La niña estaba rara. Los educadores constataban que salía del centro tutelado, donde estaba en régimen abierto. Que salía, que se escapaba. Que dónde estaba, que de dónde venía, le preguntaban. Huérfana de madre y con un padre declarado como incapaz para hacerse cargo de ella, estaba bajo la tutela de la Dirección General de Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Cataluña.
La chiquilla de 14 años tenía un teléfono móvil. Nadie sabía que a la postre también sería una caja de Pandora. Solo cuando los educadores sociales procedieron a su revisión, constataron el horror al que estaba siendo sometida. En una búsqueda desesperada de un cariño que no encontraba en ninguna parte, llevaba dos años siendo agredida y explotada sexualmente por una red de pederastia.
El caso de la menor tutelada, violada y prostituida durante dos años por Teófilo.L.M., un electricista de 45 años, ha abierto esta semana una caja de Pandora aún mayor. El monstruo conoció a la niña en 2020, cuando tenía solo 12 años.
Entre mayo de ese año y octubre de 2021, él y otros hombres abusaron de ella hasta que a finales de 2021 la familia de la niña presentó una denuncia. Lo hizo tras ser alertada por los trabajadores sociales del DGAIA, los mismos que habían revisado el móvil de la menor. Teófilo, el depredador, el monstruo, fue detenido en junio de 2022. Pero todo esto se ha sabido ahora, en mayo de 2025.
La actual consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha afirmado que no tiene "ninguna constancia" de que el DGAIA abriera un expediente al conocer el caso de violaciones reiteradas contra esta menor. Tampoco ha descartado que se abriera y no se lo hayan trasladado cuando hicieron el relevo, en agosto del año pasado.
Martínez Bravo sostuvo también ayer en TV3 que "en el entorno de la DGAIA hay muchos menores que han sufrido violencias sexuales", aunque "la inmensa mayoría de los casos ocurren en la etapa anterior a estar tutelados o guardados". Ha subrayado además que "los abusos que ocurren ya bajo custodia de la Generalitat son mínimos".
De la caja de los truenos, de lo que se sabía y de lo que se sabe ahora, han salido también a la palestra hasta las presuntas irregularidades en la gestión de los centros de acogida de menores bajo la batuta del DGAIA. Centros gestionados, en su inmensa mayoría, mediante adjudicaciones a oenegés y fundaciones.
También en el desierto clamó el anterior Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que en numerosas ocasiones denunció públicamente que desde 2010, el DGAIA se quedaba con las pensiones de orfandad de los menores a los que tutelaba.
Mientras que anteriormente las acumulaba y las devolvía cuando cumplían la mayoría de edad, a partir de ese año, el DGAIA, en virtud de la Ley 14/2010 y de su disposición adicional séptima, sustraía las pensiones que percibían los menores que se encontraban bajo su tutela. Los asumía en concepto de gastos derivados de su atención. La Generalitat no procedió a derogar esa disposición adicional hasta el año 2020.
Irregularidades
Las siguientes frases son un mazazo: "Las irregularidades descritas en este apartado podrían dar lugar a hechos perseguibles administrativa y judicialmente. Esta afirmación se hace con todas las reservas y poniendo de manifiesto que solo se hace respecto a la posible existencia de indicios, ya que la apreciación únicamente corresponde a la jurisdicción competente".
El párrafo anterior ha sido también ignorado por todos desde su publicación, allá por julio de 2024. Hasta ahora. Aparece en el informe realizado por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, que desgrana cómo funciona el engranaje del sistema de acogimiento en la infancia y la adolescencia del sistema público catalán.
Su análisis se centra en cuatro años: de 2016 a 2020. Ese último año, de los centros de menores, 535 eran de gestión indirecta, esto es, subcontratados o concertados, y tan solo 11 lo eran de gestión directa.
El documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, fue encargado ad hoc por el Parlament catalán mediante una resolución, la 1053/XII de noviembre de 2020:
Encargar a la Sindicatura de Cuentas que elabore un informe de fiscalización sobre la contratación pública y la adjudicación a personas físicas o jurídicas privadas de la gestión de centros de atención a la infancia y la adolescencia en el período de 2016 a 2020.
Otros cuatro años tardó la Sindicatura en realizarlo. Se publicó en julio de 2024 sin que, pese a los años de espera y las conclusiones demoledoras, nadie se hiciera eco inmediato de lo que reflejaba cuando estuvo listo para su consulta.
Tanto es así que el pasado enero, tanto el PSC, como ERC y Comuns votaron en contra de la propuesta elevada por el exconseller de Economía y diputado de Junts per Catalunya, Jaume Giró, para aplicar las recomendaciones del informe.
