Ilustración generada con inteligencia artificial para representar el conflicto abordado en este reportaje.
Paco y los padres que se oponen a que se elimine el síndrome de alienación parental: "La manipulación a los hijos existe"
El Gobierno busca prohibir este concepto en procesos judiciales mientras crece el debate sobre custodias, denuncias cruzadas y vínculos familiares rotos.
Más información: Ya ha entrado en vigor: el impago de la hipoteca tras el divorcio puede ser delito de abandono de familia
La pantalla ilumina apenas el salón. Paco Rodríguez se queda mirando el perfil de LinkedIn de su hija como si intentara reconstruir una vida a partir de fragmentos sueltos: un nuevo trabajo, una foto profesional, una ciudad distinta. Hace años que no hablan.
Ya no sabe exactamente cuándo dejaron de hacerlo del todo. A veces se entera de cosas importantes por redes sociales, por conocidos, por comentarios ajenos. "Imagínate lo que es enterarte por LinkedIn de la vida de tu hija", dirá después, todavía incrédulo.
Durante años, aprendió a seguir su crecimiento a distancia. Primero fueron las notas del colegio, las tutorías, las reuniones a las que intentaba asistir incluso después de la separación.
Más tarde llegaron los juzgados, los informes psicosociales, las denuncias cruzadas y una batalla judicial que, según cuenta, terminó ocupando casi toda su vida adulta. "Llevo 27 años intentando cerrar mi divorcio", dice desde Madrid.
En ese tiempo, Paco, miembro de la asociación Padres y Madres en Acción perdió la cuenta de cuántas veces pasó por tribunales de familia.
Pero recuerda con precisión el desgaste: abogados que cambiaban, mediaciones fallidas, sentencias que tardaban meses y conflictos que nunca terminaban de cerrarse.
Su hija hoy es adulta. La distancia entre ambos también.
El Gobierno aprobó esta semana en primera vuelta el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego.
Entre otras modificaciones, la reforma busca prohibir expresamente el uso del llamado síndrome de alienación parental (SAP) y conceptos similares en informes judiciales o administrativos, al considerar que se trata de una teoría "ascientífica" utilizada históricamente para desacreditar denuncias de violencia machista o abusos infantiles.
Pero para padres separados que integran asociaciones en España como Padres y Madres en Acción o Asociación Pro derechos del niño S.O.S PAPÁ, el anuncio cayó como un golpe.
"No importa cómo quieran llamarlo. La manipulación existe", insiste Paco. "Los psicólogos utilizarán otro término, pero la realidad seguirá estando ahí".
La psicóloga experta en divorcios, Rosa María Boal, considera que, más allá de la discusión sobre el nombre, los tribunales deberían poder detectar cuándo un menor pierde una relación sana con alguno de sus progenitores y por qué ocurre.
"Tener una relación sana con ambos proporciona salud mental a un hijo", sostiene la autora de varios libros sobre Separación y Divorcio. Y advierte que la ausencia prolongada de uno de los padres "puede generar alteraciones psicológicas importantes".
El SAP no está reconocido por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni por los principales manuales diagnósticos de psiquiatría.
Para Save the Children, además, el concepto provocó daños concretos durante años en procesos judiciales.
"Es una figura que ha tratado de convertir en manipulación situaciones que en realidad eran denuncias de violencia", sostiene Carmela del Moral, responsable de Políticas de Infancia de la organización en España.
"Lo que intenta la reforma es que las decisiones judiciales sobre custodia o visitas no puedan sustentarse en un síndrome ascientífico que incluso distintas audiencias provinciales han señalado como un espacio de impunidad para ocultar abusos sexuales".
Sin embargo, del otro lado, asociaciones de padres separados aseguran que prohibir siquiera mencionar el concepto invisibiliza situaciones reales de instrumentalización de los hijos en procesos de ruptura.
Paco habla rápido. Encadena recuerdos, ejemplos, estadísticas que leyó alguna vez y escenas personales que todavía lo persiguen. A ratos parece hablar del sistema judicial español; a ratos, de su propia vida.
"En España un divorcio es una carrera de resistencia", resume.
"Pesadillas"
Hay una escena que Paco todavía reconstruye con culpa. Su hija tenía pesadillas. Él lo notaba cuando dormía en su casa durante el régimen de visitas.
Intentó hablarlo con la madre, dice, pero no consiguió avanzar. Entonces decidieron llevar a la niña a una psicóloga.
Tiempo después, la situación explotó. "Mi hija me dijo un día: 'Mandé a la mierda a la psicóloga'. Yo me quedé helado", recuerda.
