Loli Prieto, delante de la pancarta, protesta tras el asesinato de su hija Desirée, en un círculo.

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Reportajes

13 años intentando quitarse el apellido de su padre, el asesino de su madre

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Carlos (nombre ficticio) tiene 15 años, vive con su abuela Loli y, más allá de los estudios, su única pretensión pasa por cambiarse el apellido de su padre. O, mejor dicho, borrarlo. ¿El motivo? Hace 13 años, José María Suárez, su papá, mató a su madre y lo dejó a él malherido. Entonces, no se enteró de nada. Era demasiado pequeño. Sin embargo, pasado el tiempo, quiere cobrarse su particular ‘venganza’ eliminando cualquier vínculo con su progenitor. Pero, de momento, no puede. 

Su lucha seguirá, al menos, durante el próximo año. Él y su abuela Loli creían que podían eliminar el apellido antes, pero se dieron de bruces con la realidad. Acudieron al juzgado y se encontraron las puertas ‘cerradas’: no les dejaron hacer el cambio. Su padre aún tiene la patria potestad. Es decir, todavía guarda poder de decisión sobre el adolescente. Carlos necesita su permiso para borrar el ‘Suárez’ de su DNI o, por ejemplo, irse de viaje de estudios. No es libre. 

Hasta las 16, este gijonés no podrá cambiarse el apellido. Después, los resquicios legales le permitirán hacerlo mediante la emancipación o la adopción de su abuela Loli -como ocurrió, de forma diferente, con Marta-. No obstante, su caso no es único. Muchos asesinos o agresores conservan su patria potestad y obstaculizan que, hasta la mayoría de edad, los hijos de las víctimas, considerados como tal legalmente, no tengan la capacidad de proceder al cambio o algo tan básico como expedir un pasaporte para viajar al extranjero. 

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De hecho, cada vez son más las acusaciones que piden la privación o la suspensión de la patria potestad del agresor o del asesino. Esa es (y será) la lucha de Carlos durante el resto de su vida. Él no cejará en su empeño. Quiere romper las argollas que le atan a un pasado del que no tiene recuerdo pero del que es plenamente consciente. Paradójicamente, no lo puede olvidar. Su padre mató a su madre y estuvo a punto de hacer lo mismo con él. Por suerte, se salvó para abanderar junto a su abuela la lucha contra la violencia de género. 

José María Suárez sale del hospital camino de prisión.

José María Suárez sale del hospital camino de prisión.

Recibió seis puñaladas

Pudo no ser así. El 13 de julio de 2006, Carlos también pudo perder la vida. Su madre, Desirée Prieto, a sus 22 años, había rehecho su vida. Tenía nueva casa, nueva pareja y nuevo empleo. Tras sufrir malos tratos durante tres años, volvía a ser feliz. Sin embargo, todo se fue al traste cuando fue a recoger a su hijo, de dos años, a casa de su expareja, José Manuel Suárez, de 50 años. Entró allí, pero no salió. 

“Celoso” y “agresivo”, según se testificó en su momento, a sus conocidos no les extrañó que José María quisiera matar a expareja. “Aseguraba que la iba a matar a ella, al niño, al nuevo novio y a la madre de Desirée”, reconoció uno de los testigos. Y así lo hizo. En cuanto pudo, se vengó de todos ellos. 

Su exmarido usó dos cuchillos para matar a Desirée. Le asestó 14 puñaladas, dos mortales al lado del corazón y 12 en la cara y en el tórax. Carlos recibió otras seis y se debatió entre la vida y la muerte durante más de cuatro horas. Fue un milagro, pero sobrevivió y hoy, aunque no lo recuerde, puede contarlo. 

Su padre, aquel día, también estuvo a punto de seguir el mismo camino. José Manuel se intentó quitar la vida tras matar a cuchilladas a su expareja. “Presentaba leves cortes en las muñecas, pero las heridas no eran mortales y estaba consciente. En principio nos creíamos que estaba muerto, pero luego ya nos dimos cuenta de que respiraba. Cuando lo fuimos a meter en la ambulancia para llevarlo al hospital, gritó que iba a matar a Desirée”, explicó la Policía. Fue detenido y condenado a 44 años de prisión: 25 por asesinar a su expareja y 19 por tentativa de asesinato a su propio hijo. 

No es la única pena que se le impuso. La sentencia también incluyó una orden de alejamiento de 10 años (una vez que José Manuel hubiese cumplido los 44 años de prisión), además de pagar una indemnización de 131.800 euros por el riesgo de que “a raíz del trauma, pudiera desarrollar patologías psiquiátricas, debiendo ser tratado”. 

Por suerte, Carlos es completamente normal. Se ha criado con Loli y lucha por cerrar su pasado lo antes posible. Su abuela sabe que es posible que en algún momento él quiera hablar con su padre, y lo dejará. Su nieto tan solo quiere ser libre para poder elegir y, a ser posible, sin la intercesión de su exyerno, que durante este tiempo ha tratado de arrebatarle la custodia al bebé para “no pasarle la pensión de alimentos”, reconoce Loli en declaraciones a El Comercio. Esa lucha la ganó. Ahora, le falta la del apellido. Y, después, a seguir.