Imagen de un perro.

Imagen de un perro. iStock

Sociedad

Reino Unido da una lección con las mascotas: pondrá un límite de 24 € al precio de las recetas veterinarias

Antes, muchas clínicas llegaban a cobrar 30 libras o más solo por entregar el documento de la receta.

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Las claves
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Reino Unido limitará a 24-25 euros el precio máximo de las recetas veterinarias para proteger a los dueños de mascotas de costes abusivos.

Las clínicas deberán publicar listas de precios claras y detallar quién es el propietario del establecimiento, facilitando la comparación entre clínicas independientes y grandes cadenas.

La reforma exige presupuestos por escrito para tratamientos superiores a 573 euros y refuerza los mecanismos de reclamaciones.

Entre 2016 y 2023, los precios veterinarios en Reino Unido aumentaron un 63%, lo que motivó la intervención del regulador.

El coste de cuidar de una mascota se ha convertido en una preocupación creciente para muchos propietarios. Consultas, tratamientos, medicamentos y operaciones pueden suponer un importante desembolso, especialmente cuando el animal necesita atención veterinaria de forma recurrente.

En Reino Unido, el regulador de competencia ha decidido intervenir para introducir nuevas reglas sobre los precios y la información que reciben que reciben los consumidores.

La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) ha aprobado una serie de reformas después de una investigación sobre el mercado veterinario británico. El organismo ha detectado problemas relacionados con la transparencia, la competencia y el aumento de los precios, y una de las medidas más llamativas afecta a las recetas veterinarias.

Protección a los dueños de mascotas de los precios abusivos

A partir de ahora, las clínicas no podrán cobrar más de 21 libras, unos 24-25 euros, por emitir una receta para el primer medicamento. Cuando una misma receta incluya medicamentos adicionales, el importe máximo será de 12,50 libras por cada uno.

La medida pretende facilitar que los propietarios puedan comparar precios y adquirir los medicamentos en establecimientos alternativos, incluidas farmacias online, cuando estos sean más económicos.

Hasta ahora, algunas clínicas llegaban a cobrar 30 libras, alrededor de 34 euros, o incluso más únicamente por emitir una receta, un importe que posteriormente se sumaba al precio del medicamento.

La reforma británica no se limita a establecer un límite para las recetas. La CMA también ha puesto el foco en la falta de información disponible para los consumidores.

Según su investigación, menos del 40% de las clínicas publicaban sus precios en Internet, lo que dificultaba comparar cuánto podía costar un determinado servicio antes de acudir al veterinario.

La nueva reguladora obligará a las clínicas a publicar listas de precios claras. Además, tendrán que informar de manera visible sobre quién es el propietario del establecimiento y especificar si se trata de una clínica independiente o pertenece a una gran cadena o grupo empresarial.

Este último cobra especial importancia después de que la investigación detectara diferencias de precios entre ambos modelos. Según los datos de la CMA, los grandes grupos veterinarios cobraban de media un 16,6% más que las clínicas independientes.

El incremento general de los costes también explicaba la intervención.

Entre 2016 y 2023, los precios de los servicios veterinarios en Reino Unido aumentaron aproximadamente un 63%, un crecimiento considerablemente superior al de la inflación general durante ese periodo.

La reforma incluye además otras medidas. Los veterinarios deberán proporcionar presupuestos por escrito para tratamientos superiores a 500 libras, unos 573 euros, y se desarrollarán herramientas destinadas a facilitar la comparación de precios entre establecimientos.

También se reforzarán los mecanismos disponibles para presentar reclamaciones.

Todas estas medidas buscan que los propietarios dispongan de más información antes de tomar decisiones sobre la atención de sus animales.

En España, donde el precio de los servicios veterinarios también genera preocupación entre los propietarios, este nuevo modelo británico puede alimentar el debate sobre la transparencia y la competencia en el sector.