Gianni Infantino, durante el Mundial.
Infantino, Tebas, Louzán y el negocio del fútbol
Tebas debe explicar por qué denuncia ante la FIFA lo que él mismo defendió para LaLiga.
El mayor peligro para el fútbol no es LaLiga. Ni Tebas. Ni siquiera los fondos de inversión ni la saturación del calendario.
El verdadero riesgo surge cuando quienes deben proteger el interés general del deporte empiezan a comportarse como operadores económicos.
Ese debate ya no es teórico. Ha estallado en la FIFA.
Gianni Infantino pretende crear una sociedad valorada en 20.000 millones de dólares, encomendarle la explotación comercial y operativa del Mundial y de otras competiciones de la FIFA y abrir hasta un 20% de su capital a inversores privados.
A cambio, podrían ingresar más de 4.000 millones. Una cifra lo suficientemente poderosa como para comprar voluntades, pero no para despejar las dudas.
La UEFA y sus cincuenta y cinco federaciones nacionales han respondido de forma unánime: si el proyecto continúa, boicotearán las competiciones de la FIFA. Nunca Europa había llegado tan lejos en su enfrentamiento con Zúrich.
El presidente de LaLiga, Javier Tebas.
La FIFA sostiene que mantendrá el control deportivo y reinvertirá los beneficios en el fútbol. El argumento resulta previsible. Pero no resuelve el problema esencial: los inversores privados no entran en una sociedad por solidaridad, sino para obtener rentabilidad. Es legítimo.
Lo discutible es que esa rentabilidad quede vinculada a las competiciones de una entidad que, al mismo tiempo, regula el fútbol mundial, fija sus calendarios y decide quién puede competir y en qué condiciones.
No es solo una discusión política. También es jurídica.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha recordado, en asuntos como ISU y, anteriormente, MOTOE, que las organizaciones deportivas no pueden ejercer sus poderes regulatorios sin límites cuando desarrollan simultáneamente actividades económicas. Sus normas deben responder a criterios transparentes, objetivos, no discriminatorios y proporcionados.
Dicho de otro modo: cuanto más se parece una federación a una empresa, más difícil resulta justificar que disfrute de los privilegios de un regulador.
Los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no prohíben que las federaciones organicen competiciones ni obtengan ingresos. Lo que impiden es que utilicen su poder normativo para proteger sus intereses comerciales o para cerrar el mercado a terceros. Si la FIFA incorpora accionistas privados al corazón económico de sus competiciones, el conflicto de intereses deja de ser eventual para convertirse en estructural.
Hasta aquí, Javier Tebas tiene razón.
Sí, han leído bien.
El presidente de LaLiga lleva años denunciando la expansión de las competiciones de la FIFA, la falta de transparencia de Infantino y la invasión del calendario de los clubes. Su crítica a la privatización parcial del Mundial resulta jurídicamente fundada y políticamente comprensible.
Pero la coherencia también forma parte de la credibilidad.
Porque Tebas combate ahora en Zúrich lo que defendió en España: la entrada de un fondo de inversión en el principal activo económico del fútbol. El acuerdo de LaLiga con CVC no es jurídicamente idéntico al proyecto de Infantino. Conviene decirlo. Su estructura contractual, su objeto y sus efectos difieren.
Pero compromete, durante cincuenta años, una parte de los ingresos derivados de la explotación audiovisual de los clubes adheridos, a cambio de financiación inmediata.
La pregunta de fondo es inevitable. ¿Por qué el capital privado amenaza la independencia del fútbol cuando entra por la puerta de la FIFA, pero constituye una alianza estratégica cuando lo introduce LaLiga?
Tebas acusa a Infantino de poner en venta el futuro. Sus adversarios podrían responderle que él ya lo monetizó durante medio siglo. No son operaciones iguales, pero comparten una lógica: anticipar recursos presentes a cambio de condicionar ingresos futuros. La financiarización no cambia de naturaleza según quién firme el contrato.
Rodri Hernández, Luis de la Fuente y Rafael Louzán posan con la Copa del Mundo.
Y queda Rafael Louzán.
La RFEF ha respaldado, como integrante de la unanimidad europea, el boicot acordado por la UEFA. Por tanto, la Federación Española amenaza con no participar en las competiciones de la misma FIFA con la que debe organizar el Mundial de 2030.
Louzán se presenta simultáneamente como aliado imprescindible de Infantino para ese Mundial y como integrante del frente europeo dispuesto a paralizarlo todo.
La contradicción es formidable.
España tiene el deber de defender su papel protagonista en 2030. Pero también necesita explicar cómo piensa compatibilizar esa responsabilidad con una ruptura institucional que podría afectar al propio Mundial. No basta con votar en la UEFA y guardar después un prudente silencio en Madrid.
Si la RFEF respalda el boicot, debe explicar su alcance, sus consecuencias y las condiciones para levantarlo.
Gobernar exige algo más que simplemente aparecer en todas las fotografías.
Infantino debe justificar por qué una organización que acaba de celebrar el Mundial más lucrativo de la historia necesita ceder una participación de su negocio a inversores externos.
Tebas debe explicar por qué denuncia ante la FIFA una fórmula financiera que él mismo convirtió en bandera de LaLiga.
Y Louzán debe aclarar cómo puede amenazar con boicotear a quien necesita como socio para organizar el próximo Mundial.
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Los tres invocarán el interés general del fútbol. Los tres defenderán que su posición protege a clubes, federaciones, jugadores y aficionados. Pero el interés general no es una expresión retórica. Es la razón jurídica que permite a las organizaciones deportivas ejercer poderes excepcionales sin someterse por completo a las reglas ordinarias del mercado.
Si esa razón desaparece, sus privilegios también se debilitan.
Quizá el verdadero debate ya no sea quién organizará el Mundial de 2030 ni quién lo financiará. La cuestión decisiva es otra: si las instituciones del fútbol continúan defendiendo el deporte o han empezado a defender el negocio construido a su alrededor.
Porque cuando el regulador quiere hacer negocio, alguien termina regulando para el negocio.
*** Miguel García Caba es profesor de Derecho Administrativo y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
