El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (d), durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía.
El Debate sobre el Estado de la Autonomía termina en Galicia con 52 resoluciones aprobadas
El PP ha apoyado a última hora urgir un plan de gestión del agua a propuesta del BNG. Los grupos han acordado rechazar pactos con formaciones que no condenen el terrorismo e insistir en el traspaso de la AP-9
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El Debate sobre el Estado de la Autonomía ha llegado a su fin con 52 resoluciones aprobadas, una más de las previstas cuando terminaron las negociaciones ayer jueves y 11 de las cuales fueron por unanimidad. La propuesta que se suma es la del BNG para urgir un plan integral del agua, que ha apoyado el PP.
Todos los grupos se han mostrado a favor de la iniciativa para elaborar un plan de gestión integral del agua que incluya la planificación hidrológica, la protección de los ecosistemas acuáticos y la adaptación al cambio climático, entre otros. La medida incluye un programa de inversiones conjuntas por parte de la Xunta, el Gobierno central, las diputaciones y los ayuntamientos, con planificación y priorización de las actuaciones y una dotación mínima de 800 millones.
Este no ha sido el único asunto que ha logrado el consenso de las formaciones este viernes: se han puesto de acuerdo en asuntos como el reconocimiento a las víctimas del terrorismo de ETA y el rechazo a "cualquier acuerdo político o pacto institucional con formaciones que no condenen expresa e inequívocamente el terrorismo".
El texto, impulsado por el PP, emplaza también a las administraciones a promover cambios legislativos para que los condenados por terrorismo colaboren en el esclarecimiento de los atentados, según recoge Europa Press.
El grupo mayoritario también ha obtenido el respaldo de la oposición para impulsar el Centro de Protonterapia de Galicia, pedir al Gobierno un mayor compromiso con las infraestructuras de titularidad estatal en Galicia y reforzar las políticas de protección de las víctimas de violencia de género.
BNG, PSOE y DO han votado a favor de la iniciativa del PPdeG que pedía seguir reclamando al Gobierno el rescate de la concesión de la AP-9 y su transferencia íntegra a Galicia, con el objetivo de que esta infraestructura estratégica pase a ser gestionada desde Galicia y avance hacia su progresiva gratuidad.
La cogobernanza de los fondos europeos a raíz de una iniciativa del BNG; la dotación suficiente de profesorado de apoyo como reclamaba el PSdeG; y propuestas impulsadas por DO como la mejora de la seguridad vial en el entorno de las escuelas, el acondicionamiento de las carreteras autonómicas que atraviesan núcleos urbanos y una programación cultural que no discrimine a la Galicia interior han sido los otros asuntos con apoyo.
Acuerdos entre PP y DO
El Grupo Mixto, integrado en solitario por el diputado de Democracia Ourensana Armando Ojea, ha sido por segundo año consecutivo el que más pactos ha firmado con el PP. Entre los cuatro textos pactados con DO y las cinco iniciativas de Ojea apoyadas, figuran tres resoluciones centradas en sanidad.
La Cámara ha instado a la Xunta a garantizar que todos los barrios urbanos "densamente poblados" cuenten con centros de salud dimensionados según los estándares más exigentes de la comunidad. Ojea también ha conseguido el voto favorable del PPdeG para que la Cámara emplace al Gobierno gallego a ejecutar un plan que garantice que el número de especialidades y la inversión sea lo mejor posible adaptada a la demografía de cada área.
Además, ha aprobado instar a la Xunta a reforzar el acceso territorial a la atención médica especializada mediante el uso intensivo de la telemedicina y tecnologías de consulta remota, iniciativa que ha contado con el voto en contra de PSOE y BNG.
PP y DO han pactado cuatro textos para impulsar medidas para los comercios de proximidad, la seguridad viaria en las escuelas, la mejora de carreteras en los núcleos urbanos y el desarrollo de proyectos de aldeas sostenibles y centros de interpretación ambiental.
