La embajada de Cuba en Madrid, la sede del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la imagen de Armando Rosendo Guerra Funcasta, el diplomático señalado por fuentes de seguridad como pieza clave en la red cubana en España.
Guerra, el agente del G2 cubano tras la tercera red de espionaje en España: "Vigilan a disidentes y se infiltran entre empresarios"
Documentos oficiales y fuentes diplomáticas sitúan a la capital como el centro de una red cubana articulada por un diplomático de perfil bajo cuya influencia atravesaba asociaciones, empresarios y disidentes.
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Hasta hace pocos años, el nombre de Armando Rosendo Guerra Funcasta apenas circulaba fuera de los pasillos diplomáticos de Madrid. Primer secretario de la embajada de Cuba, un cargo que en apariencia remite a funciones administrativas menores, era para el público general un diplomático más entre los muchos que llenan las recepciones y los comunicados protocolares.
Pero para quienes conocen cómo opera la estructura de poder cubana en el extranjero, Guerra ocupaba un lugar distinto: era el hombre que supervisaba, coordinaba y ordenaba la actividad política de la delegación en España. La figura a la que se consultaba antes de mover una pieza, organizar una reunión, activar a una asociación o validar un gesto público. En un edificio donde ningún movimiento es casual, su despacho era un punto de paso obligado.
Su llegada a Madrid, en febrero de 2020, procedente de la embajada cubana en Chile, coincidió con un momento clave: el de la recomposición de la influencia cubana en Europa tras la pandemia y tras la crisis económica que desdibujó parte de la capacidad de la isla en el exterior.
Ese mismo año, una serie de resoluciones judiciales, investigaciones policiales y testimonios de antiguos agentes de inteligencia empezó a dejar al descubierto algo que llevaba décadas sucediendo: España no era un país más para la inteligencia cubana. Era uno de sus centros de operaciones históricos.
Embajada y Consulado General de Cuba en Madrid (Paseo de La Habana, 194).
Una red antigua
Las actividades de Cuba en España no surgieron en la última década. Se remontan a finales de los años sesenta, cuando el aparato de seguridad de la isla —entonces estrechamente coordinado con el KGB soviético— comenzó a construir redes de influencia en países culturalmente cercanos, con diásporas emergentes y sistemas políticos permeables.
España, recién entrada en su transición democrática, encajaba en ese patrón. La afinidad cultural, el idioma común y la presencia creciente de emigrantes cubanos ofrecían una infraestructura ideal para desplegar un trabajo de largo alcance que podía ejecutarse con naturalidad, sin generar sospechas y sin despertar hostilidad política.
Durante décadas, explica un antiguo oficial consultado por este periódico, la embajada cubana en Madrid actuó como "un centro de gravedad". Un lugar donde convergían diplomáticos con funciones tradicionales y cuadros políticos con tareas más amplias: desde coordinar asociaciones afines hasta establecer relaciones constantes con miembros de la comunidad cubana; pasando por el análisis de escenarios políticos españoles que pudieran influir en la posición internacional de la isla.
En ese ejercicio, según fuentes diplomáticas, la figura del primer secretario —especialmente cuando su perfil es político, no administrativo— se vuelve clave. Y en el periodo reciente, ese papel lo encarnó Armando Guerra.
Una sentencia
La visibilidad institucional de ese entramado llegó por primera vez a través de un documento judicial. En 2019, la Audiencia Nacional confirmó la negativa del Ministerio de Justicia a conceder la nacionalidad a un matrimonio cubano asentado en Madrid desde hacía años.
Lo que parecía un caso más en un procedimiento administrativo se reveló como un punto de inflexión: el tribunal asumía como probados los informes del CNI que acreditaban reuniones periódicas entre la pareja y oficiales de inteligencia cubanos.
Reuniones celebradas en la embajada, con continuidad y con un propósito que encajaba en lo que el centro identificaba como "relación orgánica" con los servicios de la isla. Era la primera vez, en décadas, que un documento español recogía de forma explícita una práctica que policías, analistas y diplomáticos daban por descontada pero que rara vez había quedado fijada en papel. La infiltración cubana no era episódica. Era estructural.
![Los cambios de apariencia de la espía cubana Ana Montes según Cuban Insider.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2023\/01\/08\/actualidad\/732186853_229998394_320x180.jpg"])
El método
Quien mejor describe ese patrón desde dentro es Enrique García Díaz, alias 'Walter', oficial de la Dirección de Inteligencia cubana formada en Moscú con medalla de oro. Destinado en varios países bajo la fachada de "empresario de éxito", lo explica de manera sencilla y fría. "España era perfecta para nosotros", dice. No por una legislación laxa ni por indulgencia institucional, sino porque "en España nadie sospecha de un cubano".
Y porque el modelo que aplicaba la inteligencia de la isla no se basaba en agentes secretos al estilo soviético, sino en ciudadanos integrados. Según García Díaz, hombres y mujeres que emigraron entre 2000 y 2010, que construyeron negocios, formaron familias y se integraron en la vida cotidiana, empezaban a recibir con el tiempo llamadas, invitaciones o gestos de la embajada.
No eran órdenes de reclutamiento: eran recordatorios de vínculo. Favores administrativos, trámites consulares, invitaciones a actos culturales. Pequeños gestos que mantenían un canal abierto. Esas personas no se consideraban agentes. Pero el aparato podía utilizar su acceso social, institucional o empresarial.
