El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
Los productos de segunda mano tienen 3 años de garantía obligatoria, según la Ley para la Defensa de los Consumidores
La Ley dicta una garantía de tres años por defecto salvo que se pacte un plazo inferior entre comprador y vendedor.
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Comprar un teléfono móvil reacondicionado, un electrodoméstico usado o cualquier otro producto de segunda mano a un comercio profesional ofrece hoy una protección mucho mayor que hace unos años.
Desde la entrada en vigor de la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU), el 1 de enero de 2022, la garantía legal de estos bienes es, con carácter general, de tres años, igual que la de los productos nuevos.
No obstante, la norma contempla una excepción que conviene conocer. En el caso de los bienes de segunda mano, empresa y consumidor pueden acordar reducir ese plazo, aunque nunca puede ser inferior a un año desde la entrega del producto.
Los derechos en la compra de bienes de segunda mano
La clave está en que esa reducción no puede imponerse de manera unilateral.
Según ha aclarado el Ministerio de Consumo, no es suficiente con incluir esa limitación en las condiciones generales de venta o en la letra pequeña de una página web. Para que sea válida, debe existir un acuerdo expreso e individualizado entre el vendedor y el comprador.
Si ese pacto no se produce, la garantía aplicable será automáticamente de tres años. Esta modificación legal responde a un doble objetivo.
Por un lado, fomentar la economía circular y promover un consumo más sostenible, incentivando la compra de productos reutilizados o reacondicionados frente a la adquisición de artículos nuevos.
Por otro, reforzar la confianza de los consumidores y garantizar que el mercado de segunda mano profesional ofrezca un nivel de protección similar al del comercio tradicional. Durante ese periodo de garantía, si el producto presenta una falta de conformidad, el consumidor puede exigir que la empresa adopte una solución.
La ley contempla alternativas como la reparación gratuita, la sustitución cuando sea posible, una rebaja del precio o incluso la resolución del contrato con la devolución del importe pagado, siempre dentro de unos plazos razonables.
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Sin embargo, esta protección no se aplica a todas las compraventas de segunda mano. Cuando la operación se realiza entre particulares, como ocurre habitualmente en plataformas de compraventa si el vendedor no actúa como empresa, la garantía legal de tres años no existe.
En estos casos la relación se rige por el Código Civil y por la normativa sobre vicios ocultos.
Además, la compra de un artículo usado por internet mantiene intacto otro derecho importante: el derecho de desistimiento. Si la adquisición se realiza a distancia a una empresa, el consumidor dispone de 14 días naturales para devolver el producto sin necesidad de justificar su decisión y sin asumir costes adicionales distintos de los previstos por la ley.
Pese a la claridad de la normativa, las autoridades de consumo han detectado numerosos incumplimientos. Una investigación coordinada por la Dirección General de Consumo y varias comunidades autónomas reveló que el 45% de los comercios online analizados no informaba correctamente sobre la garantía legal.
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Asimismo, el 40% presentaba deficiencias en la información relativa al derecho de desistimiento.
La campaña también detectó prácticas de eco blanqueo o green washing. Un 34% de las páginas utilizaba mensajes medioambientales para promocionar sus productos, pero una parte significativa de esas afirmaciones carecía de fundamento o resultaba directamente engañosa.
Tras estas inspecciones, las autoridades han requerido a las empresas para que adapten sus páginas web y cumplan la legislación vigente, recordando que vulnerar los derechos de los consumidores puede dar lugar a sanciones por prácticas comerciales desleales.
