El vigilante de seguridad en prisión por abusar de una niña tutelada en Badajoz estuvo al menos 3 años en el centro

El vigilante de seguridad detenido en junio y en prisión desde entonces por mantener presuntamente relaciones sexuales con una menor de 14 años tutelada estuvo varios años trabajando en el Hogar 'Pedro de Valdivia' en Villanueva de la Serena (Badajoz). Al menos, tres, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

El hombre, de 47 años de edad, mantuvo una relación "estable y durante meses" con la menor, que vivía en las instalaciones destinadas a menores en situación de desamparo y tutelados por la Junta de Extremadura.

La denuncia que dio pie a la detención de este guarda de seguridad la formuló otra menor, de 17 años y también tutelada por desamparo en el mismo hogar. La adolescente se dirigió a la dirección del centro y denunció haber sido agredida sexualmente por un conocido del vigilante de seguridad, quien también fue detenido.

Esta menor de 17 fue la que destapó que la chica de 14 años estaba manteniendo relaciones con el vigilante. Al principio, ésta lo negó todo y se negó a colaborar, pero acabó admitiendo que presuntamente mantenía una relación sentimental, con relaciones sexuales incluidas, con el trabajador.

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Al conocerse los hechos, la directora del centro lo puso en conocimiento de la Policía Nacional. La investigación corrió a cargo de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de Don Benito, localidad limítrofe a Villanueva de la Serena, quien interrogó a los dos hombres.  En el caso de la menor de 14 años, en España la edad para el consentimiento sexual es de 16 años y con menos se considera delito de agresión. 

En el caso de la menor de 17 años, el juez dejó en libertad a su presunto agresor aunque le imputa el delito de agresión sexual y le ha impuesto una orden de alejamiento, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico.

El caso lo instruye el Juzgado número 1 de Villanueva de la Serena, quien dictaminó para el guarda de seguridad prisión provisional por un delito de agresión sexual contra la menor, de 14 años.

El trabajo

Las labores de vigilancia del centro se efectuaban por turnos, y se reducían a controlar los accesos, realizar rondas y controlar el sistema de videovigilancia de las instalaciones, de unos 1.690 metros cuadrados entre edificio y jardines.

Fue en agosto de 2019 cuando la empresa Segurex 06, integrante de la UTE Sistema Idec logró la adjudicación del contrato, por lotes, para prestar servicios de seguridad de las instalaciones, junto con la de otros dos centros de acogida de menores en la provincia de Badajoz.

Cabe reseñar que estos centros no son para menores infractores, sino para casos de desamparo, por lo que los niños y adolescentes acuden a colegios e institutos porque en ningún caso se encuentran bajo un régimen restrictivo sino de integración social.

Por ello, la peligrosidad de la jornada laboral de un vigilante es baja o nula, y solo se precisa de un empleado por turno.

La empresa precisó de 3 trabajadores para realizar el servicio adjudicado en el Hogar Pedro Valdivia, uno de ellos con una antigüedad en la empresa que databa de 2002, y los otros dos, desde 2007.

En julio de 2022 la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, volvió a sacar a concurso la seguridad de este centro para menores en situación de desamparo. El contrato volvió a recaer en la misma empresa, con lo que los tres guardas continuaron trabajando en el lugar.

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Esa adjudicación de 2022, y según el pliego de condiciones administrativo, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, entró en vigor en septiembre del mismo año y abría la puerta a ser prorrogado hasta un plazo máximo de 36 meses.

Efectivamente, en agosto de 2023 se formalizó la continuidad de la empresa de seguridad, algo que volvió a repetirse en julio de 2024, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. 

En estos últimos contratos ya había un vigilante de seguridad más, contratado en 2021, hasta conformar un servicio con 4 empleados. Para entonces (2022) los tres de mayor antigüedad tenían procesos judiciales abiertos contra la empresa por reclamaciones de cantidad, de acuerdo a lo recogido en el anexo 1 del pliego administrativo de adjudicación al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El edificio, vetado

Tanto el detenido como los demás guardas de seguridad tenían prohibido, salvo casos excepcionales, entrar en el edificio, de dos plantas, divididos en zonas comunes, una sala para los educadores, oficina administrativa y dormitorios.

"En cuanto a las actuaciones diarias del servicio de vigilancia y seguridad (...) éstas se limitarán a la realización de las rondas planificadas en los exteriores de las mismas para efectuar las comprobaciones concretadas por el responsable del contrato, sin entrar en el interior de las instalaciones", reza el documento administrativo.

Entre sus responsabilidades, además, figuraba velar porque no se produjeran "la comisión de hechos delictivos o infracciones", así como "ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos (personas internas, trabajadoras, visitas, etc.)".

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Por desempeñar su labor, además, la empresa tuvo que aportar una declaración responsable de los guardas sobre la no existencia de condenas por delitos de tipo sexual ni figurar en el Registro Central de delincuentes Sexuales.

“Será requisito", continúa el pliego administrativo, "no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad o indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores".

La jornada laboral comenzaba a las 6 de la mañana y culminaba a medianoche, en turnos de 8 horas que efectuaba un único vigilante de seguridad.

Ha sido así hasta este 1 de septiembre, cuando la Junta extremeña ha reforzado la seguridad pasando de las 16 horas a las 24 en un nuevo pliego ya adjudicado y en vigor desde ese día. Lo hizo a raíz de la muerte de una educadora social en un piso tutelado y sin vigilancia de Badajoz hace unos meses.

Así, el nuevo pliego, publicado en junio, -que se adjudicó a una nueva empresa, Secupol Seguridad- lo recoge. Fue seis días antes de que la directora del centro acudiese a la Policía Nacional para denunciar los hechos. El contrato contemplaba la posibilidad de subrogación de los guardas de seguridad de la anterior empresa.