La Diputación de Pontevedra invertirá más de 4 millones de euros en política social
Más de cuatro millones de euros de inversión y siete líneas principales de actuación conforman el grueso de los recursos con los que la Diputación de Pontevedra intensifica este año su apoyo a ayuntamientos, en especial a los de menos de 20.000 habitantes, y a las entidades con fines sociales para que puedan atender a la población más vulnerable en este momento de pandemia.
La presidenta, Carmela Silva, junto a la diputada de Política Social Olga Ballesteros, hizo hoy seguimiento específico de este área, "prioritaria en esta Diputación". Este año se incrementó el presupuesto en un 3% lo y se adelantaron las líneas de ayuda "porque en este momento claro está que las consecuencias de la pandemia no solo fueron sanitarias, sino también de carácter social, y la gente precisa que lleguen estas ayudas lo antes posible".
Carmela Silva quiso hacer un reconocimiento a todos los ayuntamientos que hicieron un "esfuerzo enorme" y "que fueron la primera línea de atención a las personas en situación de vulnerabilidad". Lo hicieron, añadió, "sin recibir ningún euro más de ninguna administración". "Por eso, dijo, nosotros también aumentamos los recursos, sobre todo a las entidades locales".
Siete líneas de actuación
La primera de estas líneas de acción que desarrolla la Diputación son las ayudas nominativas la entidades sociales, un total de 372.000 euros destinados a programas de 23 asociaciones. Son a Fundación Érguete Integración, Confederación Cogami, Afapo, Apamp, Érguete, Xoga, Arela, Feafes (Federación Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia), Fundación Monte do Gozo-Proxecto Home, Down Xuntos Pontevedra, Érguete Baixo Miño, AECC, Down Vigo, Amencer-Aspace, Afaga, Esperanza Salnés, Radio Ecca, Fundación Unicef Comité Español, a Federación Provincial de Cogami, Alborada, Afasal, Afamo e a Coordinadora Galega de ONGD. Entre los programas que desarrollarán gracias a estas ayudas, figuran actividades de atención integral a personas con diversidad funcional, estimulación del lenguaje oral, programas de autonomía personal y de empleabilidad, así como de atención a la infancia más vulnerable o becas de alfabetización, entre muchos otros.
Por otro lado, la Diputación destina este año 2,5 millones al Plan de Cofinanciación de los Servicios Sociales Comunitarios Municipales, con un incremento de 133.000 euros frente al 2020. 1,3 millones están dirigidos a la financiación del Servicio de Ayuda en el Hogar y 1,2 a sufragar los cursos del personal de los Servicios Sociales de los ayuntamientos. Como novedad, además de aprobarse con más antelación, en este 2021 los ayuntamientos pudieron solicitar el adelanto del 50% del importe que les correspondía "para facilitarles la gestión".
La tercera línea la conforman las subvenciones por concurrencia para entidades con actuaciones en el ámbito social, a las que se dedican 470.000€. Este año se presentaron 120 solicitudes la estas ayudas, para las que se incrementó el importe máximo para cada proyecto, que pasó de 6.000 euros a 7.000. Estas subvenciones suenen destinarse a programas de promoción, de la autonomía personal en personas con enfermedades mentales, servicio de información y orientación para personas con parálisis cerebral, fomento del empleo, atención integral al niño/la con patología oncohematológica, o reparto de alimentos, entre otras.
En el que se refiere a las Ayudas Básicas de Emergencia destinadas a los 52 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, en este 2021 se destinan 565.000 euros, 100.000 más que el pasado año. En este caso los ayuntamientos podían obtener por adelantado el 50% del importe y la cuantía máxima para cada ayuntamiento que va desde los 7.800 a los 17.800 euros, en función de su población y del porcentaje de desempleo con respeto a la misma. Se destinan a gastos de alimentación, vivienda, productos farmacéuticos o necesidades básicas. En este año, también como novedad, incluyera en la tipología de estas aportaciones a adquisición de ropa y calzado, a la compra de productos de protección contra la Covid, máscaras o gel hidroalcólico.
El servicio de teleasistencia atiende en la actualidad a 700 personas de 46 de los 52 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que están adheridas al servicio aunque, como señaló la presidenta provincial, podrían llegar la 1.000 personas se lo demandan los ayuntamientos "y al final de año siempre se incrementa el número". El gasto anual asciende a más de 174.000 euros, y es financiado al 50% entre la Diputación y los ayuntamientos. Carmela Silva se refirió también a los cursos de español para personas inmigrantes que financia la institución provincial y que se desarrollan en Vigo y Pontevedra para facilitar a las personas no hispanohablantes la consecución del DELE A2, necesario para obtener luego la nacionalidad española.
Nueva línea de ayudas dirigidas a ONGD
La presidenta anunció que este año la Diputación lanza una línea de ayudas a ONG para la realización de proyectos concretos de cooperación al desarrollo en países empobrecidos, que contribuyan al desarrollo de proyectos sociales, alineados con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS. Se están cerrando las bases para estas aportaciones, para las que se dispondrá un presupuesto de 45.000 euros. "Por lo tanto seguimos ampliando los recursos que dedicamos a todo lo que tiene que ver con las políticas sociales tanto para nuestro vecindario como también para otros colectivos a nivel internacional, que es además una exigencia de la Agenda 2030, que las administraciones participemos en garantizar derechos a personas a nivel internacional que precisan ayudas".
La presidenta se refirió también a la inversión de 1,2 millones realizado el pasado año 2020 por la Diputación en ayudas extraordinarias de emergencia por la Covid a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Explicó que los ayuntamientos destinaron una parte a financiar los costes de personal del Servicio de Ayuda en el Hogar encargado de atender a las familias en riesgo de exclusión social, que vieron agravada su situación por la Covid, "y también muchos de ellos a la alimentación y otros gastos corrientes como desinfección de espacios públicos, centros educativos, compra de material anti Covid y colocación de mamparas en los edificios públicos".
