El letrado Rafael López, de 72 años, tiene su despacho en Yecla.
El abogado Rafa recurre un juicio para 2029 tras 19 años de retraso porque estará jubilado y el juez contesta que él también
El auto lamenta el déficit estructural del sistema: "Tanto a nivel nacional como a nivel de esta Audiencia Provincial, faltan muchísimos jueces que el Ministerio de Justicia, en representación del Estado, no cubre".
"Es por tanto el Estado el que tiene que resolver, de una vez por todas, el gravísimo problema de la falta clamorosa de jueces, letrados de la Administración de Justicia e incluso funcionarios que se da en este país".
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El abogado Rafael López no podrá representar a sus dos clientes -afectados por una estafa- en el juicio que está previsto para mayo de 2029. El motivo es su jubilación. Rafael López tiene 72 años, espera llegar a cumplir los 75 con la buena salud que atesora actualmente, pero tiene claro que habrá jubilado su toga de letrado antes de que transcurran los próximos tres años.
Otro dato sonrojante de esta causa que evidencia que la falta de medios que sufren los juzgados provoca retrasos de campeonato, lo aporta la fecha en la que se inició la instrucción judicial: el año 2010.
Por aquel entonces, dos de los tres socios de Armazones Pefrank's, dedicada a fabricar esqueletos de madera, denunciaron al tercer socio, Pedro Pascual M. F., por falsificar supuestamente sus dos firmas para sacar dinero de la cuenta bancaria que tenían mancomunada, realizando "24 reintegros" en ventanilla o en caja que presuntamente fueron a parar a su bolsillo.
Los dos socios de Armazones Pefrank's sufrieron una estafa de 60.880 euros y sienten impotencia porque tendrán que esperar 19 años para que la Justicia actúe y llegar vivos para verlo, ya que la vista oral se ha señalado los días 9 y 10 de mayo de 2029.
Entretanto, Pedro Pascual, el denunciado, disfrutará de dos décadas de libertad, a pesar de que la Fiscalía le pide 5 años de cárcel por delito continuado de falsedad en documento mercantil y apropiación indebida.
Rafael López, uno de los abogados más prestigiosos de Yecla, ha recurrido la fecha del juicio, alertando de que se habrá jubilado y no podrá representar a sus dos clientes como acusación particular. Así lo refleja en su recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Murcia:
“El letrado que suscribe ha dirigido la acusación particular desde el inicio de este complejo procedimiento, en el año 2010. La confianza depositada por mis representados y el conocimiento exhaustivo y pormenorizado de la causa, acumulado durante casi dos décadas, constituyen un activo procesal fundamental para la efectividad de la acusación. En la fecha prevista para la vista oral, este letrado contará con casi 75 años”.
“Esta circunstancia, lejos de ser una cuestión meramente personal, se erige como un hecho objetivo e ineludible que introduce un riesgo cierto y constatable de que no pueda culminar la labor de defensa en la fase más crucial del proceso, ya sea por jubilación o por otras circunstancias ligadas a la edad. La eventual necesidad de sustituir la dirección letrada en una fase tan avanzada, tras casi veinte años de tramitación, causaría un perjuicio irreparable a la parte acusadora”.
Rafael no se esperaba la respuesta que iba a recibir del magistrado Augusto Morales, presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia, admitiendo el retraso del proceso y que él mismo como juez también será un pensionista en el año 2029. De hecho, en un auto judicial impecable, pone el dedo en la llaga de un mal endémico que sufren muchos juzgados de toda España: el déficit de personal.
Toma de posesión del magistrado Augusto Morales, como Presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia, en junio de 2020.
“Aunque jurídicamente las razones del recurrente son impecables, pues lleva toda la razón en que el señalamiento de juicio de esta causa por delito de falsedad, estafa o apropiación indebida es demasiado tardío (mayo de 2029). El problema que tiene este tribunal es que la cuestión suscitada nace de un vicio estructural muy grave".
