Vehículos circulan por un tramo de la AP-9
¿Qué supone la transferencia de la AP-9 a Galicia? Las claves del acuerdo y la polémica
El texto que establece el traspaso de la gestión y la titularidad de la vía fue aprobado ayer en el Congreso y ahora irá al Senado, donde el PP ya ha avanzado que impondrá su mayoría absoluta para modificar la norma
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La transferencia de la AP-9 a Galicia está cada vez más cerca de materializarse, pero no exenta de polémica. El Congreso de los Diputados dio ayer luz verde al acuerdo entre el PSOE, BNG y Sumar para incluir la cesión de la gestión y de la titularidad de la vía a la Xunta de Galicia, rechazando las enmiendas del PP para volver a la "propuesta inicial" aprobada en el Parlamento gallego.
Y es que el origen de la ley surgió en la Cámara gallega, aunque se desbloqueó hace unas semanas gracias al acuerdo entre el PSOE, BNG y Sumar para incluir no solo la gestión sino también la titularidad de la vía a la Xunta de Galicia. El nuevo texto dio pie a una proposición de ley orgánica que tanto el PP nacional como la Xunta de Galicia presidida por Alfonso Rueda han rechazado.
Precisamente, este viernes el PP ha reunido en Santiago de Compostela a parlamentarios autonómicos y nacionales para analizar los siguientes pasos a dar. Pedro Puy defendió que su partido votó ayer "para que se mantuviese el texto completo con todas las garantías financieras para Galicia", ya que el PP considera que el traspaso efectuado tal y como se ha pactado podría tener "consecuencias tremendas" para la comunidad.
Estas consecuencias, según el PP, estarían cifradas en 4.000 millones de euros, que el partido que gobierna en Galicia quiere que asuma el Ejecutivo central, que sin embargo defiende que los gastos los seguiría asumiendo el Estado. En todo caso, el cruce de acusaciones de "traición" entre el PP, el PSOE y el BNG ha sido constante desde que comenzó la tramitación de la norma.
"Después de tantos años solicitando y pidiendo esta transferencia, ahora el PP se echa atrás y vota con Vox en contra", aseguró este viernes el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en referencia a la postura del Partido Popular en el Congreso.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acusó por su parte a la Xunta de "boicotear" la transferencia y ha defendido que el texto "blinda que todos los gastos derivados de la gestión del Estado los tiene que seguir asumiendo el Estado", algo que la Xunta insiste en pedir.
¿Cuándo será efectivo el traspaso?
El traspaso de la AP-9 será efectivo una vez termine toda la tramitación. Una vez aprobada en el Congreso de los Diputados, la norma debe pasar ahora por el Senado, donde el PP ya ha advertido que usará su mayoría absoluta para modificarla.
Así, una vez llegue al Senado y se hagan los cambios demandados por el PP para recuperar la "letra del texto original" (el aprobado en el Parlamento de Galicia), la ley deberá volver a pasar por el Congreso para que estas modificaciones reciban luz verde.
El último paso, en todo caso, es la negociación bilateral entre Xunta y Ejecutivo central, que deberán acordar las condiciones definitivas del traspaso, que tiene por delante un largo camino sin fecha final.
¿Qué implica la transferencia de la AP-9?
La transferencia de la AP-9 a Galicia implica que será la Xunta y no el Gobierno central la que se encargue de la gestión de la vía, cuya titularidad también pasaría a asumir.
El Parlamento gallego aprobó por unanimidad un texto que establecía este cambio, pero finalmente es el acordado por PSOE, Sumar y BNG el que está siendo tramitado. Aquí radica el principal problema: qué texto es el que saldrá adelante y quién asume los gastos, sean del carácter que sean.
Los partidos que han impulsado la norma aprobada ayer en el Congreso aseguran que será el Estado el que asuma todos los costes pendientes, incluida una posible condena por la prórroga irregular concedida a Audasa cuando José María Aznar presidía el Gobierno central.
El PP, sin embargo, asegura que el documento no garantiza este punto, ni tampoco los fondos necesarios para las bonificaciones o la realización de obras necesarias. Algo que la Xunta ha exigido al Ministerio de Transportes a través de una carta remitida esta semana.
La misiva establece de forma explícita que se incluya en el texto que la Xunta no asumirá "cargas económicas, deudas, compensaciones o responsabilidades derivadas de decisiones adoptadas previamente por los distintos gobiernos estatales en relación con la concesión de la AP-9".
De esta forma, como pide la Xunta y tal y como los partidos promotores del texto aseguran que será, el Gobierno central asumiría las "obligaciones con repercusiones económicas y financieras", incluidas las revisiones de las tarifas, derivadas de las decisiones tomadas cuando tenía la competencia de la AP-9.
Las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración estatal previas a la transferencia recaerán sobre la misma. El acuerdo de la transferencia deberá establecer "la obligación de la aprobación de las revisiones ordinarias o extraordinarias de tarifas que dichas modificaciones hayan establecido, con el fin de que estos límites económicos sean respetados".
La Xunta, por su parte, asumirá "todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso" respecto a la concesionaria de la autopista.
Las modificaciones que Galicia quiera promover sobre el régimen económico financiero de la concesión no podrán afectar a los compromisos económicos previstos, según el texto, que añade: "Cualquier decisión que suponga un incremento de dichos compromisos deberá ser asumida íntegramente por la comunidad en la cuantía que este incremento suponga".
¿Qué cambia para los usuarios de la vía?
Los usuarios de la AP-9 no notarán el cambio, al menos a priori. La transferencia de la vía no implica el fin de los peajes ni mayores bonificaciones, por lo que la transferencia no tendrá consecuencias directas inmediatas para los conductores.
Pedro Puy (PPdeG) ha asegurado de hecho que la norma aprobada implica que "los peajes van a seguir" y que "no se garantice que se mantengan las bonificaciones". A este respecto, la Xunta exige que sea el Gobierno central el que siga asumiendo las rebajas tras la transferencia.
