Guerra abierta en las ambulancias de Madrid

El viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Molina Muñoz, comparecerá este martes en la Asamblea de Madrid a petición del PSOE para explicar un contrato de 108 millones de euros destinado a renovar la flota de ambulancias del servicio SUMMA 112. Una licitación pública aprobada este verano y que, según ha podido saber EL ESPAÑOL, ha levantado sospechas en el sector sanitario. Las explicaciones de Molina se enmarcan en la Comisión de Vigilancia de la Contratación.

Fue en julio de 2017 cuando la Comunidad de Madrid arrancó la licitación de cuatro lotes para dotar de nuevas ambulancias al servicio de Emergencias. Son vehículos sanitarios aportados por empresas privadas, que se trasladan a la Administración tras un concierto para la explotación privada de servicios públicos. El montante total del contrato asciende a 108 millones de euros, pero es uno de los lotes en concreto, de 22 millones y otorgado a la empresa Servicios Sanitarios Santa Sofía, el que ha levantado más polémica. 

De ahí que el PSOE haya solicitado la comparecencia de Molina Muñoz, para que explique las razones por las que el lote número 1 del contrato fue concedido a esta sociedad pese al recurso formal de uno de los competidores. La empresa recurrente pidió que la corporación que ha resultado finalmente adjudicataria, fuera apartada de la adjudicación ya que, a su juicio, había discrepancias en la documentación presentada. Según el recurso, la oferta presentada por la empresa que ofrecerá el servicio de ambulancias no se ajustaba a los requerimientos definidos en el pliego de condiciones.

Son estos argumentos los que han llevado a la oposición a llamar a comparecer al viceconsejero de Sanidad, máximo responsable de la adjudicación del contrato, para que aporte en sede parlamentaria las explicaciones pertinentes sobre la concesión del servicio.

El recurso de la empresa competidora afecta también a la Administración autonómica, señalada por dar luz verde a la licitación sin tener en cuenta -según esta versión- los trámites que contempla el procedimiento legalmente establecido. El 6 de septiembre de este mismo año y sin tener en cuenta la resolución del recurso planteado por la empresa que presentó el recurso, la Consejería de Sanidad publicó en su web la adjudicación del servicio por cuatro años y el montante total del contrato:108 millones de euros.

El recurrente presentó después un nuevo recurso especial ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TACP) de la Comunidad de Madrid, pero su petición tampoco fue atendida.