"Tanto a nivel nacional como a nivel de esta Audiencia Provincial, faltan muchísimos jueces que el Ministerio de Justicia, en representación del Estado, no cubre", lamenta el magistrado Augusto Morales, tirando un dardo al ministro Félix Bolaños.
El auto también analiza el panorama que arrojan los juzgados murcianos: los más lentos de España por una falta de medios que ha denunciado varias veces el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Valga como ejemplo que reclamó al Consejo General del Poder Judicial la creación de una nueva sección penal después de que Murcia superase a Castilla-La Mancha: líder en lentitud judicial hasta el año 2023.
“El número de juicios orales, apelaciones y ejecutorias de este tribunal es altísimo, hasta el punto, por ejemplo, de que existen ya otros juicios señalados para los años 2030 y siguientes, sin que sea posible “colar” la causa del recurrente, en perjuicio de otros señalamientos de juicio anteriores y que también llevaban mucho tiempo pendientes antes de ser señalados”.
El experimentado magistrado Augusto Morales reconoce al abogado recurrente que él también se habrá jubilado antes del año 2029, cuando llegue el momento de juzgar esta estafa ocurrida en Yecla.
“Aunque el letrado que suscribe el recurso de revisión, invocaba que para la fecha del juicio establecida él ya estará jubilado, eso mismo ocurre con unos cuantos magistrados de este tribunal que también se jubilarán en los próximos años, empezando inmediatamente por quien suscribe”.
Prueba de ello es que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, el pasado 4 de mayo, publicó una foto del magistrado Augusto Morales, anunciando que había firmado su acta de cese por jubilación, agradeciendo sus más de cuatro décadas de excelentes servicios -la mayoría en Murcia-.
El magistrado Augusto Morales, presidente de la Sección 2 de la Audiencia Provincial de Murcia, el 4 de mayo, despidiéndose por su jubilación con sus compañeros.
El auto al que ha accedido EL ESPAÑOL reconoce también que los empresarios víctimas de esta estafa bancaria suman casi dos décadas de espera, pero insiste en que no hay hueco en el calendario judicial:
“Y aunque también invocó la antigüedad de la causa, eso mismo sucede con otros muchísimos procedimientos de juicio oral que tiene asignados este tribunal y que se van señalando en función de la muy sobrecargada agenda de señalamientos que tenemos, que en este momento no se puede agilizar sin causar grave daño a otros justiciables que tienen fijado su señalamiento en fecha anterior, en función de la naturaleza de los delitos a enjuiciar".
El magistrado -jubilado desde mayo- aporta datos sobre la tasa de jueces que tiene nuestro país, para recordar que eso “impide atender con la prontitud que sería deseable” demandas presentadas por ciudadanos, procesos de desahucio de okupas, investigaciones de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, casos de corrupción política...
“Recordamos que el número de jueces españoles por cada 100.000 habitantes es equiparable al de países como Azerbayán o Armenia, muy alejado de las tasas propias de países de nuestro entorno en la Unión Europea; e incluso la Región de Murcia es la que tiene menor tasa de jueces de España por cada 100.000 habitantes, según datos estadísticos oficiales que obran en el seno del Consejo General del Poder Judicial”.
“Es por tanto el Estado el que tiene que resolver, de una vez por todas, el gravísimo problema de la falta clamorosa de jueces, letrados de la Administración de Justicia e incluso funcionarios judiciales que se da en este país, así como la adecuación con sentido práctico y verdaderamente útil de las leyes procesales a los tiempos actuales".
"Es lo único que en principio, y por lógica, parece que pudiera resolver el problema de la mucha sobrecarga de tantos y tantos órganos judiciales españoles y del consiguiente retraso que ello produce en innumerables procedimientos en tramitación. Pero seguimos esperando”.
El magistrado Augusto Morales apoya con jurisprudencia sus afirmaciones que afectan al ministro de Justicia, Félix Bolaños, aludiendo a sentencias del Tribunal de Derechos Humanos o del Tribunal Constitucional.
