El inicio de 2026 sitúa a Galicia ante una coyuntura tan exigente como decisiva. Nos movemos en un entorno marcado por la desaceleración económica en Europa, la persistencia de tensiones geopolíticas, el endurecimiento progresivo de las condiciones financieras y una elevada presión regulatoria. Sin embargo, también se abren oportunidades claras para aquellos territorios capaces de combinar estabilidad institucional, competitividad empresarial y una visión estratégica alineada con España y con la Unión Europea.

Las estimaciones económicas para el primer trimestre de 2026 apuntan a un crecimiento moderado, tanto en España como en el conjunto de la UE. Desde CEOE se prevé una evolución positiva, aunque contenida, del PIB, con una demanda interna más débil, una inversión condicionada por la incertidumbre normativa y un sector exterior que seguirá siendo clave. En este contexto, Galicia parte de una posición relativamente sólida, pero no exenta de riesgos si no se adoptan decisiones adecuadas a tiempo.

El tejido empresarial gallego, compuesto mayoritariamente por pymes y personas autónomas, ha demostrado una notable capacidad de resistencia y adaptación. Durante 2025, las empresas han seguido invirtiendo en sostenibilidad, digitalización, internacionalización y formación, muchas veces adelantándose a exigencias normativas cada vez más complejas. Pero esta capacidad no es infinita. Para que Galicia consolide su crecimiento en 2026 es imprescindible reforzar la certidumbre económica, reducir trabas y favorecer un entorno verdaderamente propicio para emprender, invertir y crecer.

Las previsiones de crecimiento sitúan al PIB gallego en un avance del 2,3 % en 2025 y del 2,3 % en 2026, superando incluso la media española en algunos escenarios, y consolidando la recuperación tras la desaceleración global.

El informe de BBVA Research prevé que, de cumplirse estas estimaciones, Galicia podría registrar una tasa de paro del 8,6 % en 2026 y crear cerca de 30 000 nuevos empleos en el bienio 2025-2026.

En términos de empleo registrado, en 2025 se generaron 17.715 nuevos puestos de trabajo, un 1,64 % de crecimiento respecto a 2024, y el número de desempleados se redujo en 6 807 personas, un 5,7 % menos.

Uno de los principales retos sigue siendo el de las infraestructuras, especialmente las energéticas y de transporte. El episodio del apagón eléctrico de abril de 2025 puso de manifiesto una vulnerabilidad que no podemos permitirnos como territorio industrial. Sin redes eléctricas modernas, con capacidad suficiente y resiliencia, la reindustrialización de Galicia —verde y sostenible— corre serio peligro. Lo mismo ocurre con el despliegue de energías renovables: frenar proyectos estratégicos supone renunciar a inversión, empleo y competitividad en un momento clave para Europa.

En paralelo, es urgente avanzar en infraestructuras de movilidad y logística que conecten Galicia en igualdad de condiciones con el resto de España y de la UE. El Corredor Atlántico, la intermodalidad ferroviaria, la conexión efectiva de nuestros puertos y una solución justa para autopistas estratégicas como la AP-9 no son reivindicaciones territoriales, sino palancas económicas imprescindibles.

Otro desafío estructural es el marco laboral. Las empresas gallegas defienden el diálogo social y la mejora de las condiciones de trabajo, pero rechazan el intervencionismo y las imposiciones desconectadas de la realidad productiva. Propuestas como la reducción obligatoria de la jornada laboral, sin atender a la productividad ni a la diversidad sectorial, generan inquietud, especialmente entre pymes y micropymes. La competitividad no se decreta: se construye con acuerdos, flexibilidad y realismo.

En este mismo ámbito, el absentismo laboral se ha convertido en un problema de primer orden. Galicia presenta tasas muy superiores a la media nacional, con un impacto directo en costes empresariales, organización del trabajo y capacidad de crecimiento, en un contexto además de escasez de mano de obra. Afrontarlo exige coordinación entre administraciones, sistema sanitario, mutuas y empresas, con el objetivo de acortar tiempos, mejorar controles y facilitar la reincorporación cuando sea posible.

Desde el punto de vista fiscal y administrativo, 2026 debe ser el año de la simplificación real. Menos burocracia, más agilidad y mayor seguridad jurídica. Las personas autónomas y las pequeñas empresas necesitan un entorno que no penalice el inicio ni el crecimiento de la actividad. Galicia es una comunidad emprendedora —con la tasa de actividad emprendedora más alta de la última década—, pero ese potencial puede diluirse si no se acompaña de políticas coherentes y estables.

Finalmente, no podemos perder de vista el marco europeo. El nuevo ciclo presupuestario de la UE y los cambios en la gobernanza de los fondos comunitarios serán determinantes. Galicia debe tener voz y capacidad de influencia para defender una política de cohesión fuerte, descentralizada y orientada a resultados reales, que tenga en cuenta sectores estratégicos como la industria, el mar, la energía o la logística.

2026 no será un año sencillo, pero puede ser un año decisivo. Si somos capaces de avanzar desde el consenso, el diálogo social y la colaboración público-privada, Galicia puede consolidarse como un territorio atractivo para invertir, trabajar y emprender. Las empresas están preparadas para aportar crecimiento, empleo y bienestar. Ahora es el momento de que el entorno acompañe.