"La extrema derecha"
Este pasado 30 de abril, la diputada de ERC, Najat Driouech Ben Moussa, llegó a sostener en el Parlamento catalán, ante las críticas de la oposición a las supuestas irregularidades del DGAIA que "no somos lo bastante conscientes del relato que estamos alimentando, que no es ningún otro que la extrema derecha".
Solo al albur del escándalo de la menor, esta semana, ha sido cuando los grupos del PSC, ERC y Comuns han acabado pactando una comisión de investigación parlamentaria.
Hay otro informe obviado. Es el del Síndic de Greuges - la Defensora del Pueblo- que data de noviembre de 2023. En 'La desinstitucionalización del sistema de protección a la infancia y la adolescencia' se denunciaban "carencias estructurales del sistema de protección a la infancia" y se planteaban propuestas para su transformación.
Así, por ejemplo, se evidenciaba que "existe una sobrerrepresentación de adolescentes en el sistema de protección (el 63% de los niños tutelados lo son), una falta de políticas públicas específicamente dirigidas a atender las complejidades propias de esta etapa vital, y una necesidad de mejorar el acompañamiento a las familias".
Imagen de la detención del pederasta por parte de los Mossos. E.E.
Pero también alertaba "de que el riesgo de explotación sexual es mayor entre las adolescentes que residen en los centros del sistema de protección" y, por este motivo, pedía al DGAIA "que adoptara medidas específicas para evitar que sufran este tipo de abuso".
La institución del Síndic de Greuges ha anunciado esta semana que ha abierto una actuación de oficio a raíz de las agresiones y explotación sexual que sufrió la niña de 12 años mientras que se encontraba bajo la protección de la Administración de la Generalitat. La misma niña a la que, con 15 años y luego de ser abusada y explotada, el DGAIA le permitió irse a vivir con un hombre de 25 años.
Irregularidades
Ni la fecha del encargo del estudio de la Sindicatura de Cuentas, ni el periodo solicitado para investigar, son casuales. Abarcan desde gobierno de Junts, con Carles Puigdemont; los seis meses en los que el Gobierno central asume las competencias catalanas por la aplicación del 155, desde octubre de 2017 a mayo de 2018, hasta la posterior gestión en el bipartito entre ERC y Junts, con Quim Torra y Pere Aragonés.
También se ha puesto manos a la obra la Oficina Antifraude de Cataluña. Investiga una posible red de fraude de entidades encargadas de conceder y hacer el seguimiento de prestaciones que la Generalitat otorga a jóvenes extutelados y aun bajo la proteccion de la dirección general de Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).
En la red investigada aparecen destacados dos nombres: la Fundació Resilis y la UTE Fundació Mercè Fontanilles-Fundació Resilis. Ambas aparecen en el informe de la Sindicatura de Cuentas: "Hay que destacar que durante el período fiscalizado Fundació Privada RESILIS, Fundació Mercè Fontanilles y las UTE constituidas por ambas fundaciones supusieron unas obligaciones reconocidas de 147,29 millones de euros, que representan el 18,7% del total de gasto".
Ricard Calvo fue director del DGAIA y también concejal de ERC en el Ayuntamiento de Girona. Anteriormente había sido el gerente de Fundació Plataforma Educativa, en la que se integraba la Fundación Resilis.
Fue máximo responsable de DGAIA entre enero del 2016 hasta agosto del 2017, cuando dimitió tanto de concejal como de alto cargo de la Generalitat al denunciar la CGT sus vínculos con estas entidades.
Antes de su cese participó, de forma directa o dando el visto bueno a los informes técnicos, en adjudicaciones millonarias a las fundaciones Fasi, Resilis y Gentis, adjudicatarias de los servicios de acogimiento de menores. Las tres entidades están vinculadas a la citada fundación. A los tres meses de su dimisión se hizo una puerta giratoria y se reincorporó a ella.
Ningún control
Otra frase demoledora del informe del órgano fiscalizador a la que nadie prestó atención: durante el período estudiado por Sindicatura de Cuentas de Cataluña, "La Intervención General de la Generalidad de Cataluña no ha realizado ningún informe, estudio o dictamen de control posterior sobre la contratación, adjudicación y seguimiento de la prestación del servicio de acogimiento de atención a la infancia y la adolescencia que gestionaba la DGAIA".
Más: "Las sobreocupaciones de este servicio se pagaron al 125% del precio del módulo, en vez del 100% que se pagaba por otros servicios, sin que se justifique el motivo de este importe más elevado". Son las plazas destinadas a Menores No Acompañados, cuyo número creció notablemente a partir de 2018.
Este incremento de las necesidades se cubrió "con la contratación de nuevos servicios por el procedimiento de emergencia, pero también con la sobreocupación de los servicios ya contratados", dice la Sindicatura de Cuentas de Cataluña.
La sobreocupación consistió en "prestar servicios a un número de menores superior al número de plazas contratadas o al número de plazas de la capacidad de los centros, lo que hizo empeorar las condiciones de la prestación".
