital. Sin embargo, su madre asegura que el costo de esos viajes la está afectando económicamente.
Consecuencias médicas y reclamo legal
Los abogados sostienen que la deportación interrumpió la continuidad de sus cuidados y dejó al niño sin acceso inmediato a atención oncológica especializada. Afirman que la familia no dio su consentimiento para que los niños viajaran fuera de EEUU y que se violaron derechos constitucionales.
El recurso judicial pide un juicio con jurado, el retorno inmediato de los menores y responsabilidades para funcionarios de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional. Organizaciones como la ACLU calificaron el caso como una violación grave de la Constitución, más aún por la vulnerabilidad médica del menor.
