Salida de la AP-9 a la Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela.
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El Gobierno recurre el dictamen de Bruselas y evita tomar ya una decisión sobre la AP-9
El Ejecutivo ha agotado el plazo dado por Bruselas para responder a su dictamen, en el que advertía de irregularidades en la prórroga de la concesión de la AP-9 hasta 2048
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El Gobierno de España ha agotado este miércoles el plazo dado por Bruselas para responder al dictamen europeo en el que advertía de irregularidades en la prórroga de la concesión de la autopista gallega AP-9. Por tanto, el Ejecutivo no apuesta aún por la gratuidad de la vía tras recurrir la resolución de la Comisión Europea.
"Esta misma mañana y una vez consumido el plazo de dos meses desde el último Dictamen Motivado, se ha remitido una respuesta amplia a la Comisión Europea en la que España aporta las aclaraciones precisas y la información justificativa a tener en cuenta a la hora de que se pueda realizar una valoración siempre en defensa de los intereses generales de España", han explicado fuentes del ministerio de Transportes.
Según la cartera liderada por Óscar Puente, esta fase "no supone todavía el final del procedimiento". Al respecto, han afirmado que analizarán "los siguientes pasos de la Comisión Europea con este recurso para, llegado el caso, agotar las posibles opciones de respuesta".
"Aunque las políticas de movilidad y reequilibrio territorial que actualmente defiende este Gobierno van en la dirección contraria, desde el Ministerio se ha colaborado y respondido a todos los requerimientos realizados por la Comisión Europea por responsabilidad y para velar por el interés común", han añadido.
El Gobierno justifica así la contradicción de asegurar que se está trabajando "en la vía de la gratuidad", en palabras del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, pero no llegar a tomar dicha decisión y arriesgarse a que Bruselas eleve el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
"Responsabilidad de los gobiernos del PP"
Asimismo, desde la cartera de Óscar Puente han recordado que la prórroga de la concesión de la AP-9 fue aprobada en el año 2000 por el Gobierno del Partido Popular (PP), presidido por José María Aznar. Por lo tanto, consideran que esta situación es "responsabilidad de los gobiernos del PP".
"Le corresponde al PP explicar los motivos por los que tomó una decisión que este Gobierno no hubiera adoptado y que claramente es perjudicial para los derechos de los ciudadanos", han manifestado fuentes del ministerio de Transportes.
Por otro lado, el Ejecutivo ha presumido de llevar a cabo políticas para "paliar las políticas del PP". En este sentido, han recordado que "desde abril de 2025 hay un descuento del 100% del peaje de retorno para vehículos ligeros que realizan los trayectos de ida y vuelta en 24 horas".
Besteiro: Se va a judicializar "guste o no guste"
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, auguraba a primera hora de la mñana que cualquier resolución sobre el caso de la AP-9 tendrá un recorrido judicial "guste o no guste". Ahora bien, el líder de los socialistas gallegos ha reiterado su apuesta por avanzar hacia la gratuidad.
Besteiro ha explicado que, tanto se tome la decisión de aceptar el dictamen de la Comisión Europeo como de elevar el caso al TJUE, la judicialización puede llegar por la propia empresa concesional, Audasa.
Durante su intervención, también ha denunciado la "incoherencia y mala fe" del PP: "Si estamos hablando del Partido Popular, hablamos de José María Aznar, que con el aplauso de Mariano Rajoy, de Alberto Núñez Feijóo y de Alfonso Rueda, impuso peajes altísimos y gravísimos hasta el año 2048".
Por ello, como recoge Europa Press, ha subrayado que manifestarse en ese camino hacia la gratuidad es un "ejercicio de sentido común y responsabilidad" y pide no "perder la estela" de ese camino que inició el PSOE y que ha tenido que padecer tantos años la acción del PP.
Pontón urge anular la concesión
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha demandado al Gobierno central "poner por delante los intereses de los gallegos y gallegas" y proceder a anular la concesión. "Sale más barato que seguir pagando las bonificaciones", ha sentenciado.
"Ya está bien de que unos gobiernos y otros, tanto del PP como del PSOE, le tomen el pelo a los gallegos y las gallegas, llegó el momento de acabar con unos peajes que son una injusticia y una ilegalidad", ha recalcado ante los medios en A Coruña.
Entonces, la líder nacionalista pedía al Ejectivo "aprovechar la oportunidad que nos bridan las instituciones europeas para poner fin a una concesión que es ilegal y que por tanto los gallegos y gallegas no tenemos que seguir pagando, es la medida más justa y más económica".
