Muro, torreón y cubierta en mal estado de la cárcel de A Coruña.
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El Estado descarta ceder al Concello la antigua cárcel de A Coruña: seguirá por la vía judicial
En una respuesta escrita al BNG el Gobierno central informa que recurrirá la sentencia que anula el convenio de 2005 "por recomendación de la Abogacía del Estado"
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El Estado rechaza ceder de forma gratuita la antigua cárcel de A Coruña al Concello. La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE) está decidida a recurrir la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de A Coruña que declaró nulo el convenio de 2005, por el que se pactaba que el Concello de A Coruña recuperaría la prisión a cambio de ceder la parcela del Centro de Inserción Social de Monte Alto y pagar 1,2 millones de euros al Gobierno de España.
En una repuesta a una pregunta del Bloque Nacionalista Galego del Congreso de los Diputados, el Gobierno ha apuntado que el SIEPSE recurrirá la sentencia que anula el convenio "por recomendación de la Abogacía del Estado", ya que el objeto social y los estatutos de la Sociedad "no permiten a esta sociedad estatal plantearse la gratuidad en la transmisión del inmueble".
En la misma respuesta el Gobierno asegura que "hay que tener en cuenta la disposición a dialogar con el Ayuntamiento de A Coruña por parte de esta sociedad" sobre la transmisión de la cárcel siempre que se haga "en los términos acordados". Esto es, pagando 1,2 millones de euros.
Los pleitos y negociaciones entre Estado y Concello por la antigua cárcel han sido continuos en las últimas décadas. El último gran acercamiento se produjo en 2021 cuando Inés Rey llevó a pleno un acuerdo para recuperar la cárcel por 2,3 millones de euros. Sin embargo, el pleno votó en contra con los votos del PP, PSOE y Marea Atlántica.
A partir de ese momento se inició un nuevo frente que dinamitó en 2024, cuando la SIEPSE reactivó un procedimiento legal que llevaba paralizado desde el 2014 por el que reclamaba al Concello el pago de 15 millones de euros por varios conceptos e intereses. Sin embargo, sus demandas se vieron frustradas por la sentencia de noviembre de 2024 que anula el pago al entender que el convenio de 2005 es ilegal.
El proceso continúa abierto, pues cabe recurso de la SIEPSE, que ya ha adelantado que defenderá sus intereses como sociedad en los tribunales. Mientras tanto, la cárcel continúa sin actividad y degradándose cada día. El estado ruinoso del edificio requeriría una gran obra de recuperación que en cualquier caso sería millonaria e inasumible tanto para el Concello como para el Estado.
