A la izquierda, la parroquia de San Pedro Regalado y José de Calasanz; a la derecha, Wooby Oreste O. J. el expárroco acusado de agredir de manera continuada a una mujer que acudió a la iglesia a pedir ayuda.

A la izquierda, la parroquia de San Pedro Regalado y José de Calasanz; a la derecha, Wooby Oreste O. J. el expárroco acusado de agredir de manera continuada a una mujer que acudió a la iglesia a pedir ayuda. E.E.

Reportajes

Wooby, el cura de Vallecas condenado a 11 años de prisión por violar a una feligresa que acudió a Cáritas pidiendo ayuda

La sentencia considera probado que utilizó las ayudas de Cáritas y la vivienda parroquial para someter a una inmigrante recién llegada a España

Más información: Aplazan a 2027 el juicio del sacerdote vallisoletano Antonio Pelayo por agresión sexual leve: "Está deseoso de seguir vivo"

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La iglesia de San Pedro Regalado y San José de Calasanz lleva años siendo el lugar al que acuden muchas personas del distrito madrileño de Puente de Vallecas en busca de ayuda.

A ella llegan también muchas personas que acaban de aterrizar en España y necesitan comida, trabajo o un colchón donde dormir.

Durante años, quien estaba detrás de las bolsas de alimentos, de los bonos de Cáritas y de las entrevistas con las familias necesitadas era el padre Wooby Oreste J. O., un sacerdote haitiano conocido en el barrio por su trabajo social y por su cercanía con los más vulnerables.

La Audiencia Provincial de Madrid le ha condenado a 11 años de prisión por violar de forma continuada a una de aquellas mujeres vulnerables que acudieron a la parroquia pidiendo ayuda.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el sacerdote se aprovechó de la "toma de decisión que tenía respecto de las ayudas que proporcionaba Cáritas" y de la "situación de necesidad" de una feligresa colombiana recién llegada a España para abusar sexualmente de ella.

Laura —nombre ficticio utilizado para preservar su identidad— llegó de Colombia a Madrid en febrero de 2022 sin casa y sin trabajo.

Solo llevaba diez días en España cuando alguien le habló de Cáritas y de una parroquia donde ayudaban a migrantes sin recursos.

La primera persona en recibirle fue el propio sacerdote.

Según recoge la resolución del tribunal, Wooby Oreste J.O. le ofreció casi de inmediato una casa "contigua a la vivienda del párroco". Laura aceptó. No tenía otro lugar al que ir.

Ella no sabía que aquella ayuda terminaría convirtiéndose en una pesadilla marcada por el control y la manipulación por parte del hombre que le había entregado las llaves y que también ocupaba el altar.

Empresario y político

Wooby Oreste J.O. nació en Puerto Príncipe, la capital de Haití, en 1970.

Hijo de un militante de la socialdemocracia haitiana y criado en un ambiente profundamente politizado y anticlerical, durante su juventud parecía destinado más a la política que a la Iglesia.

Él mismo contó en una entrevista radiofónica el pasado mes de agosto que su padre —abiertamente ateo y muy crítico con la institución eclesial— nunca aceptó del todo que acabara ordenándose sacerdote.

Su vida cambió a los 19 años, cuando conoció en Haití a un misionero italiano cuya labor social le impactó profundamente.

A partir de ahí inició un camino religioso que le llevó primero a República Dominicana y después a Roma, antes de aterrizar definitivamente en España en 1996 para continuar su formación sacerdotal.

Fue enviado a Madrid para estudiar Filosofía y Teología y en la capital española fue ordenado sacerdote en 2003.

Comenzó su trayectoria pastoral en Torrelodones, donde pasó sus primeros años integrándose en la sociedad española.

Más tarde fue destinado como misionero a Venezuela, donde permaneció cinco años, y posteriormente al sur de Francia.

El terremoto que devastó Haití en 2010 marcó otro punto de inflexión en su vida. Tras aquella tragedia decidió regresar definitivamente a la diócesis de Madrid.

Pasó por parroquias de Barajas, la Sierra Norte y el Valle del Lozoya antes de acabar destinado a San Pedro Regalado y San José de Calasanz, en Puente de Vallecas, en 2018.

Fue ahí donde construyó la imagen pública que terminó convirtiéndole en un rostro conocido dentro de la Iglesia madrileña: un sacerdote muy implicado en la ayuda social, especialmente durante la pandemia.

Además de sacerdote, Wooby ha desarrollado en los últimos años una intensa actividad pública fuera del ámbito estrictamente religioso.

