César Alejandro Mogo Zaro es el actual Secretario de Exterior de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.
Ferraz se hizo con el control de cuatro agrupaciones del PSOE en Latinoamérica tras la 'ley de nietos': "Junten votos"
Antiguos dirigentes denuncian control desde Madrid mientras crece el censo exterior; la dirección federal atribuye los cambios a procesos transitorios.
Más información: 'Ley de Nietos': ¿por qué nacionalidad y voto tienen que ir unidos?
Entre 2022 y 2024, Ferraz intervino, disolvió o sustituyó mediante comisiones gestoras a las direcciones del PSOE en México, República Dominicana, Uruguay y Argentina.
Los procedimientos no fueron idénticos, pero, en los cuatro casos, las agrupaciones quedaron administradas temporalmente por responsables designados o respaldados desde Madrid.
Tiempo después, durante una reunión en Buenos Aires, César Mogo, secretario de Exterior de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, escuchó las quejas de antiguos dirigentes por la prolongación de una de esas gestoras. Según un asistente consultado por EL ESPAÑOL, dejó una indicación sencilla: "Junten votos".
Ferraz se hizo con el control de 4 delegaciones del PSOE en el exterior, por Guillermina Leudesdorf.
La frase fue pronunciada mientras el mapa electoral español experimentaba una transformación inédita.
La Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos, había ampliado el acceso a la nacionalidad para miles de personas nacidas en el extranjero, hijas o nietas de españoles de origen, entre ellas descendientes del exilio.
Una vez reconocidos como ciudadanos, podían incorporarse al Censo Electoral de Residentes Ausentes —el CERA— y participar en las elecciones generales, autonómicas y europeas sin vivir en España.
A 1 de mayo de 2026 había 2.708.083 electores registrados en el exterior, 375.027 más que en las generales de julio de 2023.
En los últimos meses, el censo ha incorporado alrededor de 16.000 personas mensuales. De mantenerse ese ritmo, para mayo de 2027 el aumento acumulado desde las generales de 2023 podría rondar los 600.000 inscritos, con un CERA cercano a los tres millones, según informó EL ESPAÑOL el 22 de junio de 2026.
Argentina ocupa el centro de ese nuevo mapa: sus 505.168 inscritos representan casi uno de cada cinco electores en el exterior
La participación continúa siendo reducida: en las generales de 2023 rondó el 10%, aunque creció después de la eliminación del voto rogado.
Los descendientes no son votantes fabricados ni extranjeros sin relación con España.
Muchos crecieron en asociaciones gallegas, asturianas, canarias, vascas o catalanas y conservaron durante generaciones el idioma, las costumbres y la memoria de sus antepasados. Su derecho a obtener la nacionalidad no está bajo sospecha.
La cuestión es otra: si Ferraz interpretó aquel aumento del electorado exterior como una oportunidad política y por eso volvió su atención hacia unas agrupaciones latinoamericanas que durante años habían ocupado un lugar secundario.
Las fuentes consultadas sitúan en 2022 las intervenciones de las agrupaciones de México y República Dominicana, coincidiendo con la entrada en vigor de la ley. Uruguay quedó bajo una gestora durante la etapa de Pilar Cancela al frente del PSOE Exterior y continuó sin normalizarse pese al paso de los años.
En Argentina, la actual comisión fue nombrada a finales de 2024, tras la renuncia de la ejecutiva anterior.
Chile quedó en una situación menos definida. Las fuentes describen una estructura débil y coordinada desde España, pero no han podido acreditar una gestora equiparable a las de los otros cuatro países.
Uno de los episodios más llamativos ocurrió en Buenos Aires. Cuando Lorena Suárez renunció al frente del PSOE en Argentina, la cerradura de la sede fue reemplazada.
Después comenzó la búsqueda de un disco duro externo que contenía años de información acumulada por la agrupación: nombres, teléfonos y direcciones de afiliados, simpatizantes y personas que habían acudido al partido para pedir asesoramiento.
Gustavo Acosta, secretario general del PSOE en el país entre 2012 y 2022, calcula que en aquel dispositivo había más de 8.000 contactos. Acosta contó a EL ESPAÑOL que el disco fue recuperado después, pero apareció borrado.
