Imagen de archivo de un aire acondicionado.

Imagen de archivo de un aire acondicionado. iStock

Sociedad

En vigor: los ayuntamientos multan con hasta 3.000 euros a los vecinos por el ruido del aire acondicionado en verano

El motivo detrás de estas multas responde a la protección de la salud y descanso de los vecinos de las viviendas.

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Las claves

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Los ayuntamientos pueden imponer multas de hasta 3.000 euros a quienes tengan aire acondicionado que genere ruido excesivo o incumpla normas urbanísticas.

La Ley 37/2003 del Ruido y las ordenanzas municipales regulan los límites de ruido y las sanciones aplicables a los equipos de climatización.

El mal uso o instalación incorrecta puede causar vibraciones y molestias a varios vecinos, especialmente en horario nocturno o en edificios protegidos.

Las sanciones pueden incluir la orden de retirar o reubicar el aparato, además de la multa, si el propietario no corrige las deficiencias detectadas.

Con la llegada del calor, miles de hogares en España vuelven a encender los aparatos de aire acondicionado para hacer más llevaderas las altas temperaturas del verano.

Sin embargo, lo que para unos supone una necesidad durante las noches de calor, para otros puede ser una fuente constante de molestias. Y en determinados casos, esas molestias pueden acabar traduciéndose en sanciones de hasta 3.000 euros.

Aunque muchas personas lo desconocen, los ayuntamientos cuentan con herramientas legales para actuar contra los equipos de climatización que generan niveles excesivos de ruido o que incumplen las normas urbanísticas sobre su instalación.

La regulación no se basa en una ley específica sobre aparatos de aire acondicionado, sino en un conjunto de normas que actúan de forma complementaria.

La Ley 37/2003 del Ruido establece el marco general para combatir la contaminación acústica, mientras que son las ordenanzas municipales las que fijan los límites concretos de ruido permitidos y las sanciones aplicables en cada ciudad.

A ello se suma la Ley de Propiedad Horizontal, que considera la fachada un elemento común del edificio y limita determinadas instalaciones sin autorización de la comunidad de propietarios.

El objetivo de estas restricciones va mucho más allá de una cuestión estética. Las administraciones buscan proteger el derecho al descanso de los vecinos y evitar problemas de salud asociados a la exposición continuada al ruido, especialmente durante la noche.

Además, los aparatos antiguos o mal instalados no solo generan ruido ambiental, también pueden transmitir vibraciones a través de la estructura del edificio, afectando a varias viviendas al mismo tiempo.

Ahora bien, nadie recibe una multa de 3.000 euros simplemente por encender el aire acondicionado. Las sanciones más elevadas están reservadas para situaciones especialmente graves.

Entre ellas figuran los casos en los que el aparato supera ampliamente los límites acústicos permitidos durante el horario nocturno, cuando las vibraciones resultan persistentes y el propietario ignora los requerimientos para solucionarlas o cuando la instalación incumple además la normativa urbanística.

Este último supuesto es especialmente relevante en cascos históricos, edificios protegidos o zonas donde las ordenanzas restringen la colocación visible de unidades exteriores en fachadas.

Cuando la contaminación acústica se combina con una instalación ilegal, la gravedad de la infracción aumenta considerablemente.

La reincidencia también juega un papel determinante. Si tras una denuncia vecinal la Policía Local realiza mediciones, constata el incumplimiento y el propietario continúa utilizando el aparato sin corregir las deficiencias, la sanción puede escalar hasta los tramos más altos previstos por la normativa municipal.

Las consecuencias no se limitan al pago de la multa. En algunos casos, los ayuntamientos pueden ordenar el cese de la actividad del equipo, proceder a su precinto o exigir su retirada y reubicación en una zona autorizada, todo ello a cargo del propietario.

Por ello, los especialistas recomiendan revisar periódicamente los sistemas de climatización, especialmente aquellos con más de una década de antigüedad. Una intervención de mantenimiento puede evitar conflictos vecinales, expedientes sancionadores y desembolsos que podrían alcanzar varios miles de euros.