"Pedí una cita para entender qué había pasado y después descubrí que había un informe contra mí elaborado tras una conversación de apenas diez minutos".
Paco todavía habla de aquella experiencia como una especie de quiebre. "No sabes en quién confiar", dice. "Todo termina judicializado".
La psicóloga sostiene que en los divorcios altamente conflictivos existen situaciones en las que uno de los progenitores termina apartado de la vida de sus hijos.
Según explica, las rupturas del vínculo pueden producirse por motivos muy distintos: desde conflictos genuinos entre padres e hijos hasta situaciones de maltrato real que obligan a proteger al menor.
Pero también menciona casos en los que un progenitor convence al niño de rechazar al otro. "Lo importante es entender qué está pasando realmente y si el menor está pudiendo relacionarse de manera sana con ambos", señala.
Durante esos años, Paco intentó mantenerse presente en la vida cotidiana de su hija incluso cuando sentía que cada acceso estaba mediado por el conflicto judicial.
Iba al colegio, hablaba con profesores, se apuntó a la Asociación de Padres de Alumnos (APA) y trataba de enterarse por su cuenta de cómo estaba, qué hacía, cómo le iba en clase.
"Yo iba a hablar con la directora o con los profesores porque quería saber cómo estaba mi hija", cuenta.
"Y muchas veces parecía que eso molestaba". Hay escenas mínimas que todavía conserva con precisión. Una de ellas ocurre cuando su hija tenía unos ocho años y, según recuerda, iba sola al colegio.
"Yo pensaba: esto no puede ser normal", dice.
Entonces empezó a involucrarse todavía más activamente en la dinámica escolar. En paralelo, asegura, crecía también la tensión con la madre.
Él evita hablar únicamente de dinero. Aunque vuelve una y otra vez al desgaste económico —la vivienda, las pensiones alimenticias, los abogados—, el relato cambia de tono cuando habla de su hija.
Ahí aparece el padre. El hombre que recuerda las discusiones por ropa escolar. El que admite haber cedido demasiadas veces para evitar conflictos durante los pocos días que pasaba con ella.
"Cuando tienes a tu hija solo un fin de semana, haces cualquier cosa para que no haya pelea", dice.
"Le compras cosas, le das la razón. Lo único que quieres es pasar tiempo tranquilo". En ese punto baja la voz. "Y el niño se da cuenta de eso".
Para la especialista, la pérdida o deterioro del vínculo con uno de los progenitores puede tener consecuencias profundas en los hijos. "Se les deja en una situación de orfandad psicológica", afirma. Y agrega que mantener una buena relación con ambos padres, siempre que no exista violencia o maltrato, "es una forma de prevención de salud mental".
"Parecíamos los malos"
Juan, presidente de S.O.S Papá, lleva años escuchando historias parecidas. En su teléfono todavía conserva mensajes de hombres desesperados. Algunos, asegura, terminaron suicidándose.
"Hay padres que te escriben diciendo que no aguantan más", cuenta Juan. Él mismo atravesó años atrás un conflicto similar, aunque con el tiempo logró recomponer la relación con su hijo.
"Hace menos de un año un activista se pegó un tiro. Otros viven en coches. Otros terminan en alcoholismo".
Habla desde una mezcla de enojo y agotamiento. No le sorprende la reforma anunciada por el Gobierno. Dice que las asociaciones de padres separados llevan años sintiendo que el debate político ya está decidido de antemano.
"El problema real existe aunque quieran prohibir el nombre", sostiene. Para explicar lo que considera "alienación parental", recuerda un episodio ocurrido en un colegio durante un régimen de custodia compartida.
Según relata, acompañó a un padre que iba a recoger a su hijo el primer día que le correspondía quedarse con él. La madre apareció en la escuela. El niño lloraba. Las profesoras dudaban. La policía terminó interviniendo.
"Parecía que nosotros éramos los malos de la película", dice.
Cuenta que finalmente la jueza ordenó que el menor se fuera con su padre. "Cuando llegó a casa estaba serio, pero después se le pasó", recuerda. "Ahí veíamos claramente que había manipulación".
Los especialistas críticos del SAP sostienen precisamente lo contrario: que interpretar automáticamente el rechazo de un niño hacia uno de sus progenitores como producto de manipulación puede invisibilizar situaciones reales de violencia o miedo.
"Es más fácil que un niño oculte un abuso a que invente uno", dice Carmela del Moral. "El gran problema de la violencia sexual infantil es justamente el silencio al que están sometidos los niños y las niñas por sus abusadores, que suelen ser de su entorno cercano".
Desde Save the Children insisten en que el problema no es únicamente jurídico sino también estructural.