No consta que aquella información fuera utilizada electoralmente ni que Mogo hubiera dado instrucciones para acceder a bases de datos, orientar expedientes de nacionalidad o condicionar inscripciones consulares.
Conseguir respaldo electoral, además, forma parte de la actividad habitual de cualquier partido. La relevancia de "Junten votos" surge del contexto en que fue pronunciado.
La actividad de Mogo no se limitó a Argentina.
En una tribuna difundida en abril por El Socialista, la publicación del PSOE, bajo el título "Ciudadanos en el exterior: marca España", Mogo relató que acababa de reunirse con españoles residentes en Chile y Paraguay, después de mantener encuentros similares en Argentina y Uruguay.
Allí reivindicó las leyes de memoria que permitieron a los descendientes acceder a la nacionalidad y subrayó que esos avances llevaban el sello de gobiernos socialistas.
También contrapuso esa actuación con la del PP, al que acusó de no haber acompañado aquellas normas.
De Cancela a Mogo
La primera etapa de aquellas reorganizaciones estuvo dirigida por Pilar Cancela, entonces responsable del PSOE Exterior y actual secretaria de Estado de Migraciones.
Las fuentes consultadas sitúan durante su mandato el inicio de los procesos de México, República Dominicana y Uruguay.
César Mogo la sustituyó posteriormente al frente del área y heredó las situaciones todavía abiertas, entre ellas las gestoras de Uruguay y Argentina.
Las comisiones gestoras están previstas en las normas del PSOE. Se constituyen para administrar temporalmente una agrupación que se ha quedado sin ejecutiva o atraviesa un proceso de reorganización, hasta que una asamblea elija una nueva dirección.
Óscar González, presidente de la actual gestora argentina, rechaza en diálogo con este periódico que su nombramiento pueda interpretarse como una toma de poder.
"En los casos en los que no hay una Comisión Ejecutiva, el Comité Federal designa una Comisión Gestora", explica. Su misión, añade, es "la organización y, en su caso, normalización" de las agrupaciones.
La gestora está integrada por cinco personas: un presidente y cuatro vocales.
González admite que lleva alrededor de dos años en funciones, pero sostiene que no existe "ninguna urgencia" para convocar elecciones internas porque las actividades se desarrollan con normalidad.
"Cuando se creen las condiciones necesarias y convenientes, va a haber una asamblea y se designará una nueva Comisión Ejecutiva", afirma.
Acosta ofrece otra versión. Sostiene que su salida de la Secretaría General en 2022 no surgió de un acuerdo entre los militantes, sino de una decisión impulsada por Pilar Cancela.
Según su relato, la dirigente federal promovió como sucesora a Lorena Suárez, una militante de origen gallego. La nueva dirección atravesó conflictos internos hasta que Suárez renunció, a finales de 2024, y Ferraz nombró una gestora.
Gustavo López, actual afiliado del PSOE en Argentina, fue durante más de una década secretario de Organización y también secretario de Acción Electoral de la agrupación, coincide en que su designación respondió a un pedido expreso de Pilar Cancela, aunque recuerda que posteriormente fue ratificada en una asamblea de afiliados.
Para López, el conflicto comenzó con la renuncia de la secretaria general. Explica que, según el estatuto del partido, esa decisión hacía caer automáticamente a toda la ejecutiva. "Lo que fue, en realidad, fue un golpe de Estado interno", sostiene.
Aclara, sin embargo, que el procedimiento tenía cobertura en la normativa del PSOE.
El antiguo dirigente cuestiona la necesidad de crear una gestora. "Debía normalizar el partido, no sé por qué, porque el partido no tenía un funcionamiento anormal, todo lo contrario", afirma.
También pone en duda la eficacia política de aquella decisión. A su juicio, desarmar una ejecutiva con trayectoria y sustituirla por una dirección sin arraigo dificultaba cualquier intento posterior de movilizar a afiliados, simpatizantes o votantes.
Tras la renuncia de Suárez, Ferraz nombró la actual gestora. Fue entonces cuando comenzó el conflicto por el acceso a la sede y a la base de contactos de la agrupación.
Para Acosta, la diferencia entre ambas etapas es esencial. Cuando él llegó a la Secretaría General, asegura, fue mediante "una decisión política de los afiliados".