“El propio Tribunal Constitucional ha tenido que recordar, una y otra vez, a los poderes públicos responsables del lento funcionamiento de la Administración de Justicia en general, la necesidad de acabar con las numerosas e importantes deficiencias estructurales de la Administración de Justicia, así como que el Estado provea la dotación a los órganos judiciales de los medios personales y materiales precisos para el correcto desarrollo de las funciones que el ordenamiento les encomienda”.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, reunido con Manuel Luna (1i), presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en septiembre de 2025.
Este auto de la Audiencia Provincial sería suscrito por más de un sindicato porque también rompe una lanza por la conciliación laboral de los trabajadores de la Administración de Justicia y apuesta por modificar el sistema actual para agilizar las investigaciones judiciales.
“Lleva muchísimo tiempo pendiente, la fijación por el Consejo General del Poder Judicial de la carga máxima de trabajo de cada órgano judicial de este país, que permita la prevención de riesgos laborales de quienes ejercen sus funciones en el ámbito de la Administración de Justicia, la debida conciliación de la vida personal y familiar de todos sus componentes y el cálculo adecuado del personal judicial necesario, para atender realmente las necesidades reales existentes”.
“Junto a ello, todavía sigue estando pendiente la modernización real de nuestra vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal que no es capaz de servir adecuadamente al tiempo actual de nuestra sociedad y que también es bastante responsable de muchos de los retrasos que se producen en la jurisdicción penal”.
"Por la existencia de mecánicas de procedimiento claramente inoperativos y excesivamente burocratizados en que la intervención del Fiscal, casi siempre, es a posteriori, o a expensas de la actuación del Juzgado de Instrucción que no es precisamente el órgano que puede formular en su caso la acusación, pero es el que tiene que preparar su posibilidad, sin saber exactamente lo que va a necesitar el Ministerio Público".
El magistrado concluye que debe “desestimar” el recurso del abogado yeclano Rafael López, aunque admite que tiene razón en el fondo del asunto: la demora de programar un juicio a tres años vista, cuando la instrucción judicial ya suma 16 años, pero insiste en que es imposible “colar” este caso de estafa en la agenda de los juzgados.
“En cualquier caso, en algún momento se intentará atender las pretensiones del recurrente de adelantar las fechas del juicio de esta causa dentro de las posibilidades reales de actuación de que se dispone para ello y que en este momento son nulas”.
Expedientes acumulados en los juzgados.
El abogado perjudicado, lejos de tomarse a mal esta respuesta, ha tenido otro gesto inaudito y ha agradecido el contenido del auto al propio magistrado. Además, lo ha enviado al Consejo General del Poder Judicial para que tome nota del panorama que hay en los juzgados españoles.
“Este letrado, desea manifestar su más sincero agradecimiento, tanto personal como profesional, al Ilustrísimo Señor Magistrado Presidente de esta Sección, Don Augusto Morales Limia, por la sensibilidad y comprensión demostradas en la fundamentación del auto de fecha 23 de abril".
"Si bien dicho auto desestimó el recurso de revisión interpuesto, su fundamentación reconoció expresamente la justicia de nuestra reclamación, lamentando la excesiva dilación del señalamiento de la vista oral y documentando la disfunción sistémica”, según subraya Rafael López.
“Esta parte, en defensa de los derechos de sus representados y demás usuarios de la Administración de Justicia, y en la convicción de que la situación descrita trasciende el caso concreto, ha decidido poner en conocimiento de los órganos de gobierno del Poder Judicial la grave quiebra del derecho a la tutela judicial efectiva que esta causa evidencia”.
De momento, el magistrado Augusto Morales ya está jubilado y el letrado Rafael López tiene en el horizonte hacerlo, sin duda, cuando lo haga, el sistema judicial habrá perdido a dos de sus grandes defensores que solo piden una cosa al ministro Bolaños: medios suficientes para hacer su trabajo en tiempo y forma.
