Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EP

Sociedad

La Unión Europea lo confirma: nuevo límite de pagos en efectivo para los comercios a partir del 2027

La Unión Europea estableció un nuevo límite de pagos en efectivo con el objetivo de prevenir delitos financieros y el lavado de dinero.

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Las claves

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La UE ha aprobado un límite de 10.000 euros para pagos en efectivo en comercios, aplicable en todos los Estados miembros a partir del 10 de julio de 2027.

Para pagos en efectivo superiores a 3.000 euros, las empresas deberán aplicar controles de identidad más estrictos y los bancos notificarán movimientos sospechosos a las autoridades.

El objetivo del nuevo reglamento es prevenir delitos financieros como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, sin penalizar el uso cotidiano del efectivo.

En España, ya existe un límite más estricto de 1.000 euros en pagos en efectivo entre empresarios o profesionales, según la Ley Antifraude 11/2021.

El Reglamento (UE) 2024/1624 que fue aprobado el 31 de mayo de 2024 establece un marco único y directo con el objetivo de prevenir el uso del sistema financiero para actividades delictivas como el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Entre la serie de normas que forman dicho reglamento se encuentra un límite de 10.000 euros para pagos en efectivo en todos los Estados miembros. Además de esto, también se establecen controles a partir de pagos que superen los 3.000 euros.

Así, al ser un reglamento es de aplicación directa en todos los Estados miembros a partir del 10 de julio de 2027, sin necesidad de que cada país apruebe una ley propia para implementarlo.

¿En qué consiste?

A pesar de que el pago con tarjeta de crédito y Bizum ha cobrado una gran presencia en los últimos años, el efectivo sigue teniendo una relevancia muy alta en los hábitos de consumo cotidianos.

Según los datos del Banco de España y el Banco Central Europeo el 97% de la población de España utiliza dinero en efectivo como medio de pago habitual y en el 92% de los comercios y negocios físicos de la zona euro es un medio de pago aceptado.

De esta manera, el objetivo de la Unión Europea no es penalizar el uso diario del efectivo para el consumidor común, sino prevenir delitos financieros y dificultar el lavado de dinero obligando a que las grandes transacciones se hagan mediante métodos de pago trazables.

Teniendo esto en cuenta, el Reglamento contra el blanqueo de capitales sitúa en 10.000 euros el límite de los pagos en efectivo y toda operación que supere esta cantidad deberá realizarse a través de medios de pago auditables, es decir, que dejen un rastro digital claro, seguro y fácil de rastrear.

Además de esto, en el caso de pagos que superen los 3.000 euros las empresas tendrán la obligación de activar controles de identidad más rigurosos para vincular este movimiento con una persona física.

Por su parte los bancos también deberán notificar a las autoridades los ingresos que superen estas cifras o involucren billetes grandes.

Además de los límites europeos es importante recordar que España ya tiene un límite para los pagos en efectivo, ya que, la normativa de Bruselas supone un tope máximo, pero cada país miembro puede colocar límites más bajos.

En el caso de España el límite se encuentra en los 1.000 euros cuando al menos una de las partes es un empresario o profesional, según la Ley Antifraude 11/2021.

Sin embargo, el límite legal de dinero físico que puede llevar consigo una persona sin declarar dentro del territorio nacional es de 100.000 euros; mientras que si se cruza la frontera a otro país la cantidad legal se sitúa en los 10.000 euros.

El Reglamento (UE) 2024/1624 contra el blanqueo de capitales introduce otra serie de normas que buscan prevenir el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la Unión Europea.

Así, el reglamento amplía la lista de profesionales que deben cumplir estas normas de prevención de blanqueo, vigilancia y reporte a las autoridades. También, las empresas y profesionales están obligados a ser más estrictos a la hora de identificar a sus clientes y el origen de sus fondos.

Para evitar el lavado de dinero, la normativa obliga a identificar a las personas físicas reales que se esconden tras las empresas. En esta misma línea, se prohíben las cuentas de criptoactivos anónimas .

Por último, se mejora y obliga a una mayor cooperación entre las Unidades de Inteligencia de cada país, la Fiscalía Europea y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.