En cambio, considera que tanto su sucesora como la actual dirección fueron señaladas desde Madrid. López coincide con esa reconstrucción y sostiene que la conformación de la gestora respondió a una decisión tomada desde Ferraz.
González rechaza esas acusaciones y reivindica la legalidad del procedimiento.
También niega que el asesoramiento ofrecido a españoles residentes en Argentina tenga una finalidad electoral en España.
La agrupación abre su local de Buenos Aires una vez por semana para orientar gratuitamente a quienes necesitan realizar trámites consulares, sociales o administrativos.
La ayuda puede consistir en localizar un formulario, solicitar una partida de nacimiento, registrar a un menor o entender una gestión de la Seguridad Social.
"No se le va a sugerir nada en relación con su hipotético voto a ninguna viejita que viene desde Ezeiza a pedir ayuda", afirma González.
Según el presidente de la gestora, el padrón interno del partido no ha crecido de forma significativa. Si el servicio se utilizara para captar militantes o votantes, sostiene, ese aumento debería reflejarse en las afiliaciones.
El hombre de Ferraz
En la reconstrucción de las distintas gestoras aparece repetidamente un nombre: Juan Miguel Rojo Valverde, empleado administrativo de la sede federal del PSOE.
Su presencia desconcierta a los antiguos dirigentes latinoamericanos porque no era un cuadro político conocido en esas agrupaciones y residía en España.
Sin embargo, participó o apareció vinculado a procesos internos separados por miles de kilómetros.
Rojo integró la gestora uruguaya y distintas fuentes lo relacionan también con República Dominicana.
Eduardo Pahino, antiguo secretario general en ese país, no puede confirmar si figuró formalmente entre sus miembros, pero sostiene en conversaciones con EL ESPAÑOL que Rojo y Javier Vila eran quienes gestionaban el proceso desde Madrid.
Acosta, que compartió con él la comisión uruguaya, interpreta que funcionaba como un veedor: "Como ojos y oídos, en principio, de Pilar Cancela y hoy de César Mogo".
No le atribuye decisiones personales ni dice haber mantenido enfrentamientos con él. Lo que cuestiona es que un empleado de Ferraz apareciera en distintas estructuras concebidas, en teoría, para devolver la dirección a los militantes locales.
"Independientemente de las virtudes que tenga el compañero, es polifuncional", ironiza.
"Está cumpliendo roles en varias latitudes y a muchos miles de kilómetros de su sede laboral".
Junto a Rojo aparece Javier Vila, antiguo secretario general del PSOE en Uruguay, a quien Acosta identifica como coordinador para América.
Vivió varios años en Montevideo antes de regresar a España y, según Acosta, comenzó a funcionar desde allí como enlace político de Ferraz con las agrupaciones del continente.
Vila y Rojo constituían, en palabras de Acosta, "el tándem de Pilar Cancela". Asegura que ambos intervenían en distintas agrupaciones y que sus nombres se repetían en comisiones gestoras del continente.
"El objetivo era tener todo bien atado, con poca gente, todos incondicionales regenteando las agrupaciones de América", sostiene. Es su interpretación sobre la estrategia federal, no un hecho admitido por Ferraz.
Uruguay: una gestora sin final
Uruguay es uno de los casos que mejor muestra las dos caras del conflicto. La agrupación estaba dividida cuando Pilar Cancela pidió expresamente a Acosta que presidiera una comisión encargada de normalizarla.
Acosta aceptó y trabajó junto con otros integrantes, entre ellos Juan Miguel Rojo. También fue incorporado Óscar González, actual presidente de la gestora argentina, pese a que no residía en Uruguay.
Una vez cumplidos los objetivos de regularización, Acosta asegura que escribió a Cancela un correo con un mensaje claro: "Misión cumplida. A normalizar". Esperaba que Ferraz convocara a los afiliados y permitiera la elección de una nueva ejecutiva.
Eso no ocurrió. Acosta renunció porque consideró agotado el mandato que había recibido, pero la agrupación continuó administrada por una gestora.
Gustavo Machordom, antiguo secretario general del PSOE uruguayo, ofrece a este periódico una mirada menos tajante.
Reconoce que la organización estaba "fisurada en dos grupos" y admite que la comisión sirvió inicialmente para "poner paños tibios" en una disputa que impedía su funcionamiento.
