Laboratorio de Nutrición.
El sistema sanitario necesita más "desinversión" que inversión
Cada prueba innecesaria que evitamos libera capacidad diagnóstica. Cada procedimiento obsoleto que dejamos de realizar libera tiempo profesional. Cada intervención de escaso valor que retiramos permite financiar actividades con mayor impacto sobre la salud de los pacientes.
Hace unas semanas el European Observatory on Health Systems and Policies publicó un extensísimo informe llamado "Paying for Health" (Pagar por la salud), que resume cuáles son las características que los sistemas sanitarios deben tener para poder ser universales, sostenibles y eficientes de cara al futuro.
Resumidamente, los principales puntos del informe son:
1. Que la financiación fundamental para alcanzar la universalidad de los servicios sanitarios tiene que ser pública, ya sea a través de los impuestos o de cotizaciones de seguros sociales.
2. El papel de los seguros sanitarios privados es complementario. Pueden aportar agilidad y rapidez a los sistemas, pero no pueden sustituir a la financiación pública como medio para alcanzar la universalidad, porque generarían desigualdades en los accesos.
3. Este es interesante: más que hablar de gasto sanitario, habría que centrarse en cómo compramos. Es decir, el pago a los hospitales, a los profesionales o a los proveedores sanitarios debe basarse en resultados, accesibilidad, calidad o en el valor que aporta.
4. El reto del futuro no es tanto la asistencia sanitaria, sino el cuidado del envejecimiento y los cuidados de larga duración. Esto invita a la necesaria integración entre los servicios sanitarios y sociales.
5. El informe dedica un capítulo entero a la necesidad de dejar de hacer lo que no aporta valor. Lo llama la "desinversión" y lo sitúa como una pieza clave para la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.
En este último punto es donde nos vamos a detener.
Imagen de archivo de un operario de salud pública.
Porque en nuestro país, donde los ciudadanos tienen interiorizado que los derechos con respecto al sistema sanitario son ilimitados y ninguna las obligaciones o los deberes para con él, esa desinversión adquiere una especial importancia. Máxime en una época en que la innovación de todo tipo se incorpora de una forma hiperacelerada.
Así, la pregunta es sencilla.
Cuando hablamos de sostenibilidad sanitaria, casi siempre acabamos discutiendo sobre dinero: más presupuesto, más profesionales, más infraestructuras o más tecnología. Pero ¿estamos seguros de que seguimos haciendo únicamente aquello que aporta valor a los pacientes?
La palabra "desinversión" puede sonar incómoda. Desinvertir suele asociarse a recortes. Pero el concepto es muy distinto.
La desinversión consiste en dejar de financiar, recomendar o realizar procedimientos, pruebas diagnósticas, tratamientos o intervenciones cuya utilidad clínica ha sido superada por nuevas evidencias o por alternativas más eficaces.
Es decir, por la misma innovación que estamos tratando de incorporar.
Dicho de forma sencilla, si la innovación consiste en incorporar aquello que aporta valor, la desinversión consiste en dejar de hacer aquello que ya no lo aporta. Es un "no hacer", lo que no deja de ser innovación.
Esto lleva a una reflexión especialmente relevante sobre cuál debería ser la principal herramienta de desinversión del Sistema Nacional de Salud.
La respuesta, más allá de ser presupuestaria, debería ser científica.
Y aquí es donde las sociedades científicas deberían desempeñar un papel fundamental que literalmente tienen abandonado: la definición y actualización de las guías clínicas.
Las guías clínicas son el conjunto de conocimientos y prácticas diagnósticas y terapéuticas que en cada momento determinan cuál es la actuación profesional correcta ante una determinada enfermedad o proceso clínico.
Es decir, es una de las referencias principales de la Lex artis ad hoc.
Así, diversos análisis han puesto de manifiesto que una parte muy importante de estas guías presentan importantes retrasos en sus procesos de actualización.
El último informe de la Fundación IDIS, del año 2025, sobre cartera de servicios y guías de práctica clínica ya señaló que menos del 15% de las guías analizadas cumplían adecuadamente los criterios de vigencia y actualización.
"No es posible incorporar permanentemente nuevas tecnologías, medicamentos, técnicas diagnósticas o modelos organizativos sin revisar simultáneamente qué actividades deberían abandonarse o limitarse"
Menos del 15% de las únicamente 211 guías clínicas publicadas han sido actualizadas en los últimos 5 años.
