Es oficial: prohibido llamar a tu hijo con nombres que puedan ser causa de burla, según la Ley 20/2011 del Registro Civil

Elegir el nombre de un hijo es uno de los primeros actos de responsabilidad jurídica y simbólica de unos padres. En ese gesto, íntimo y cargado de ilusión, se cruzan tradiciones familiares, modas y deseos de originalidad.

En España, la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil establece límites claros: no se pueden imponer nombres que puedan perjudicar objetivamente al menor o convertirlo en objeto de burla.

El fundamento legal se encuentra en el artículo 51, dedicado a la imposición del nombre. La norma parte de una premisa indiscutible: toda persona tiene derecho a un nombre.

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Sin embargo, ese derecho convive con restricciones destinadas a proteger la dignidad y el interés superior del menor.

El Registro Civil puede denegar la inscripción cuando el nombre resulte ofensivo, humillante, ridículo o susceptible de provocar mofa.

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No existe una lista cerrada de nombres prohibidos; lo que hay es un criterio jurídico que faculta al encargado del Registro a valorar cada caso.

La ley también fija otros límites formales. No se permiten más de dos nombres simples o uno compuesto; tampoco se puede inscribir el mismo nombre que el de un hermano vivo con los mismos apellidos.

Se excluyen los nombres que induzcan a confusión sobre el sexo, los apellidos convertidos en nombre propio, así como marcas comerciales, siglas o denominaciones que no encajen en la función identificadora y personal del nombre.

Los nombres prohibidos

El espíritu de la norma se entiende mejor con ejemplos. Nombres asociados a figuras históricas de marcada connotación negativa, como Hitler, Stalin, Lenin o Judas, pueden ser rechazados por su evidente carga simbólica.

También palabras con significado insultante o escatológico, tales como 'Culo' o 'Tonto', difícilmente superarían el filtro legal.

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En otros casos, el problema no está en el nombre aislado, sino en la combinación con los apellidos: juegos de palabras que convierten la identidad en un chiste permanente.

El Derecho, en estos supuestos, actúa como dique frente a la ocurrencia pasajera. No se trata de un tema menor. Al fin y al cabo, el nombre acompaña a la persona toda la vida: en la escuela, en el ámbito laboral y en la esfera digital.

Puede abrir puertas o, al menos, evitar obstáculos innecesarios.

De ahí que la ley hable de perjuicio 'objetivo': no se trata de gustos subjetivos del funcionario, sino de valorar si el nombre puede razonablemente generar menosprecio social.

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En un contexto donde la creatividad para elegir nombres crece al ritmo de las redes sociales y la cultura global, la intervención del Registro Civil adquiere un papel de equilibrio.

La norma no pretende uniformar ni apagar la diversidad cultural (España admite nombres extranjeros, inventados o poco comunes), sino impedir que la originalidad se convierta en carga.

Al final, el debate remite a una pregunta esencial: ¿hasta dónde llega la libertad de los padres cuando está en juego la identidad futura de un hijo? La Ley 20/2011 responde con prudencia.

Permite elegir, pero recuerda que el nombre no es un capricho efímero, sino la primera carta de presentación ante el mundo. Y esa carta, por mandato legal y sentido común, no puede escribirse a costa de la dignidad de quien tendrá que llevarla.