El PP acusa a Sánchez de buscar "alterar el censo electoral en el medio plazo" a través de la regularización de inmigrantes

Según Génova, el presidente socialista busca "alterar el censo electoral en el medio plazo" mediante la entrada de "más de dos millones de nuevos votos", entre el decretazo y las consecuencias de la llamada ley de nietos.

Hasta ahora, el PP había centrado sus ataques en aspectos procedimentales y técnicos.

Alberto Núñez Feijóo acusó el lunes a Sánchez de "premiar la ilegalidad", pero sólo criticó que la medida se aprobara por real decreto, "sin pasar por el Congreso". Denunció que los filtros fueran "insuficientes", limitándose a exigir "no tener antecedentes penales" cuando el PP reclama también el control de antecedentes policiales.

También reprochó el líder del PP que la fecha límite de residencia, el 31 de diciembre de 2025, fuera más permisiva que la que proponía la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de 2024, que ponía el límite en diciembre de 2021.

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Y cuestionaba, por supuesto, el timing político del anuncio, viéndolo como un intento de "desviar el foco" de la crisis ferroviaria causada por los trágicos accidentes de Adamuz y Gélida.

¿Intención deliberada?

Según fuentes de la dirección popular, "el Gobierno va a conceder la nacionalidad española de origen a cerca de 2,5 millones de personas" a través de la llamada ley de nietos, que es como se conoce a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.

Este precepto prevé otorgar el derecho a la nacionalidad española para "los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española".

Esta nacionalidad es de origen, no por residencia, lo que otorga derechos plenos e inmediatos, lo que, efectivamente, modificará el censo de españoles residentes ausentes (CERA).

Además, la regularización de "cerca de 800.000 personas" modificaría el censo municipal. El PP se acoge a un cálculo mucho mayor de beneficiarios que el esbozado por la ministra portavoz, Elma Saiz, de "unas 500.000 personas".

Los dirigentes populares sostienen que estas modificaciones tendrán efectos inmediatos en los derechos de voto: los nacionalizados por la ley de nietos "podrán votar en todas las elecciones, excepto municipales".

Los regularizados procedentes de los 13 países con convenio de reciprocidad "podrán votar en municipales". Y además, los procedentes de Iberoamérica, Andorra, Portugal, Filipinas, Guinea Ecuatorial o de origen sefardí, "tras dos años, podrán solicitar la nacionalidad y votar en todo tipo de elecciones".

La dirección del PP sostiene que "el PSOE sí pretende alterar el censo electoral en el medio plazo y sí está fomentando el clientelismo político a golpe de BOE". Una acusación que introduce la acusación de una intención deliberada de modificar la composición del electorado mediante cambios administrativos.

Cifras y plazos

Pero estas declaraciones requieren verificación, según los expertos consultados, sobre todo en lo tocante a las cifras y a los plazos legales.

La Ley de Memoria ha impulsado 2,3 millones de solicitudes, según datos de la Comisión de Ciudadanía Española en el Exterior. De éstas, sólo han sido concedidas 237.145 nacionalidades hasta septiembre de 2025.

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El plazo para solicitar finalizó el 22 de octubre de 2025 y, a este ritmo, el plazo de resolución administrativa de todos los expedientes llevaría una década.

En cuanto a la regularización, esa cifra de 800.000 beneficiarios que maneja el PP corresponde a estimaciones de Funcas, sobre el total de personas en situación irregular en España al 1 de enero de 2025.

Según estas fuentes, no todos los que podrían beneficiarse de la medida cumplirán con los requisitos formales. Aunque es cierto que cuando el PP votó a favor de tramitar la ILP en 2024 ya se hablaba de más de 750.000 beneficiarios.

Respecto al impacto electoral inmediato, las leyes marcan algo más que un "medio plazo".

Para votar en municipales, los extranjeros regularizados necesitarán, tras el trámite, acumular cinco años más de residencia legal continuada. Esto sitúa el voto municipal de los regularizados en 2031 como mínimo.

Además de que para votar en las municipales deben formar parte de esos 13 países con convenio de reciprocidad con España. Es decir, proceder de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido o Trinidad y Tobago.

Sí es cierto que, en sólo dos años, los naturales de Latinoamérica, Andorra, Portugal, Guinea, Filipinas o personas de origen sefardí podrán obtener la nacionalidad española. Y eso les daría todos los derechos legales, incluidos los de sufragio activo y pasivo.

Y que también hay una contradicción en los argumentos del Gobierno.

Cuando los socialistas le afean al PP sus reticencias a la regularización, le acusan de "racismo, pese a que el 90% de los beneficiarios son latinoamericanos, y no magrebíes"... y en realidad, eso confirmaría que podrá haber cientos de miles de nuevos votantes en el censo en 2028.

Feijóo lleva la polémica a Europa

Este fin de semana, Feijóo viaja a Zagreb. El líder del PP llevará la regularización masiva al encuentro de líderes del Partido Popular Europeo que se celebra este viernes y sábado en la capital de Croacia.

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Según fuentes populares, Feijóo incidirá en "la preocupación que genera en Europa la propuesta de regularización masiva". El político gallego hará énfasis en que debería guiarse por "criterios individualizados y condicionados", como exigen los Pactos de Migración y Asilo de la UE.

El presidente del PPE, Manfred Weber, ya criticó este miércoles en Bruselas que la regularización de Sánchez "se hace dando la espalda al debate parlamentario y siguiendo criterios opuestos a los fijados en la UE".

De hecho, los eurodiputados del PP ya han registrado una batería de preguntas escritas ante la Comisión Europea, a las que ha tenido acceso este diario.

En ellas, cuestionan al Ejecutivo comunitario si España "ha informado sobre la medida, conforme a obligaciones de cooperación leal en Schengen".

También sobre si "una regularización general cumple con conclusiones del Consejo Europeo, que exigen criterios caso a caso". Y si la Comisión mantiene su posición de que "las regularizaciones masivas pueden incentivar la migración irregular" y no deben considerarse "instrumentos estructurales de gestión migratoria".