Su objeción aparece después: considera que la gestora se prolongó más allá de los objetivos que habían justificado su creación.
Acosta utiliza una expresión más dura. Cuando los plazos se vencen reiteradamente, dice, el órgano deja de comportarse como una gestora y se convierte en una "interventora".
"Ya no es una casualidad", sostiene. "Es una decisión política".
La repetición de nombres refuerza sus sospechas. Según su versión, Rojo quedó vinculado al proceso uruguayo y González se incorporó a la comisión de Montevideo pese a ser una figura poco conocida en la colectividad local.
La normativa interna no impediría que militantes de otros países integraran esos órganos.
Los críticos sostienen, sin embargo, que una reorganización transitoria no debería quedar administrada indefinidamente por personas designadas desde fuera del país.
Viajes a Dominicana
En República Dominicana, la intervención no comenzó con una discusión abierta entre Ferraz y la dirección local.
Llegó después de varios viajes en los que, según el entonces secretario general Eduardo Pahíno, los responsables federales no anticiparon ninguna intención de sustituir a la ejecutiva.
La agrupación había convocado su congreso, comunicado la fecha a Madrid y elegido una nueva dirección.
![El censo exterior se ha incrementado más de un 17% desde las elecciones de 2023.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11311690.jpg?p=w:320\/h:240&h=tLBtb0Q8"])
Poco después recibió una carta firmada por Santos Cerdán, entonces secretario de Organización, y Pilar Cancela, responsable del PSOE Exterior, que declaraba disuelta la ejecutiva y anunciaba una gestora.
Los dirigentes dominicanos respondieron con una captura que demostraba que habían informado de la convocatoria.
Ferraz admitió que la comunicación había existido, según Pahino, pero sostuvo que no habían recibido autorización para celebrar la reunión.
"El que conoce la historia del Partido Socialista sabe que esto es un pretexto y que es insólito", afirma.
Antes de aquella ruptura, Cancela y Vila habían viajado a República Dominicana. Pahino asegura que fueron recibidos por la agrupación y que durante esas visitas no plantearon problemas de funcionamiento ni anticiparon una renovación.
El antiguo secretario general cuestiona la frecuencia y el objeto de aquellos desplazamientos, porque los responsables federales no trasladaban a los militantes una agenda política clara.
"Es una cosa muy curiosa, yo no soy quién para juzgarlo", señala.
Más tarde viajaron Vila y Rojo. Pahino no puede asegurar que este último integrara formalmente la gestora, pero sostiene que ambos manejaban el proceso desde Madrid.
Durante aquella visita pidieron que la antigua ejecutiva entregara la documentación y los bienes de la agrupación. No había sede, cuentas relevantes ni una estructura profesional.
Los dirigentes locales entregaron "un sello viejo y un tampón" que utilizaban para validar papeles.
A los pocos días, convencidos de que terminarían expulsados, Pahino y el resto de la ejecutiva abandonaron el PSOE. Según su relato, también se marchó el 99% de los afiliados.
México: intervenir y elegir
México siguió un recorrido distinto. La agrupación fue disuelta en 2022, se constituyó una gestora y posteriormente se convocaron elecciones. En términos formales, el proceso concluyó con una nueva ejecutiva.
La anterior secretaria general decidió no presentar una candidatura. Según antiguos compañeros, estaba molesta por la forma en que Ferraz había tratado a la dirección saliente.
Los críticos sostienen que quienes asumieron después carecían de arraigo en la organización histórica. "No los conoce nadie", habría protestado la antigua responsable según la fuente consultada por este medio.
La afirmación procede de una parte enfrentada con la nueva dirección. Las elecciones, en cualquier caso, distinguen a México de Uruguay y Argentina: allí sí se convocó una votación después de la gestora.
"En México la intervinieron y arrasaron", resume la misma fuente.
La expresión es política, no jurídica, pero muestra la fractura que dejó el proceso entre quienes habían dirigido la agrupación y quienes asumieron después.
Excepción chilena
Chile es el caso menos definido. Acosta describe una estructura muy débil y no puede confirmar que llegara a constituirse una gestora completa, aunque identifica a Javier Vila como la persona designada para coordinarla.
Mogo incluyó al país en su recorrido reciente y aseguró que había mantenido allí encuentros con españoles residentes.
