Harvard acusa al Gobierno de Donald Trump de infringir la Primera Enmienda: "Su política es arbitraria y caprichosa"

La Universidad de Harvard regresó a los tribunales en su batalla legal contra la Administración de Donald Trump, al que acusa de violar la Primera Enmienda tras congelar más de 2.000 millones de dólares en fondos federales destinados a investigación. Durante una audiencia clave celebrada el 21 de julio en una corte federal de Boston, los abogados de la prestigiosa universidad argumentaron que esta decisión no solo es “arbitraria y caprichosa”, sino que representa un castigo ideológico bajo el pretexto de combatir el antisemitismo en los campus universitarios.

Acusaciones cruzadas y tensiones crecientes

La jueza Allison Burroughs, quien preside el caso, escuchó con atención los alegatos de ambas partes. Steven Lehotsky, abogado de la universidad, advirtió que los recortes impactarán negativamente en cientos de proyectos de investigación científica que no tienen relación alguna con temas de antisemitismo, incluyendo iniciativas médicas de vanguardia. Para la defensa de Harvard, lo que está en juego va mucho más allá del dinero: se trata de una amenaza directa a la libertad académica y a los principios constitucionales.

El Gobierno de Trump, representado por el abogado Michael Velchik (alumno de Harvard), insistió en que la universidad no abordó de forma efectiva el antisemitismo tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Velchik defendió que las autoridades federales tienen el derecho de retirar contratos de financiamiento si las instituciones educativas no se alinean con las prioridades gubernamentales. Según argumentó, no se trata de un ataque a Harvard, sino de una defensa de los estudiantes judíos y de la necesidad de garantizar un entorno seguro para todos.

Durante el debate judicial, la jueza Burroughs cuestionó repetidamente la lógica del Gobierno, especialmente al señalar que cortar fondos para investigaciones sobre cáncer o enfermedades neurodegenerativas no parece una forma coherente de combatir el antisemitismo. “Están afectando a estadounidenses y a judíos por igual”, dijo Burroughs, exigiendo pruebas claras de que Harvard no tomó medidas suficientes.

Amenazas, citaciones y presión sobre la Universidad de Harvard

En paralelo a la batalla en los tribunales, la Administración de Trump intensificó su presión sobre Harvard. En abril, el Gobierno envió una carta al presidente de la universidad exigiendo reformas profundas en su estructura de liderazgo, procesos de admisión y políticas de diversidad. Poco después, se suspendieron más de 2.400 millones de dólares en subvenciones que afectaban a más de 950 proyectos activos.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional emitió citaciones administrativas relacionadas con el cumplimiento de las leyes migratorias por parte de la institución. Esta ofensiva legal y política se produce tras el fracaso de negociaciones entre ambas partes, que buscaban resolver múltiples disputas pendientes. Aunque Trump aseguró que estaban cerca de un acuerdo, los avances se estancaron cuando el Gobierno concluyó que Harvard estaba en “violación flagrante” de la Ley de Derechos Civiles.

Investigación científica bajo amenaza y un fallo pendiente de alto impacto

Harvard sostiene que el castigo financiero está afectando investigaciones de interés nacional, como las relacionadas con el tratamiento del cáncer, el Parkinson y amenazas biológicas. En un documento reciente, incluso un funcionario del Departamento de Defensa advirtió que cancelar una subvención de 12 millones de dólares para investigar riesgos biológicos representaba un peligro para la seguridad nacional.

Durante la audiencia, Velchik hizo un alegato emocional sobre la importancia de Harvard como símbolo del sueño americano, recordando cómo sus propios padres veían a la universidad como la cumbre del éxito educativo. Sin embargo, sostuvo que la institución está “asediada por el antisemitismo” y que los recursos públicos no deben financiar este tipo de entornos, según su visión.

La jueza Burroughs aún no emitió su fallo, pero dejó en claro que las implicaciones constitucionales del caso son profundas. Subrayó que el tema central es si el Gobierno tiene una justificación legítima para actuar como lo hizo. Harvard, por su parte, pidió una decisión antes del 3 de septiembre, fecha límite para presentar documentación clave que permitiría mantener vigentes sus subvenciones.