Ya es oficial: el Gobierno amplía a 2026 la prohibición de desahuciar a personas consideradas vulnerables

Encontrar vivienda de alquiler ya no es sencillo. Para muchas personas es algo así como 'misión imposible' por diferentes razones. Una de ellas es porque los precios no paran de subir. Y, otra, que la oferta cada vez es menor frente a una demanda que no para de crecer.

Junto a estas dos, hay una tercera: los propietarios deciden sacar su vivienda del mercado por impagos de sus últimos inquilinos, que incluso les han hecho acudir a los tribunales.

Inquilinos que, en ocasiones, se han escudado en tener hijos como pretexto para no pagar la renta. Y ahora el Gobierno ha llegado a un acuerdo con EH Bildu para ampliar a 2026 la prohibición de desahuciar a personas vulnerables.

Situación de vulnerabilidad

El Gobierno ha aprobado en el último Consejo de Ministros de 2025 un decreto que incluye la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables.

También incluye la prohibición de cortes de suministros básicos como luz, agua y gas, así como la prórroga del bono social eléctrico. Medidas que iban a caducar el pasado 31 de diciembre. Una vez reciban el visto bueno de la Cámara Baja entrará en vigor, previsiblemente, durante todo 2026.

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Conviene recordar que todas estas medidas arrancaron con motivo de la pandemia. En concreto, fue el Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, el que incluyó la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de la renta de hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

Posteriormente, se fue renovando año a año. La última vez, con el Real Decreto 1/2025, de 28 de enero. Se aplica a hogares vulnerables sin alternativa habitacional sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994.

También a aquellos hogares que estén en una vivienda sin título y que sean víctimas de violencia de género, dependientes o con dependientes o menores a su cargo, y se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Fruto de esta situación, los propietarios buscan aquellos arrendatarios que les ofrezcan mayor seguridad. De ahí que se estén produciendo auténticos procesos de selección donde muchas familias son rechazadas.

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Como señalan los expertos, familias con menores, mayores de 65 años, familias monoparentales o personas que deben asumir el alquiler con una sola renta perderán sistemáticamente la opción de ser elegidas para alquilar vivienda.

Además, muchos propietarios, cuando recuperen sus viviendas tras largos meses de litigios, acabarán por sacarlas del mercado, lo que enquistará todavía más el problema.