Sin embargo, la información reunida no permite equiparar su situación con las intervenciones de Argentina, Uruguay, México o República Dominicana.
Puede hablarse de supervisión o tutela desde Ferraz, pero no afirmar que existiera una comisión gestora con el mismo alcance que en los otros países.
Un voto todavía pequeño
El crecimiento del CERA no significa que cientos de miles de nuevos españoles vayan a votar ni que, si lo hacen, elijan al PSOE.
González considera "absurdo" convertir el aumento de las nacionalidades en una bolsa electoral socialista.
Recuerda que, en las últimas elecciones del Consejo de Residentes Españoles de Buenos Aires, participó alrededor del 0,5% del padrón.
"Acá no vota casi nadie", sostiene.
En las generales de 2023, la participación exterior rondó el 10%, muy lejos del 60% o 70% registrado habitualmente dentro de España. Tampoco constan encuestas públicas que permitan conocer la orientación política de los nuevos nacionalizados.
González rechaza, además, que los descendientes soliciten el pasaporte únicamente para emigrar. Muchos, explica, lo hacen porque consideran que es un derecho, por una conexión afectiva con sus padres o abuelos o para dejar abierta una posibilidad futura a sus hijos.
La relación entre nacionalidad y voto, sin embargo, apareció en los discursos públicos desde el comienzo de la ley.
En octubre de 2022, pocos días después de su entrada en vigor, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, reunió en el Club Español de Buenos Aires a representantes de la colectividad y celebró tanto el acceso a la ciudadanía como la eliminación del voto rogado.
Tres años después, el entonces ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, participó en otro encuentro con emigrantes y descendientes en el Centro Galicia. Al hablar de una posible nueva ampliación del plazo, señaló que para aprobarla serían necesarias "mayorías" políticas.
Una fuente del Consejo de Residentes Españoles en Argentina vinculada al PP sostiene a este medio que en ambos encuentros se fue más allá de esos mensajes públicos.
Según su versión, se pidió apoyo electoral en reconocimiento a la Ley de Memoria Democrática y se advirtió que un cambio de Gobierno podía comprometer su continuidad.
No existen vídeos públicos que permitan corroborar esas palabras y las crónicas de los actos no recogen una petición explícita del voto.
Dos versiones
Las fuentes críticas consultadas no hablan desde fuera del partido: son afiliados o antiguos dirigentes con años de trabajo en las agrupaciones y en las comunidades españolas de sus países.
Sostienen que sus denuncias buscan esclarecer lo ocurrido y recuperar el funcionamiento interno del PSOE, no perjudicarlo.
González recuerda que la agrupación argentina apenas supera el millar de militantes y no constituye una maquinaria capaz de movilizar a cientos de miles de nuevos ciudadanos.
Los antiguos dirigentes plantean otra cosa. No cuestionan el derecho de los descendientes a obtener la nacionalidad ni necesariamente las tareas de asesoramiento.
Denuncian que Ferraz utilizó las gestoras para decidir quién podía conducir las agrupaciones y durante cuánto tiempo, sin devolver después la palabra a los afiliados.
En Buenos Aires trasladaron ese malestar directamente a César Mogo. Le dijeron que los plazos estaban vencidos y que la agrupación debía celebrar elecciones internas.
Según ese testimonio, Mogo escuchó sus reclamos y después dejó aquella indicación: "Junten votos".
![.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11233150.jpg?p=c:1619:1215:nowe:35:0\/w:320\/h:240&h=yNiSubRt"])
La relevancia de la frase está en el contexto: mientras el censo exterior incorporaba miles de nuevos electores cada mes, Ferraz reorganizaba distintas agrupaciones latinoamericanas y enviaba a su responsable de Exterior a reunirse con españoles en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.
Para la dirección actual, fueron procesos de normalización orgánica previstos por las normas del partido. Para quienes perdieron el control de las agrupaciones, intervenciones políticas prolongadas más allá de cualquier transición razonable.
La pregunta pendiente no está en los hijos y nietos de emigrantes que recuperaron la nacionalidad de sus antepasados. Está en Madrid, en las decisiones adoptadas dentro de Ferraz y en por qué tantas agrupaciones latinoamericanas quedaron sometidas a procesos de reorganización precisamente cuando el voto exterior comenzaba a crecer como nunca antes.