Hace unos meses afirmó en una entrevista que representa a España y Europa en un "consorcio de partidos políticos" haitianos y que ha sido nombrado "representante internacional" del partido.

Aunque nunca concretó públicamente qué fuerzas integraban ese bloque, sí aparece vinculado al partido socialdemócrata haitiano FUSION, con cuya delegación participó en el Consejo Internacional de la Internacional Socialista celebrado en Malta a finales de junio de 2025.

Por otro lado, su perfil de LinkedIn sigue activo y actualizado semana a semana.

La última publicación la realizó hace apenas unos días, vinculada precisamente a sus proyectos educativos y sociales relacionados con Haití.

En su cuenta aparece como fundador de HIDE Consultation y de Zanmi Ayiti.es (Sèvi-Ayiti Agence Group), iniciativas orientadas a facilitar formación y oportunidades a jóvenes haitianos en el extranjero.

También indica que, desde enero de 2026, trabaja en la firma LEADERS RADAR vinculado al área de consultoría y liderazgo. Según su página web, esta empresa está especializada en diplomacia pública, liderazgo estratégico y posicionamiento internacional.

Esta imagen de gestor e intermediario entre Madrid y Puerto Príncipe convive ahora con la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condena al expárroco a 11 años de prisión por violar de forma continuada a una mujer vulnerable que acudió a su parroquia de Vallecas buscando ayuda.

Pared con pared

Laura llevaba poco más de una semana en España cuando entró en esta parroquia de ladrillo rojizo de Vallecas buscando auxilio.

No conocía Madrid, no tenía dinero, ni red familiar, ni un lugar estable donde dormir. La sentencia describe una situación de "mucha necesidad".

Wooby le hizo pasar a un despacho y "de forma inmediata" le ofreció un techo; una vivienda pegada a la del sacerdote que hacía que tan solo les separara una pared.

La propia resolución judicial subraya que varias ayudas solicitadas por la mujer comenzaron a resolverse "rápidamente" cuando ya había cedido a las exigencias del acusado.

En un principio Laura no le dio importancia a sus insinuaciones. Todo el mundo confiaba en él, tenía fama de ser un cura "de barrio", cercano y entregado a los pobres. ¿Por qué no iba a hacerlo ella?

Sin embargo, hubo un acercamiento que la descolocó. Mientras ambos hablaban en la vivienda del sacerdote, el párroco "destapó sus intenciones lascivas" y comenzó a decirle que "a pesar de ser sacerdote, le gustaban las mujeres".

Ella se marchó mostrándose incómoda, pero al día siguiente volvió a cruzárselo y el sacerdote trató de besarla. Ella se resistió porque "le repelía que se mostrara de esa forma un sacerdote".

Él pidió disculpas y le dijo que "se había dejado llevar".

Sin embargo, los episodios más violentos todavía estaban por llegar.

Delito continuado

Un domingo por la noche, cerca de las 23, Laura estaba dentro de la vivienda parroquial cuando Wooby entró sin pedir permiso utilizando sus propias llaves y le manifestó que "si no aceptaba lo que él le pedía, se tendría que ir de la vivienda".

No fue un episodio aislado. La Sala aprecia un delito continuado de agresión sexual.

Las violaciones se repitieron durante semanas bajo el mismo patrón de dominación. La segunda agresión, según el fallo, ocurrió dos días después.

El sacerdote volvió a entrar usando las llaves y aunque ella le pidió que se marchara, de nuevo, no sirvió de nada.

El acusado le tiró del pelo hacia abajo y le obligó a realizarle una felación. Después la penetró vaginalmente.

Al terminar, llegaron las amenazas. El párroco le dijo que no se le ocurriera contarlo porque era "un escándalo” y, además, la amenazó con "darle un tiro" y después suicidarse pegándose otro tiro él.

"Un trauma profundo"

Laura terminó huyendo de aquella vivienda pegada a la casa del párroco aunque la decisión significara volver al abismo.

Se encerró en una habitación precaria de la calle Peña del Atalaya, una de las calles más bulliciosas del barrio de San Diego.

Allí pasó hambre, frío, soledad e, incluso, enfermedad; pero, al menos, estaba lejos de él.

Sin embargo, Wooby continuó pendiente de ella. Sabía que tenía necesidades económicas y que seguía sola.

Cuando el sacerdote descubrió todas las penurias que atravesaba la mujer, volvió a presionarla sexualmente. "Ya sabes cómo me tienes que pagar", le advirtió un día.