El PP solo ha logrado dos acuerdos con el BNG (el texto acordado relativo a los fondos europeos y la iniciativa aprobada a última hora sobre los recursos hídricos) y otros dos con el PSdeG.
Así, con los socialistas, además de votar a favor de sus reivindicaciones para el profesorado de apoyo, el PP ha consensuado instar a la Xunta a desarrollar la Ley de cultura inclusiva y accesible de Galicia, promoviendo las condiciones para que la libertad y la igualdad de la ciudadanía sean reales y efectivas, al tiempo que garantice la equidad en el proceso de selección para la dirección de entidades artísticas. El BNG se ha abstenido.
Acuerdos entre la oposición
El debate de política general ha dado lugar a varios acuerdos entre los partidos de la oposición, como el pacto alcanzado entre PSOE y BNG para defender un texto conjunto sobre el Pazo de Meirás, al que el PP votó en contra.
PSOE y BNG también han rubricado una resolución conjunta a raíz de sendas propuestas de ambos sobre marisqueo para instar a la Xunta a analizar las causas del deterioro medioambiental y de la misma productividad de las rías gallegas. El PP ha hecho valer su mayoría absoluta para que no saliese adelante.
Socialistas y nacionalistas pactaron aumentar progresivamente en esta legislatura la financiación del sistema universitario gallego para acercarse al 1,5% del PIB, así como incrementar de forma progresiva la inversión pública en I+D+i en los presupuestos autonómicos hasta situar la inversión conjunta del 3% del PIB gallego en 2030. Dos propuestas que tampoco salieron adelante por el voto en contra del PP.
Otra iniciativa que BNG y PSdeG han apoyado ha sido la impulsada por los nacionalistas para exigir una "disculpa institucional" por parte del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por considerar "vagos y defraudadores" a los trabajadores y trabajadoras gallegos con su plan de bajas.
El plan de bajas protagoniza el debate
El plan anunciado por Rueda para reforzar el control ante casos de posible fraude en las bajas laborales ha sido, precisamente, uno de los protagonistas del DEA. El presidente de la Xunta explicó el miércoles que se centrarían en las bajas por enfermedades musculoesqueléticas o de "psiquiatría menor", que "son las más frecuentes".
Rueda argumentó que estas unidades servirán "de apoyo" a los médicos del primer nivel asistencial que gestionan las bajas y anticipó que también se "reforzará el papel de las mutuas" en la revisión de las incapacidades temporales. Así, cada vez que una mutua realice una propuesta de alta "lo suficientemente justificada", la inspección sanitaria "la va a ratificar y acordar el alta".
El PPdeG registró una propuesta de resolución que instaba a poner en marcha "un procedimiento común entre las unidades de inspección y control de salud laboral para la valoración de pacientes en situación de incapacidad laboral". La iniciativa salió hoy adelante con los votos a favor del grupo mayoritario.
La oposición, crítica con la propuesta, votó en contra y el PSdeG secundó la propuesta del BNG de exigirle a Rueda "una disculpa institucional" con los trabajadores. Ojea se abstuvo tanto en esta iniciativa como en la de los 'populares'.
El PPdeG intentó aprovechar ayer las negociaciones para perfilar la medida y ofertó a PSdeG y a Ojea un acuerdo que daba mayor concreción al compromiso del plan de bajas sellado por Rueda e incluso fijaba un plazo de tres meses para ejecutarlo.
El grupo mayoritario, en todo caso, proponía en el texto aprobado instar a la Xunta a que, en un plazo de tres meses, presentase "un plan integral con el objetivo de disminuir los niveles de absentismo laboral en la comunidad". El Ejecutivo gallego tiene potestad para que se materialice sin necesidad de una directriz parlamentaria.
Más allá de la polémica en torno a esta medida, con defensores y detractores también fuera de la Cámara, este nuevo debate de política general ha servido para ratificar una vez más la distancia que se ve en cada sesión plenaria entre el PPdeG y la oposición, con visiones y propuestas para Galicia diametralmente opuestas.
