Marta y Cyntia en el Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo.

Marta y Cyntia en el Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo. EFE

Reportajes

Una madre pega a una maestra y se libra de la cárcel porque la agredida no era funcionaria

Ha sucedido en Vigo. Una agresión a la autoridad conlleva hasta cuatro años de prisión. Pero la profesora no es funcionaria.

15 febrero, 2020 14:03

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“Decían que me iban a arrancar la cabeza, aún tengo miedo”. Con estas palabras, ya en juicio, una profesora de Vigo relataba por lo que tuvo que pasar por el mero hecho de hacer su trabajo como debía. Los hechos ocurrieron hace un año y, ahora, la justicia ha condenado a dos madres, una por lesiones y otra por amenazas, dando la razón a la maestra. El problema es que, al no ser funcionaria y estar contratada por el centro, la profesora no está considerada autoridad y la condena ha sido mucho menor que la que habrían tenido si hubiera sucedido lo mismo con alguno de sus compañeros. Si no, podría haber entrado en la cárcel. 

Los hechos sucedieron entre enero y febrero del pasado 2019 en un centro escolar concertado de Valladares (Vigo). Cyntia F.S., una madre de una alumna de siete años y de origen brasileño, se había separado del padre de la niña hacía un tiempo. Al no haber regulación legal para la custodia, el centro medió entre ambos progenitores para fijar los días en los que la menor sería recogida por su madre o por su padre.

Los problemas derivados de dos ocasiones en las que se fue a recoger a la menor han acabado con Cyntia siendo condenada a indemnizar con 360 euros por un delito de amenazas. También se ha condenado a Marta G.P., amiga de Cyntia, española y con sus hijos también en el colegio, a un año de prisión por un delito de lesiones contra la profesora.

A pesar de que la acusación pedía el agravante de atentado a la autoridad, con penas de prisión de hasta cuatro años, el hecho de que la maestra está contratada como profesional y no sea funcionaria ha echado por tierra ese intento. El suceso ha generado polémica ya que la profesora no ha quedado tan blindada por una cuestión burocrática más que práctica.

Puñetazos en la cara

El primer episodio de violencia contra esa maestra se produjo el día 28 de enero de 2019. Aquel lunes le tocaba ir a Cyntia a recoger a su hija, según lo que habían acordado los dos progenitores y el centro escolar. Pero la madre no pudo presentarse y decidió, en su lugar, mandar a su amiga Marta. Cuando la amiga llegó la profesora no quiso dejar que la niña se fuera con ella. Marta no contaba con ningún permiso por escrito más allá de su propia palabra de que podía llevarse a la menor, por lo que desde el centro decidieron no dejar que se fuera con ella.

Las dos condenadas en una de las sesiones del juicio.

Las dos condenadas en una de las sesiones del juicio. EFE

Y ahí empezaron los problemas. Marta no aceptó que el centro no le entregara a la menor y se produjo la primera agresión, aunque leve. Según declararon la víctima y varios testigos en el juicio, Marta insultó a la profesora, amenazó con que iba a hacer lo posible para quitarle la licencia de profesora y, según los testigos, llegó a zarandear a la menor, que se encontraba en el lugar de los hechos. Durante el juicio, tanto Marta como Cyntia aseguraron ser víctimas de un trato discriminatorio, presumiblemente por la nacionalidad brasileña de la segunda.

Pero el peor de los dos encuentros se produjo el pasado 14 de febrero, hace ahora un año. Ese día a Cyintia directamente no le correspondía ir a recoger a la menor. Le tocaba a su padre. A pesar de ello, apareció. Pero desde el centro le recordaron el acuerdo al que habían llegado ambos progenitores y les dijeron que no se podían llevar a la niña y que para recogerla necesitaba un documento judicial. Era la hora de comer.

Según se relató en el juicio, a pesar de que no tenían permiso para entrar en las instalaciones, Marta y Cyntia accedieron de manera “muy violenta, corriendo”. Entonces, entraron a empujones, abriéndose paso entre los menores y agredieron a la maestra.

“Se abren paso entre los menores, a alguno lo pisotearon, me insultan y la amiga me empuja. Pero otro profesor se interpuso como escudo porque si no se pone en medio me mata ahí. Dos compañeras más me ayudaron a salir, una poniendo los brazos, porque estaban muy violentas y una me amenazaba con cortarme la cabeza y acusándome de tener intereses, de que si no entregaba a la niña me iba a atener a las consecuencias”, relató la víctima en sede judicial. La madre, Cyntia, además, entró en el colegio gritando el nombre de su hija.

"Tengo miedo"

En ese rifirrafe la maestra aseguró que recibió golpes en la cara así como en el hombro. Además, sufrió serios episodios de ansiedad y aseguraba que se creía las amenazas. “Tengo miedo”, dijo en el juicio. “Soy profesora, me encanta mi trabajo, pero quiero que se sepa lo que viví y que la Justicia actúe”, aseguró.

Según recogieron los medios locales, la maestra llegó, durante el año que ha tardado el juicio, a cambiar sus hábitos por si las amenazas algún día se hacían efectivas. Contaba en el juzgado que ha cambiado sus costumbres, que siente miedo en las entradas y salidas del colegio y que incluso madrugaba más para aparcar el coche lo más cerca de la entrada del colegio. Así, si había problemas, el trayecto no era tan largo.

Pegar a un profesor es un delito contra la autoridad y conlleva penas de hasta cuatro años de cárcel.

Pegar a un profesor es un delito contra la autoridad y conlleva penas de hasta cuatro años de cárcel. EFE

La sentencia que ha dictado el Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo ha venido a dar la razón a la profesora. Marta agredió y Cyntia amenazó levemente, en un solo episodio, antes del altercado, según se recoge en la sentencia. El tribunal ha condenado a ambas. A la primera por un delito de lesiones leves y a la segunda por las amenazas. Además, ha decidido que ninguna de las dos pueda acercarse o comunicarse con la maestra en un periodo de dos años.

El gran problema, la gran cuenta pendiente para la profesora, es que no se podrá beneficiar de la reforma del Código Penal que se llevó a cabo en 2015. En ella, se ampliaba a profesores y sanitarios de hospitales la protección como autoridad pública. Era algo por lo que ambos sectores llevaban mucho tiempo luchando, ya que se sentían desprotegidos legalmente ante pacientes, padres y alumnos. Pero la maestra de Vigo no era funcionaria, requisito indispensable, y por ello, aunque desempeñe el mismo trabajo, no ha podido disfrutar del blindaje que sus compañeros sí tienen. Por lo menos, se ha acabado el miedo.