Según Del Moral, muchos profesionales todavía no cuentan con herramientas suficientes para entrevistar menores o interpretar correctamente sus testimonios.
"Escuchar a un niño no es sentarte una vez con él", explica.
Y detalla: "A veces implica hacerlo muchas veces, en distintos espacios, recabando información de su entorno, del colegio, del médico. Lo importante es entender qué le pasa realmente y tomar decisiones basadas en su interés superior".
Ese es el corazón del conflicto. Qué parte del relato se considera creíble. Y quién tiene autoridad para decidirlo.
Boal considera que, ante el rechazo de un menor hacia uno de sus padres, jueces y equipos técnicos deberían evaluar primero si ambos progenitores son responsables y mantienen un trato adecuado con sus hijos. "Si se verifica que son buenos padres, habría que ayudar a recuperar una relación sana entre ellos y el menor", sostiene.
Guerra interminable
En las asociaciones de padres separados hay una frase que se repite mucho: "El divorcio nunca termina".
Paco la pronuncia varias veces durante la conversación. Su batalla judicial comenzó a finales de los años noventa. Dice que pasó por custodias monoparentales, custodias compartidas, denuncias cruzadas, cambios de medidas y discusiones interminables por la vivienda familiar.
"Yo ya tuve ocho o diez abogados", dice entre risas resignadas. "Uno incluso estaba intentando ligar con la abogada de la otra parte delante mío".
La anécdota le sirve para ilustrar algo que menciona constantemente: la sensación de que el sistema entero gira alrededor del conflicto. "Un caso de divorcio es un negocio para mucha gente", afirma.
Con el tiempo, asegura, empezó a enterarse de partes de la vida de su hija por vías indirectas. A veces por conocidos. A veces por redes sociales. "Había cosas de las que me enteraba por LinkedIn", dice todavía incrédulo. "Imagínate lo que es enterarte por LinkedIn de cuestiones importantes de la vida de tu hija".
Paco recuerda especialmente las discusiones alrededor de las notas escolares y universitarias.
Dice que durante años pidió información académica para poder seguir acompañando la educación de su hija, aunque ya no conviviera con ella diariamente. "Yo quería saber cómo iba, nada más", explica.
"Las notas, las tutorías, las reuniones. Cosas normales de cualquier padre".
En España, la custodia compartida aumentó sostenidamente durante la última década, aunque sigue habiendo diferencias territoriales importantes.
Las asociaciones de padres consideran que todavía existe una tendencia judicial favorable a otorgar custodias monoparentales a las madres. "Si uno de los progenitores tiene todo el control, el niño termina creciendo en esa lógica", sostiene Juan.
Tanto él como Paco insisten en que la custodia compartida debería ser la norma general. "Es la mejor manera de evitar conflictos", dice Juan. "Porque el niño sigue conviviendo con ambos".
Sin embargo, organizaciones feministas y asociaciones de protección infantil cuestionan que la custodia compartida automática contemple adecuadamente contextos de violencia o desigualdad. El debate se volvió especialmente áspero en los últimos años.
Más allá del juzgado
A medida que la conversación avanza, Paco cambia de registro.
Empieza hablando de leyes y termina hablando de habitaciones vacías. De padres que vuelven a vivir con sus propios padres después de separarse. De hombres instalados en caravanas porque no pueden pagar un alquiler. De personas que siguen abonando hipotecas de casas donde ya no viven.
"Hay divorciados viviendo en barcos porque es más barato", asegura. En su relato, el conflicto familiar aparece inseparable del desgaste económico. Pero incluso ahí vuelve siempre al vínculo con los hijos.
"La relación se rompe lentamente y nadie hace nada". Según cuenta, en la asociación reciben padres que pasan meses sin ver a sus hijos.
Otros que solo consiguen comunicarse por mensajes. Algunos, asegura, terminaron completamente apartados. "La relación se deteriora hasta que un día el hijo ya es adulto y no te habla", explica.
Entonces menciona un dato particular: las herencias.
Dice que cada vez escucha más casos de padres que intentan excluir a sus hijos del testamento después de años sin relación. "Ahí te das cuenta de que el conflicto nunca se resolvió", afirma.
Infancias judicializadas
La reforma de la LOPIVI incorpora además otro punto especialmente sensible: elimina límites de edad para escuchar a niños y adolescentes en procesos judiciales.
Para organizaciones de infancia, ese cambio apunta a corregir una deuda histórica del sistema judicial español.
"Los niños que pasan por procesos judiciales muchas veces sufren victimización secundaria", explica Del Moral. "Tienen que repetir lo que vivieron, atravesar procedimientos larguísimos y, además, no siempre son escuchados de manera adecuada".
