Bruselas cambia las normas: todas las empresas españolas que reciban dinero público tendrán que fabricar en Europa

La Unión Europea tiene claro que quiere depender menos de otros países. Y, para lograrlo, la Comisión Europea ha empezado su objetivo presentando una nueva propuesta de ley que podría cambiar la forma en que muchas empresas fabrican sus productos.

La iniciativa establece que las compañías que reciban subvenciones, incentivos fiscales o contratos financiados con dinero público deberán realizar parte de su producción dentro de Europa.

La medida forma parte de la denominada Ley de Aceleración Industrial, presentada por Bruselas a principios de este mes de marzo con el objetivo de impulsar la reindustrialización del continente en un momento en el que la competencia global se ha intensificado y muchas cadenas de suministro dependen de proveedores externos, especialmente de Asia.

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Durante los últimos años, numerosas empresas europeas han trasladado parte de su producción a países como China o Vietnam para reducir costes.

Una estrategia que ha permitido abaratar la fabricación, pero también ha aumentado la dependencia del exterior en sectores considerados estratégicos.

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Ahora, con esta nueva normativa, la Comisión pretende que las ayudas públicas contribuyan a fortalecer la industria dentro del propio territorio europeo.

La propuesta se centra especialmente en sectores clave para la economía y la transición energética. Entre ellos se encuentran las industrias de alto consumo energético, el sector del automóvil y las tecnologías limpias, como la energía solar, la eólica o la producción de baterías para vehículos eléctricos.

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Uno de los aspectos centrales del plan es la introducción de requisitos mínimos de fabricación europea en proyectos financiados con fondos públicos.

En algunos casos, Bruselas plantea exigir que una parte de los materiales utilizados tenga origen europeo o haya sido producido con bajas emisiones contaminantes.

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Entre los porcentajes que se están estudiando destacan la exigencia de que al menos el 25% del acero empleado en determinados proyectos se produzca con bajas emisiones, que el 25% del aluminio tenga origen europeo y que alrededor del 5% del cemento utilizado también cumpla con estos criterios medioambientales.

En el ámbito de las tecnologías limpias, la Comisión también quiere introducir requisitos de producción local para componentes clave.

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Esto afectaría a equipos como turbinas eólicas, paneles solares, electrolizadores o bombas de calor, con el objetivo de fortalecer la cadena industrial europea vinculada a la transición energética.

El plan responde a la estrategia comunitaria de reforzar el peso de la industria en la economía europea, ya que a día de hoy, la industria manufacturera representa aproximadamente el 14,3% del PIB de la Unión Europea, una cifra que Bruselas quiere elevar hasta el 20% en 2035.

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Además de las nuevas condiciones para acceder a ayudas públicas, la propuesta también incluye medidas para acelerar los proyectos industriales.

Entre ellas procedimientos administrativos más rápidos, permisos simplificados y la creación de áreas de aceleración industrial destinadas a facilitar la inversión y el acceso a infraestructuras energéticas.

Con esta iniciativa, la Comisión Europea pretende asegurar que los fondos públicos contribuyan a apoyar a las empresas, así como a reforzar la producción, el empleo industrial y la autonomía económica del continente en sectores estratégicos.