Una experta inmobiliaria advierte del nuevo objetivo de los okupas: “La vivienda vacía de alto valor”

El desempleo, el precio de los alimentos y la vivienda, y la okupación. Son algunos de los problemas que más preocupan a los españoles. En el último caso, ya sea allanamiento de morada, usurpación de vivienda o inquiokupación, el fenómeno levanta tremendos dolores de cabeza a los propietarios.

El fenómeno está viviendo un cambio sustancial. Y es que, como señalan desde Marín & Mateo Abogados, si antes se asociaba a contextos de exclusión o vulnerabilidad, hoy responde a estrategias deliberadas de quienes buscan instalarse en propiedades de lujo.

“Ya no hablamos de familias vulnerables, sino de grupos que ocupan deliberadamente propiedades de alto valor sabiendo que el sistema tarda meses en responder”, señala Sandra Aurrecoechea, abogada especialista en Derecho Civil, Hipotecario e Inmobiliario y socia del bufete de abogados.

Nuevo objetivo de los okupas

El cambio que se está produciendo respecto al pasado es que la okupación ilegal está afectando, cada vez más, a las viviendas de alto valor.

Así, en los últimos años, chalets, villas o áticos vacíos se han convertido en objetivo de redes organizadas que aprovechan los vacíos legales del sistema y la lentitud de la justicia.

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“La vivienda vacía, especialmente la de alto valor, se ha convertido en un objetivo para quienes conocen bien los vacíos legales”, sostiene Sandra Aurrecoechea.

¿Por qué se han disparado estos casos durante los dos últimos años? La letrada apunta a dos hechos concretos: por un lado, el auge de las segundas residencias en zonas turísticas; y, por otro, el incremento de viviendas vacías en áreas de alto poder adquisitivo.

Llegados a este punto conviene recordar la diferencia existente entre allanamiento de morada y usurpación de vivienda según el marco jurídico español.

Así, cuando hablamos de allanamiento, lo hacemos si el okupa ingresa de forma ilegal en la vivienda habitual del propietario. La norma lo considera delito grave al atentar contra la inviolabilidad del domicilio. En este caso, la policía puede actuar inmediatamente.

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Mientras que usurpación hace mención a la ocupación de inmuebles vacíos o segundas residencias. Por tanto, viviendas no habituales. Se considera un delito menos grave y el desalojo puede requerir autorización judicial, lo que alarga el proceso de recuperación.

“Si la okupación afecta a una vivienda habitual o segunda residencia y se denuncia en menos de 48 horas, la policía puede actuar de inmediato. Pero si el inmueble está vacío, la intervención judicial es obligatoria y los plazos se alargan”, explica Aurrecoechea.

Impacto limitado

Fue la Ley 5/2018, conocida como “ley de desahucio exprés”, la norma que pretendió agilizar la recuperación de viviendas ocupadas mediante un procedimiento civil más rápido para propietarios particulares, entidades sociales y administraciones públicas.

Sin embargo, su impacto ha sido limitado. “El marco legal español sigue ofreciendo una protección desproporcionada al ocupante frente al titular legítimo”, advierte la abogada.

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Y es que los procedimientos civiles continúan dilatándose y la intervención de los servicios sociales puede suspender un lanzamiento durante semanas cuando los okupas alegan vulnerabilidad.

Llegados a este punto, Sandra Aurrecoechea recuerda que la reacción del propietario debe ser rápida, pero siempre dentro de la legalidad.

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“Cada hora cuenta, pero cada paso debe darse correctamente. Cortar suministros o cambiar cerraduras puede considerarse delito de coacciones. Solo la autoridad judicial o la policía pueden ordenar un desalojo”, concluye.