En España ese método fue especialmente eficaz porque coincidió con un ecosistema amplio de asociaciones de cubanos repartidas por todo el país. La mayoría con fines culturales; otras, con vínculos más estrechos con el ICAP (Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos), encargado históricamente de articular la presencia del castrismo en el exterior.
Sobre todas ellas, según varias investigaciones, orbitaba la FACRE, la federación que agrupaba a más de cincuenta asociaciones y que actuaba como un punto de encuentro entre la embajada y la diáspora. Su cadena de comunicación, según diversas fuentes, pasaba por el despacho del primer secretario.
La 'guerra'
La figura de Guerra Funcasta empezaba a aparecer mencionada en informes de analistas diplomáticos y en testimonios recogidos por periodistas españoles. Un diplomático con trayectoria política, situado en la embajada en un momento en el que Cuba buscaba mantener su presencia sin capacidad económica para sostener redes visibles. "Era un cuadro", dice un diplomático latinoamericano consultado. "No un funcionario técnico. Era alguien que venía a coordinar".
En ese papel, según fuentes con acceso a la comunidad cubana, Guerra supervisaba el contacto con asociaciones, definía prioridades en materia de presencia pública y mantenía interlocución con activistas afines al régimen. Varias fuentes señalan también que bajo su mandato se reforzó la conexión entre la embajada y ciertos espacios políticos de izquierda radical en Cataluña y País Vasco, ámbitos donde la causa cubana siempre ha tenido eco ideológico.
Expediente de Armando Rosendo Guerra Funcasta.
Los opositores cubanos asentados en España fueron los primeros en percibir esa presencia. El periodista Abraham Jiménez Enoa, exiliado desde 2021, denunció haber sido seguido en Barcelona por dos hombres de acento cubano, grabado en Madrid durante la Feria del Libro e increpado por uno de los hombres de la embajada de Ámsterdam durante un evento en el país neerlandés.
Ninguna de esas acciones puede vincularse directamente al espionaje castrista, pero todas comparten una lógica familiar para quienes han estudiado el aparato cubano: recordar al disidente que sigue siendo observado.
El caso de Melissa Chaling-Chong, una joven de Moa cuyo proceso de reunificación familiar dependía en parte de trámites consulares españoles, añadió otra capa a esa lógica. Según su madre, un jefe local del G2 afirmó en una citación policial que "la inteligencia cubana tiene gente en la embajada española" y que podían frenar su salida del país.
Diplomáticos españoles consultados calificaron el comentario como "extremadamente preocupante", no tanto por su veracidad —las decisiones consulares son españolas— sino por el intento del régimen de proyectar una autoridad que no le corresponde.
Los antecedentes
La historia demuestra que la actividad cubana en España no siempre ha sido discreta. En diciembre de 1985, cuatro funcionarios cubanos intentaron secuestrar en Madrid a un exmiembro de su propio aparato de inteligencia que había solicitado asilo político.
La operación terminó con su expulsión y un cruce de acusaciones diplomáticas. Pese a la gravedad del caso, el episodio se cerró rápidamente, inaugurando una norma no escrita: mientras Cuba no provocara un conflicto mayor, España preferiría evitar escándalos.
En 2024, un movimiento aparentemente menor volvió a poner el foco sobre la embajada. Fernando González Llort, uno de los miembros históricos de la Red Avispa —la mayor operación de espionaje cubano desarticulada en Estados Unidos—, fue identificado en la zona española del aeropuerto de Barajas.
No estaba en tránsito internacional. Había entrado en territorio nacional para acudir a eventos en la embajada de Paseo de la Habana. Su presencia coincidió temporalmente con la reorganización interna del aparato de influencia cubano y, según analistas, con la supervisión periódica que figuras históricas realizan sobre redes en el exterior.
Fernando González Llort y Pepe Alvárez, Secretario General de UGT, en una reunión en Madrid en 2021.
Actor "de siempre"
En los últimos años, el CNI ha reforzado su vigilancia sobre la actividad cubana en España. No mediante grandes operaciones públicas sino a través de decisiones administrativas, informes reservados y un seguimiento más estrecho de asociaciones culturales y empresarios con vínculos con la isla.
La negativa a conceder la nacionalidad al matrimonio cubano en 2019 se convirtió en un precedente: por primera vez, un tribunal español reconocía oficialmente una relación orgánica entre ciudadanos residentes en España y la inteligencia cubana.
Un funcionario del Estado lo resume así: "Durante años, España trató a Cuba como un asunto cultural, afectivo o político. Nunca como un actor de inteligencia. Ahora sabemos que lo ha sido siempre".
La cuestión no es si Cuba seguirá operando en España. Lo hará. Lo ha hecho siempre. La cuestión es si España —con un sistema democrático acostumbrado a ver a Cuba más como símbolo que como actor estratégico— será capaz de limitar una red que lleva seis décadas adaptándose, respirando y expandiéndose en su territorio. En el centro de esa red no aparece un espía cinematográfico, ni un jefe de estación, ni un agente con nombre en clave.
Aparece un diplomático discreto, un funcionario que no da entrevistas ni aparece en fotografías. Un hombre de estructura, de despacho y de pasillo. El arquitecto invisible de una presencia cubana que España está empezando —solo ahora— a mirar de frente.