Imagen ilustrativa.
El objetivo, según el Gobierno, es reforzar el derecho del menor a ser oído.
Pero las asociaciones consultadas creen que esa modificación puede generar más conflictos.
"Un niño es manipulable", sostiene Paco. "¿Cómo sabes si está diciendo realmente lo que piensa?".
Su propia hija declaró ante una jueza cuando tenía ocho años. "La jueza decía que razonaba muy bien", recuerda.
En los juzgados de familia, la voz de los menores se convirtió desde hace años en uno de los elementos más delicados de cualquier procedimiento.
Paco insiste en algo que considera central: que las entrevistas con menores deberían grabarse. "Queremos saber qué pasa ahí dentro", dice.
![Custodia compartida](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/05\/15\/actualidad\/1003743758591_255601970_320x180.jpg"])
En uno de esos procesos, tanto Paco como su hija fueron sometidos a evaluaciones psicosociales por separado. Tiempo después descubrieron algo que todavía hoy lo impacta: ambos habían hecho prácticamente el mismo dibujo.
"No habíamos hablado entre nosotros", recuerda. "Y aun así hicimos lo mismo". Para él, esa coincidencia funcionó como una prueba íntima de un vínculo que sentía permanentemente puesto bajo sospecha.
Pero incluso en ese punto aparecen diferencias con la mirada de organizaciones como Save the Children.
Para Del Moral, el eje no pasa tanto por la grabación en sí misma como por la formación de quienes intervienen. "Necesitamos profesionales especializados, espacios adaptados y procedimientos uniformes", sostiene.
"El problema no se resuelve utilizando un síndrome que no existe, sino aprendiendo a escuchar bien a los niños y niñas. No puede depender solo de la interpretación de una persona".
Violencia y custodia
A pesar del tono confrontativo con el que hablan del Gobierno y de algunas organizaciones feministas, tanto Juan como Paco intentan aclarar varias veces que no buscan minimizar situaciones reales de violencia. "Claro que existen padres maltratadores", dice Juan. "Pero justamente por eso hacen falta especialistas que sepan diferenciar".
Ambos reclaman más formación para psicólogos y equipos judiciales.
Juan va más lejos. Considera que debería haber consecuencias penales para los progenitores que incumplen regímenes de visitas o dificultan el vínculo con el otro padre. "Tiene que haber cambios de custodia inmediatos en algunos casos", sostiene.
Las organizaciones que rechazan el SAP responden que ese tipo de medidas puede terminar castigando a madres y niños que intentan protegerse de situaciones reales de violencia.
En el fondo, el debate refleja dos miradas completamente distintas sobre cómo interpretar el conflicto familiar.
"Nos estamos llevando a una discusión ideológica cuando el verdadero problema es toda la violencia contra la infancia que sigue invisibilizada", dice Del Moral.
El silencio
Hay algo que aparece una y otra vez en las conversaciones con estas asociaciones. La sensación de no ser escuchados.
Paco dice que intentó durante años reunirse con políticos, jueces, diputados divorciados. Habla de reuniones frustradas, de propuestas de mediación, de modelos nórdicos.
Pero lo que más le molesta es otra cosa. "El tema desaparece rápido de la conversación pública", dice. Por eso aceptó hablar.
"Muchos padres no quieren hablar porque el abogado les dice que cualquier cosa puede usarse en su contra", explica. Él ya no tiene ese miedo. "Estoy demasiado quemado", dice.
La relación con su hija atravesó años de distancia y acercamientos intermitentes. Pero Paco recuerda especialmente una frase que ella le dijo ya de adulta, cuando estaba en la universidad.
"Me dijo que me había echado en falta", cuenta.
El conflicto sigue
La reforma todavía debe atravesar su recorrido parlamentario y promete abrir una discusión intensa dentro y fuera de los tribunales.
España podría convertirse en el primer país europeo en prohibir expresamente el uso del SAP en procedimientos judiciales.
Para el Gobierno y organizaciones de infancia, la medida supone una protección necesaria frente a un concepto que consideran pseudocientífico y peligroso.
Para asociaciones de padres separados, en cambio, representa un intento de borrar una realidad incómoda.
Mientras el debate político escala, en los grupos de WhatsApp de estas asociaciones siguen circulando testimonios de hombres que piden ayuda.
Padres que preguntan qué abogado contratar. Cómo recurrir una sentencia. Qué hacer si su hijo ya no quiere verlos. Cómo afrontar otra denuncia. Cómo seguir.
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Paco los lee todos. "Cada caso es distinto", dice.
Después hace silencio. Y agrega: "Pero al final las consecuencias suelen ser las mismas".
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