Archivo - Un hombre pasea con bastón
El Gobierno central destina a Galicia 52,4 millones para para financiar el sistema de dependencia
La Xunta acusa al Gobierno de "copiar" su modelo sin financiación suficiente, mientras Galicia figura entre las comunidades que menos aportan al sistema de dependencia
Más información: Cerca de 3.000 gallegos continúan en lista de espera para la valoración de dependencia
El Consejo de Ministros ha autorizado este martes el reparto de 783 millones de euros entre comunidades autónomas y ciudades autónomas para financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. De esa cantidad, 52,4 millones irán destinados a Galicia.
Esta inversión revalida el récord histórico en financiación del SAAD alcanzado en 2023 y 2024, dentro del plan del Gobierno para consolidar un nuevo modelo de cuidados.
Desde 2021, la aportación estatal se ha multiplicado por tres, tras recuperar el nivel acordado de financiación que había sido eliminado en 2012 con un recorte de 5.000 millones de euros.
El reparto autonómico se realiza siguiendo criterios técnicos y demográficos acordados en 2021 en el Consejo Territorial.
Estos se dividen en cuatro fondos: estructura (145,8 millones), gestión (175 millones), cumplimiento de objetivos (262,4 millones) y acreditación y calidad (200 millones).
Junto a la financiación, el Consejo de Ministros también ha aprobado en segunda vuelta las reformas legislativas de discapacidad y dependencia.
Estas modificaciones suprimen incompatibilidades en las prestaciones, eliminan los plazos de espera para ayudas económicas por cuidados en el entorno familiar y reconocen la accesibilidad como derecho. Además, desarrollan el nuevo artículo 49 de la Constitución.
Críticas desde Galicia
La Consellería de Política Social ha criticado duramente esta reforma, asegurando que "el Gobierno central copia el modelo gallego", aplicando ahora medidas que ya están en vigor en la comunidad.
Entre ellas, menciona la combinación de servicios como el SAF y los centros de día, la homologación de discapacidad para personas dependientes y el cobro de prestaciones mientras se espera por un servicio.
Especialmente relevante para la Xunta es el reconocimiento automático del 100% de discapacidad para dependientes de grado 3, ya vigente en Galicia desde principios de año.
El Gobierno central lo incorpora en su propuesta, aunque solo con un 65% de discapacidad, algo que el Ejecutivo gallego considera una aplicación más limitada de su iniciativa.
Desde la Xunta también se denuncia que el Gobierno no consultó la reforma con las comunidades ni con los ayuntamientos, responsables de ejecutar muchos de los servicios.
En particular, señalan que se amplían funciones del SAF sin garantizar recursos suficientes para su puesta en marcha. Asimismo, lamentan que no se haya reconocido a las Casas del Mayor como recurso de proximidad en el medio rural, como pedía Galicia.
En materia de financiación, la Xunta recuerda que la ley establece una aportación del 50% por parte del Estado y afirma que esta no se cumple. Calculan que la deuda acumulada del Gobierno central con Galicia en dependencia supera los 2.500 millones de euros.
Galicia, entre las que menos aportan al sistema
Por otro lado, según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Galicia se sitúa entre las comunidades que menos porcentaje aporta al sistema de dependencia en 2024, con un 65,1%, al mismo nivel que Andalucía y solo por encima de La Rioja (61,4%) y Castilla y León (63,2%). Las que más aportan son País Vasco (84%), Navarra (81%) y Baleares (80,6%).
La misma asociación señala que el Estado ha reducido su aportación relativa al 27,1% este año, aunque el gasto total creció un 5,6%. Las comunidades, por su parte, financiaron el 72,9% del sistema, aumentando su inversión un 13,8% respecto al año anterior.
En cuanto al gasto medio por persona beneficiaria, Galicia está por debajo de la media, con 8.592 euros anuales: 2.327 euros aportados por la Administración General del Estado y 6.267 por las comunidades.