Este dato debería preocuparnos mucho más de lo que lo hace.
Primero, porque 211 guías resulta un número muy reducido si se compara con los grandes repositorios nacionales de recomendaciones clínicas existentes en países como Alemania, Reino Unido o Francia.
Segundo, porque la actualización de las guías clínicas no sólo sirve para incorporar nuevas tecnologías. Es también el principal instrumento para identificar qué tecnologías, procedimientos o prácticas deberían dejar de utilizarse porque ya no aportan valor suficiente o han sido sustituidos por otras más eficientes.
Porque una guía clínica desactualizada no sólo retrasa la incorporación de las mejores evidencias disponibles. También puede perpetuar la utilización de procedimientos que ya no aportan el suficiente valor clínico.
Cada vez que una guía mantiene recomendaciones superadas por la evidencia estamos generando tres problemas simultáneos.
En primer lugar, un problema de calidad asistencial, porque los pacientes pueden no estar recibiendo la mejor alternativa disponible.
En segundo lugar, un problema de seguridad jurídica, porque la definición de la lex artis exige que las recomendaciones reflejen el estado actual del conocimiento científico.
Y, en tercer lugar, un problema de eficiencia, porque seguimos destinando recursos a actividades cuyo beneficio ya no justifica plenamente su utilización.
No es posible incorporar permanentemente nuevas tecnologías, nuevos medicamentos, nuevas técnicas diagnósticas o nuevos modelos organizativos sin revisar simultáneamente qué actividades deberían abandonarse o limitarse.
La sostenibilidad del sistema exige ambas cosas.
De hecho, los países más avanzados en esta materia han entendido que la desinversión no debe plantearse como una política de ahorro, sino como una política de reasignación de recursos. El objetivo no es gastar menos, sino gastar mejor y llevarse ese dinero a otras necesidades.
Cada prueba innecesaria que evitamos libera capacidad diagnóstica. Cada procedimiento obsoleto que dejamos de realizar libera tiempo profesional. Cada intervención de escaso valor que retiramos permite financiar actividades con mayor impacto sobre la salud de los pacientes.
"Cada vez que una guía clínica mantiene recomendaciones superadas por la evidencia estamos generando problemas de calidad asistencial, de seguridad jurídica y de eficiencia"
Por ello, España debería plantearse una estrategia nacional de actualización continua de guías clínicas y protocolos asistenciales. Y las sociedades científicas, ser conscientes de su enorme responsabilidad en esta cuestión, y aplicarse con la intensidad suficiente a una tarea que sólo pueden hacer ellas. Porque desconozco qué función puede ser más importante que esta.
Las sociedades científicas deberían asumir que, probablemente, no existe hoy una responsabilidad más importante para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud que mantener permanentemente actualizadas las guías clínicas que definen la mejor práctica asistencial.
Pero actualizar la guía no es suficiente.
El sistema debe ser capaz de trasladar esas recomendaciones a la práctica clínica real. Y para ello hace falta una estrategia que incorpore plazos máximos de revisión, sistemas de monitorización de vigencia, participación de las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y mecanismos de seguimiento de la implantación efectiva de las recomendaciones.
![De izquierda a derecha: avier Elola, director general de la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria (IMAS); Margarita Alfonsel, directora del Observatorio de Sanidad de EL ESPAÑOL-Invertia y Cristina Avendaño, presidenta de la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME).](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11074951.jpg?p=w:320\/h:240&h=2FJa5dzc"])
En un contexto marcado por el envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad, las crecientes necesidades de dependencia y las restricciones presupuestarias, la eficiencia dejará de ser una opción para convertirse en una obligación.
Y eso es algo que también hay que trasladarle a la sociedad y a los pacientes, muchas veces reacios a dejar de tomar un tratamiento que llevan años recibiendo. Y proclives a albergar el sentimiento de que, al sacar de la cobertura determinadas prestaciones simplemente porque ya no aportan valor, se les está quitando un derecho.
Porque lo importante es hacer sólo aquello que la mejor evidencia científica (debidamente actualizada través de las sociedades científicas) recomienda hacer.
Lo demás es tirar el dinero.
*** Juan Abarca Cidón es presidente de HM Hospitales.
