Imagen de archivo de un paquete.

Imagen de archivo de un paquete. iStock

Sociedad

Va a entrar en vigor: a partir del 1 de julio, millones de paquetes enviados desde China pagarán aduanas para llegar a España

La nueva normativa busca defender a las empresas europeas frente a la competencia desleal procedente de terceros países.

Más información: Ya es oficial: la ayuda de 1.380 euros al año por hijo que pueden cobrar las familias con rentas bajas en España

Publicada
Las claves

Las claves

A partir del 1 de julio de 2026, todos los paquetes de pequeño valor enviados desde fuera de la UE, incluidos los de China, deberán pagar derechos de aduana para entrar en España.

La exención actual para paquetes de menos de 150 euros desaparece, y los consumidores asumirán un coste adicional según el número de categorías de productos en el envío.

Temporalmente, se aplicará un cargo fijo de 3 euros por cada categoría de producto hasta la creación del Centro Aduanero de Datos de la UE en 2028.

La medida busca garantizar competencia leal, combatir el fraude y aumentar la recaudación pública, respondiendo al auge del comercio electrónico en la UE.

La nueva regulación aprobada por la Unión Europea promete afectar de forma directa a los consumidores de Estados miembros.

A partir de ahora, los paquetes de pequeño valor procedentes de países extracomunitarios deberán abonar derechos de aduana, incluso cuando su importe no supere los 150 euros.

Hasta ahora, este tipo de envíos, habituales en plataformas de comercio electrónico como AliExpress, Temu o Shein, podían acceder al mercado comunitario sin pagar aranceles, aunque sí estaban sujetos al IVA.

La nueva normativa entrará en vigor el próximo 1 de julio de 2026.

A partir de esa fecha, desaparecerá la exención vigente y estos paquetes estarán sujetos al pago de derechos aduaneros independientemente de su valor.

El objetivo de la reforma es garantizar competencia leal entre empresas europeas y extranjeras, reducir el fraude y aumentar la recaudación de la UE y los Estados miembros.

De forma provisional, hasta la creación del Centro Aduanero de Datos de la UE prevista para 2028, se aplicará un cargo fijo de 3 euros por cada categoría de producto dentro de un paquete.

Por ejemplo, un envío con una prenda de seda y dos de lana generará dos categorías y un coste de 6 euros, independientemente del valor total.

Así, el importe no dependerá del precio, sino del número de tipos de productos incluidos.

Según el ministro de Hacienda de Chipre, Makis Keravnos, la reforma se basa en tres ejes. El primero es competencia justa, ya que las empresas europeas sí pagan impuestos.

El segundo es la lucha contra el fraude, porque algunos operadores infravaloran productos o dividen envíos; y por último, aumento de ingresos públicos, dado que los aranceles son una fuente clave de financiación comunitaria.

Aunque la norma entra en vigor en 2026, el gran cambio llegará en 2028. Con el nuevo Centro Aduanero de Datos, el sistema de tarifa será sustituido por aranceles estándar según categoría, como en importaciones habituales.

El auge del comercio electrónico ha sido clave para motivar este cambio: en 2024 llegaron 4.600 millones de paquetes pequeños a la UE, el 91% desde China.

Esto ha evidenciado la necesidad de modernizar el sistema aduanero, centralizar controles y mejorar trazabilidad y seguridad.

En conclusión, los consumidores españoles asumirán un coste adicional en todos los paquetes procedentes de fuera de la UE.

La reforma busca equilibrar competencia, combatir el fraude y reforzar ingresos públicos, mientras el coste dependerá del número de categorías y no del valor del envío.

Esta decisión se enmarca en una estrategia más amplia de la Unión Europea para modernizar su sistema aduanero y adaptarlo al crecimiento del comercio digital global, reforzando al mismo tiempo la soberanía económica del bloque frente a actores externos.

Asimismo, se espera que la medida tenga un impacto significativo en los hábitos de consumo de los ciudadanos europeos, que podrían ver incrementados los costes finales de sus compras en línea realizadas fuera del mercado comunitario.

Las autoridades comunitarias confían en que, a medio plazo, la reforma contribuya a un comercio más transparente, seguro y equilibrado entre todos los operadores internacionales implicados.

Todo ello refuerza la integración económica y la resiliencia de las cadenas de suministro europeas a largo plazo en el continente.