En una de esas ocasiones, la llevó de nuevo a su piso y volvió a agredirla sexualmente.

Ella intentó seguir adelante, buscó trabajo y trató de ser autosuficiente, aunque era complicado hacerlo mientras convivía con la culpa, el miedo y la humillación, sintiendo "un profundo rechazo de su propia persona".

La herida psicológica quedó reflejada en los informes periciales incorporados a la causa.

"No podían callarse"

Mientras tanto, dentro de la parroquia empezaron a circular rumores.

Una de las responsables de Cáritas comenzó a recibir testimonios sobre el comportamiento del párroco con mujeres inmigrantes vulnerables.

Una voluntaria y su marido, que llevaban años colaborando en la parroquia, abandonaron el servicio porque, según declararon después, "No les gustaba lo que habían visto" y decidieron entonces trasladar sus sospechas a Cáritas.

"No podían callarse", recoge literalmente la sentencia.

Fue entonces cuando Laura y otras tres mujeres interpusieron una denuncia contra el párroco.

Las cuatro compartían un perfil parecido: inmigrantes latinoamericanas, con dificultades económicas y vinculadas de un modo u otro a Cáritas y a la parroquia de San Pedro Regalado.

Los relatos de las otras tres mujeres recogidos en la sentencia dibujan un patrón de comportamientos invasivos, insinuaciones sexuales y acercamientos impropios de quien ocupaba el altar y gestionaba las ayudas sociales del templo producidos entre 2020 y 2022.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid considera que esos hechos no alcanzan relevancia penal suficiente, "aun pudiendo resultar de mal gusto o mala educación".

Fue la propia estructura de la Iglesia madrileña la que acabó activando el protocolo interno.

Desde la Vicaría IV de Vallecas citaron a Laura y a las otras denunciantes.

Allí fueron recibidas por un sacerdote y responsables de Cáritas y relataron lo que, según aseguraban, había ocurrido dentro de la parroquia de San Pedro Regalado.

Después fueron derivadas al Proyecto Repara, dependiente de la Archidiócesis de Madrid y especializado en "víctimas de abusos sexuales, espirituales y de conciencia" en entornos eclesiales.

Las cuatro fueron atendidas por un psicólogo que les diagnosticó un "trastorno de estrés postraumático" derivado, según el informe pericial incorporado a la causa, de "una experiencia traumática consecuencia de un abuso de poder".

El caso terminó estallando también fuera de los despachos eclesiásticos.

En 2024, el Obispado apartó abruptamente a Wooby Oreste J.O. de la parroquia de Vallecas después de que las cuatro mujeres formalizaran sus denuncias.

"Soy cura, no un violador"

Wooby Oreste J.O. rechazó durante el procedimiento las acusaciones formuladas contra él y negó haber mantenido "cualquier hecho de carácter sexual" con Laura.

Asegura que detrás de las denuncias existe una suerte de enfrentamiento interno dentro de la parroquia y de Cáritas y que se siente víctima de "coacciones y extorsiones".

La Audiencia, sin embargo, desmonta esa tesis.

Wooby continúa siendo una figura conocida en Vallecas. Durante años construyó una imagen pública de párroco cercano a los pobres y muy implicado en labores sociales.

En la pandemia la parroquia se convirtió en uno de los puntos de reparto de alimentos del barrio y él aparecía frecuentemente rodeado de voluntarios, bolsas de comida y familias necesitadas.

Aquella proyección pública llegó incluso hasta el Ayuntamiento de Madrid. José Luis Martínez-Almeida visitó la parroquia durante uno de los repartos solidarios y posó para la prensa junto al sacerdote en plena crisis del COVID.

Detrás de esa imagen de cura volcado con los más vulnerables, la sentencia describe la realidad de un hombre que utilizó su posición de poder sobre una mujer recién llegada a España, sin recursos y completamente dependiente de la estructura parroquial.

Los magistrados consideran especialmente grave ese abuso de autoridad moral y material e imponen la pena en la parte más alta: 11 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual, diez años de libertad vigilada, 18 de inhabilitación para trabajar con menores y una orden de alejamiento de 12 años respecto a la víctima.

La Audiencia también obliga al sacerdote a indemnizar a la víctima con 40.000 euros por el daño moral sufrido.

Laura llegó a la parroquia de Vallecas buscando algo tan básico como un lugar donde dormir después de aterrizar sola en España y lo que encontró fue a un sacerdote que convirtió esa vulnerabilidad extrema en una herramienta de sometimiento.