Una vez formado el nuevo Gobierno, en mayo de 2018, "los gastos comprometidos fueron abonados a los proveedores a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito, que fueron objeto de diferentes comunicaciones al Gobierno, el cual tuvo conocimiento de ello".
Para hacerlo, prorrogaron los contratos por el procedimiento de emergencia, dentro de unos servicios que ya habían variado, al menos, cuantitativamente. Por ello, deberían haber salido a licitación. También se liberaron pagos de servicio "sin ni siquiera realizar las prórrogas". En 2019, la Generalitat reguló la declaración de emergencia, pero aun así, "se contrataron 106 centros por este procedimiento, y en el año 2020, 32".
El motivo para realizar esta contratación de emergencia, alegó el DGAIA, fue "el incremento de llegadas de jóvenes migrantes sin acompañamiento familiar, la reiteración de las prórrogas del presupuesto autonómico, la falta de recursos suficientes y, en concreto, para el año 2018, la aplicación del artículo 155 de la Constitución".
Pero la Sindicatura considera en su informe que durante los años 2017 y 2018 no se dio ninguno de los motivos recogidos en las leyes de contratos para utilizar reiteradamente el procedimiento de emergencia, y que durante los años 2019 y 2020 se sobrepasó con creces "la excepcionalidad" para hacer uso de ese mecanismo.
El cese inexplicado
En septiembre de 2024, la Generalitat nombró una nueva responsable del DGAIA. Era Isabel Carrasco. Provenía de Tarragona, donde había sido la responsable del mismo órgano a nivel provincial. En marzo de este año, la consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, descabezó de repente la cúpula del departamento de atención a la infancia y menores que había nombrado seis meses antes: cesó sin explicaciones tanto a Carrasco como al subdirector.
Judith Martínez Velasco la conoce bien. También su hermana, Nathalia. "Isabel Carrasco fue la que firmó el desamparo de mi sobrina. Era 2009, la niña tenía 4 años y mi hermana se pasó años sin verla", explica Judith a EL ESPAÑOL. La madre de la menor, pediatra, había ganado en apelación la custodia total de su hija una semana antes.
Fue un desamparo extraño, "porque se la dieron al padre, que no tenía la custodia judicial". Para justificar el desamparo de la niña, "imagínate, una pediatra que desampara, cuando atiende a cientos de niños", alegaron que la niña no hablaba. "La niña estaba con su madre y le hablaban en catalán, en castellano y en más idiomas. Está ya estudiado que los niños que crecen en un entorno multilingüe tardan más en hablar. Pues aun así, se la quitaron".
Tras una larguísima batalla judicial, le concedieron un régimen de visitas cuando la pequeña tenía ya doce años. En paralelo, acudieron a la Audiencia Nacional, donde el juez Pedraz "se declaró incompetente, pero indicó que veía indicios de delito. Y con ese documento los íbamos acojonando". Tras nuevamente amenazar con interponer una querella, "revocaron el desamparo"
Hoy, ya mayor de edad y estudiante universitaria, "mi sobrina ha demandado al DGAIA ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el daño que le causaron. Porque ella no quería estar con su padre. No la trató bien. Y cuando la recuperó su madre y también podía ver a su padre, porque les dieron la custodia compartida, ella se negó. Y él nunca quiso verla, ni hacer por estar con ella, porque ya no cobraba los 500 euros de la pensión".
Judith hoy reside en Francia, desde donde pilota, junto con Isabel Martínez, la Plataforma Simi (Stop Impunidad Maltrato Infantil). Con ella han ayudado "a muchas familias, a muchos niños". Unos 250 casos de menores que han sido declarados en desamparo "y cuyas familias no saben que solo tienen dos meses para abrir una vía judicial para revertir la situación, y les dicen que esperen. Pasado ese plazo, lo han perdido".
"Nosotros empezamos en 2009, y en 2009 de esto no se hablaba. No se criticaba al DGAIA. Para todos éramos unas locas. Por eso, no me extraña en absoluto lo que está sabiéndose ahora. Lo de las oenegés, que se forman para prestar servicio y cobran por los menores... es muchísimo dinero".
La mujer subraya además que "hasta que la política no ha cambiado en Cataluña, aquí no se ha movido ni dios. Ahora ya saben que los han pillado. Ahora debería empezar la Fiscalía a hacer su trabajo y a revisar los casos de desamparo. Uno a uno".
Pero, ¿cómo ha podido ocurrir todo esto? Quizá lo explicaría bien el concepto de los tres monos sabios japoneses. Son Mizaru (no ver), Kikazaru (no oír) y Iwazaru (no hablar). Son una representación visual de un proverbio que significa "no ver el mal, no oír el mal, no decir el mal", como sabiduría para sobrevivir. Para no involucrarse en la negatividad. Para forzar a que el mal no exista.
