Marian Ferreiro, alcaldesa de Narón, y José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol.
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Ferrol recupera más de cinco millones que reclamaba a Narón (A Coruña) por la depuración del agua
Un juzgado obliga al Ayuntamiento naronés a abonar 5,3 millones de euros por los gastos del saneamiento de la ría
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El Ayuntamiento de Ferrol recuperará más de cinco millones de euros tras una sentencia del Tribunal de Instancia que le da la razón en el conflicto judicial abierto con el Ayuntamiento de Narón por los costes del servicio de depuración de la ría.
El fallo establece que el consistorio naronés deberá abonar 5.323.749,74 euros correspondientes a las liquidaciones rechazadas en los últimos años.
El alcalde, José Manuel Rey Varela, aseguró que el Gobierno local actuó desde el primer momento para "defender los intereses de Ferrol por encima de todo", y subrayó que no permitiría que la ciudad asumiese gastos que no le correspondían.
Según explicó, la sentencia confirma que el reparto de los costes del servicio debe realizarse en una proporción del 60% para Ferrol y 40% para Narón.
El conflicto se remonta al anterior mandato, cuando el 25 de agosto de 2022 el pleno de Ferrol aprobó una primera liquidación por 3,49 millones de euros, correspondiente al periodo entre abril de 2017 y diciembre de 2021.
Posteriormente, en diciembre de 2023, se aprobó una segunda reclamación por 3,15 millones, que abarcaba desde enero de 2022 hasta junio de 2023. Ambas demandas fueron acumuladas en un único procedimiento judicial en septiembre de 2024.
Desde el Gobierno local destacan que esta situación generó graves tensiones económicas en la empresa municipal de aguas, que llegó a entrar en causa de disolución.
El ejecutivo municipal asegura haber revertido esa situación, incrementando la participación pública del 51% al 92% del capital, lo que implica que el importe recuperado beneficiará mayoritariamente a la parte pública.
Rey Varela insistió en que durante estos años se intentó alcanzar un acuerdo mediante el diálogo con Narón, aunque finalmente el asunto tuvo que resolverse en los tribunales.
"Siempre mantuvimos la mano tendida", afirmó el regidor, que reiteró su disposición a seguir buscando entendimientos institucionales en beneficio de ambas ciudades.
El PSOE ferrolano celebra el fallo
Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Ferrol y alcalde en la anterior legislatura, Ángel Mato, valoró la resolución judicial como un respaldo a la gestión realizada durante su mandato.
"Teníamos razón cuando defendíamos un reparto de costes justo para que la ciudadanía no pagara por un servicio que no le correspondía", afirmó, en referencia a las liquidaciones emitidas entre 2017 y 2023 por el saneamiento de la ría.
Según recordó, aquellas reclamaciones incluían una primera cuantía cercana a 3,4 millones de euros por el periodo 2017-2021 y una segunda de más de 3,1 millones correspondiente a 2022 y 2023.
El fallo, explicó, confirma que Narón debe abonar la parte pendiente tras descontar determinados conceptos técnicos y sumar, en su caso, los intereses derivados de la demora.
Mato defendió que la vía judicial fue necesaria ante lo que considera un perjuicio económico continuado para Ferrol. "Cuando la empresa de aguas atraviesa dificultades por una situación así, la solución no es cargar el coste en el recibo de los vecinos, sino defender los intereses públicos incluso en los tribunales", sostuvo.
A su juicio, asumir en solitario esos gastos habría supuesto consolidar un déficit estructural.
El edil socialista también insistió en que las auditorías y las mediciones técnicas avalan un reparto más equilibrado de los costes, en torno al 60%-40%, frente a criterios anteriores que, según dijo, perjudicaban a Ferrol.
Además, reivindicó el modelo de gestión pública del servicio y defendió avanzar hacia una titularidad íntegramente municipal para "garantizar estabilidad y proteger a la ciudadanía en momentos de dificultad".
El BNG de Narón señala que el agua "no debe pasar por manos privadas"
La portavoz del BNG en Narón, Olalla Rodil, valoró la sentencia señalando que "este fallo pone de relieve la necesidad de un reparto justo de los costes entre municipios y refuerza la transparencia en la gestión de los servicios compartidos".
Según Rodil, la resolución también evidencia que "los acuerdos deben estar siempre alineados con los intereses de la ciudadanía, evitando que recaigan cargas económicas injustas sobre los vecinos".
Rodil añadió que el resultado judicial ofrece la oportunidad de "corregir desequilibrios históricos y garantizar que la financiación de los servicios públicos se haga con criterios claros y equitativos".
Para la portavoz nacionalista, "defender los intereses de la comunidad no es solo un deber institucional, sino una obligación ética frente a situaciones que podrían afectar a toda la población".
