La nueva ley que investigará transacciones en efectivo de más de 200 dólares en estas zonas de Estados Unidos

Una nueva orden del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitida en abril de 2025, estableció un umbral inusualmente bajo para el reporte de transacciones en efectivo en zonas fronterizas con México. Y es que en al menos 30 códigos postales de California y Texas, los negocios de servicios financieros están obligados a reportar operaciones en efectivo iguales o superiores a 200 dólares, una cifra significativamente menor al estándar nacional de 10 000 dólares.

Las zonas bajo vigilancia y el objetivo de la medida

De acuerdo con Los Angeles Times, la medida, impulsada por la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), busca detectar actividades vinculadas al narcotráfico y al lavado de dinero.

Afecta a áreas en el sur de California como:

• Imperial

• Riverside

• San Bernardino

• Los Angeles

• San Diego

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Respecto a Texas, la medida también podría afectar a habitantes de los condados de:

• Cameron

• El Paso

• Hidalgo

• Maverick

• Webb

Entre los establecimientos incluidos están casas de cambio, negocios de cobro de cheques, envíos de remesas y cajeros automáticos administrados por empresas privadas, los cuales deberán reportar las transacciones que igualen o superen los 200 dólares.

Aunque la orden fue emitida en abril, su aplicación sigue generando inquietud entre organizaciones civiles que advierten sobre el alcance de la vigilancia financiera en comunidades vulnerables.

Según Reuters, esta regulación representa un cambio significativo, ya que reduce en un 98% el límite usual para reportes de efectivo. El objetivo, según FinCEN, es identificar patrones financieros irregulares que puedan estar vinculados a organizaciones delictivas que operan a ambos lados de la frontera.

Críticas y preocupaciones sobre privacidad

La medida ha sido recibida con preocupación por activistas y expertos legales. Los Angeles Times advierte que, si bien el enfoque está en combatir el crimen organizado, la orden podría afectar a ciudadanos comunes que realizan operaciones legítimas, sobre todo en comunidades con alta dependencia del uso de efectivo.

El medio también señala que no se ha especificado con claridad qué tipo de análisis hará el gobierno con los datos recolectados ni cómo se resguardará la información personal de quienes sean reportados.

Por su parte, expertos citados por Reuters apuntan a que esta orden podría sentar un precedente para expandir este tipo de vigilancia a otras regiones del país. A diferencia de leyes aprobadas por el Congreso, las Geographic Targeting Orders (GTO) como esta no requieren debate legislativo y pueden renovarse cada 180 días sin consulta pública.