El Paquete Ómnibus: ¿Simplificación o retroceso en sostenibilidad?

En el dilema del huevo y la gallina versión empresarial, el eterno debate entre legislación o progreso vuelve a cobrar relevancia: ¿qué debe venir primero? ¿es la regulación la que impulsa el cambio? ¿o el avance empresarial lo que define las normas? La sostenibilidad no puede depender solo de iniciativas voluntarias, pero tampoco de normativas rígidas que asfixien la competitividad e innovación. El equilibrio entre ambos elementos es crucial para una transición efectiva y justa.

Sostenibilidad vs. competitividad: El reto del Paquete Ómnibus

La reciente aprobación del Primer Paquete Ómnibus por parte de la Comisión Europea ha abierto una discusión crucial sobre el futuro de la sostenibilidad empresarial en la Unión Europea. Esta iniciativa pretende reducir la burocracia y mejorar la competitividad de las empresas sin comprometer sus responsabilidades ambientales y sociales. Sin embargo, algunos expertos advierten que esta "simplificación" podría debilitar los avances en transparencia y responsabilidad corporativa.

Desde la adopción del Pacto Verde Europeo en 2019, la UE ha implementado normas
ambiciosas para que las empresas integren criterios ambientales, sociales y de
gobernanza (ASG) en sus operaciones. Regulaciones como la Directiva sobre Información Corporativa en Sostenibilidad (CSRD), la Directiva sobre Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) y la Taxonomía Europea han impulsado la rendición de cuentas y la financiación de actuaciones en sostenibilidad. 

En paralelo a este “tsunami normativo” ha aflorado la preocupación sobre cómo afectará a la competitividad empresarial. La excesiva burocrática puede hacer que pierdan terreno frente a competidores globales. En respuesta, el Paquete Ómnibus busca un equilibrio entre sostenibilidad y competitividad, pero ¿se puede hacer más simple la normativa sin debilitarla?

Las reformas clave

El Paquete Ómnibus propone introducir modificaciones profundas en tres ejes
regulatorios esenciales:

Directiva sobre Diligencia Debida en sostenibilidad (CSDDD)

La propuesta limita la responsabilidad de las empresas a sus proveedores directos, salvo que haya indicios claros de problemas en otros niveles. Se restringe la participación de sindicatos y entidades del tercer sector en la supervisión, permitiendo solo la intervención de trabajadores y comunidades afectadas. Además, se elimina la
responsabilidad civil, lo que impide sancionar a las empresas por incumplir sus compromisos de sostenibilidad, y cada país podrá definir sus propias penas sin
vincularlas al volumen de negocio.

Directiva sobre reporte en sostenibilidad (CSRD)

Solo las grandes empresas con más de 1.000 empleados y un volumen de negocio
superior a 50 millones de euros, o un balance de más de 25 millones de euros deberán
cumplir con los requisitos de reporte. Las PYMES quedan exentas, y se eliminan los
estándares sectoriales, reduciendo la información a proporcionar. La implementación se retrasa hasta 2026 o 2027, y no será necesaria una verificación exhaustiva de los
informes.

Taxonomía Europea

Las empresas con facturación inferior a 450 millones de euros podrán decidir si reportan actividades en sostenibilidad. Además, se reduce el número de sectores que deben cumplir con criterios específicos y se simplifican los requisitos técnicos, facilitando la alineación con la Taxonomía.

Más flexible: ¿progreso o retroceso?

Reducir la burocracia es un objetivo lógico, pero el riesgo de relajar demasiado las reglas es evidente. La limitación de las exigencias de supervisión en la cadena de valor, la eliminación de sanciones proporcionales al tamaño de la empresa y la menor
responsabilidad legal pueden debilitar la efectividad de las políticas en sostenibilidad en Europa.

A su vez, la exención de PYMES y la reducción de estándares informativos pueden
dificultar la comparabilidad de la información, afectando la toma de decisiones de
inversores y consumidores. Además, las empresas que han hecho esfuerzos por
adaptarse a las regulaciones podrían ver diluidos sus avances, mientras que las que no lo han hecho pueden aprovechar la menor exigencia para evitar compromisos serios con la sostenibilidad.

Un desafío para el futuro

Bandera europea

El Paquete Ómnibus representa un punto de inflexión en la regulación europea en
sostenibilidad. La clave estará en evaluar si estos cambios logran aliviar la carga
administrativa sin diluir los compromisos climáticos y sociales de la UE.

La Comisión Europea tiene la responsabilidad de garantizar que la simplificación no se
traduzca en un paso atrás en el desarrollo sostenible. Si la normativa pierde fuerza,
Europa podría poner en riesgo su liderazgo en la agenda climática y la confianza de
inversores, consumidores y ciudadanos en un modelo económico verdaderamente
sostenible.