Medicamentos.
¿Deberíamos conocer el precio real de los medicamentos?
La confidencialidad no es un mecanismo de opacidad arbitraria. Es un instrumento que permite equilibrar el acceso rápido a la innovación y la sostenibilidad financiera de los sistemas sanitarios.
Entre tanto ruido político, como pasa tantas veces en política sanitaria, hay debates sobre temas de mucho calado que pasan desapercibidos y que tienen consecuencias mucho más importantes de lo que podría parecer.
Uno de ellos, salvo que actúe la política a tiempo y lo evite mediante la aprobación de una norma al respecto, está ahora mismo pendiente de una decisión del Tribunal Supremo.
Gira en torno a una pregunta aparentemente simple: ¿deben hacerse públicos los precios a los que el sistema sanitario adquiere los medicamentos?
A primera vista, la cuestión podría parecer una mera discusión sobre transparencia administrativa. En realidad afecta a algo mucho más sensible: la competitividad de nuestro sistema sanitario público frente a otros homólogos europeos.
La primera pregunta que subyace a todo este debate es sencilla.
¿Por qué alguien querría conocer los precios reales de los medicamentos?
Mónica García, ministra de Sanidad.
La respuesta tiene varias opciones. Desde la legítima aspiración de mejorar la transparencia del gasto público, el activismo político contra la industria farmacéutica o el interés de otros países por utilizar esos precios como referencia para sus propias negociaciones.
En un mercado global como el farmacéutico, donde muchos sistemas sanitarios utilizan mecanismos de referencia internacional de precios, conocer los descuentos reales negociados por un país puede tener consecuencias mucho más allá de sus fronteras.
¿Por qué? Porque podría entrar en funcionamiento lo que podríamos denominar un "efecto cascada" por el cual si un país consigue negociar un precio significativamente más bajo y ese precio se hace público, otros países pueden exigir automáticamente condiciones similares.
Y así, lo que inicialmente era un descuento puntual negociado en un mercado concreto termina trasladándose a múltiples mercados.
De ahí que, por muy transparentes que sean los países en cuanto a sus políticas públicas, ninguno hace públicos los precios a los que compran sus medicamentos en el mercado. Ninguno.
España se encuentra en estos momentos en un punto crítico de este debate. Porque, como he dicho al comienzo del artículo, un procedimiento judicial actualmente pendiente de resolución podría obligar a hacer públicos los precios reales, lo que tendría unas consecuencias sobre nuestro sistema sanitario devastadoras.
Como es sabido, España es uno de los países que, en teoría, adquiere los precios de los medicamentos de una forma más ventajosa.
Medicamentos genéricos.
En el debate público suele hablarse del "precio" de los medicamentos como si existiera una única cifra clara y visible. Pero en la práctica, la realidad es mucho más compleja.
En la mayoría de los países europeos existe un precio oficial o de referencia, que es el que figura públicamente en los registros administrativos.
Sin embargo, en muchos casos, los sistemas sanitarios negocian acuerdos confidenciales de descuento o de financiación condicionada con los laboratorios para poder incorporar determinados medicamentos al sistema.
Estos acuerdos pueden incluir rebajas significativas, pagos vinculados a resultados clínicos, techos de gasto o mecanismos de devolución. Todo ello permite que tratamientos muy innovadores (y en ocasiones extremadamente costosos) puedan financiarse sin comprometer la sostenibilidad del sistema sanitario.
La clave de este modelo es precisamente la confidencialidad. Los descuentos reales no se publican. Y esto no es una excepción española: es la práctica habitual en la mayoría de los países europeos.
La razón es sencilla. El mercado farmacéutico es global y altamente interdependiente.
Y el mencionado "efecto cascada" podría cambiar por completo los incentivos de negociación.
Si un país sabe que cualquier descuento que negocie se hará público y será utilizado como referencia internacional, la consecuencia inmediata es que las compañías farmacéuticas tendrán menos margen (o menos incentivos) para ofrecer esos descuentos.
El resultado paradójico sería que los sistemas sanitarios acabarían pagando más y los pacientes teniendo más dificultades para acceder a determinados tratamientos.
![Pedro Duque, tras el Consejo de Ministros.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2020\/06\/30\/invertia\/observatorios\/sanidad\/501710875_154791365_320x180.jpg"])
Esto no es una hipótesis teórica. Es una preocupación ampliamente compartida por las autoridades sanitarias de numerosos países europeos, que han desarrollado mecanismos similares de negociación confidencial, precisamente para facilitar la incorporación de la innovación terapéutica.
La confidencialidad no es, por tanto, un mecanismo de opacidad arbitraria. Es un instrumento que permite equilibrar dos objetivos que a menudo entran en tensión: el acceso rápido a la innovación y la sostenibilidad financiera de los sistemas sanitarios.
El origen del procedimiento judicial que ahora examina esta cuestión se encuentra en una solicitud de acceso a información pública sobre las condiciones económicas de financiación de un determinado medicamento.
La solicitud se apoyaba en la legislación de transparencia.
Sin embargo, la Administración argumentó que la normativa farmacéutica vigente protege la confidencialidad de determinados aspectos económicos y técnicos aportados durante el proceso de fijación de precio y financiación.
La cuestión jurídica de fondo es si esa confidencialidad sectorial debe prevalecer o no frente al derecho general de acceso a la información pública.
"Estados Unidos ha acordado con la mayoría de las empresas farmacéuticas que determinados medicamentos no pueden costarles más que en los países donde se venden más baratos"
Aunque el debate pueda parecer estrictamente técnico y la Justicia interprete la norma como corresponda, las implicaciones son enormes. Si finalmente se estableciera que los precios reales y las condiciones económicas deben hacerse públicos, el modelo actual de negociación farmacéutica en España podría cambiar de manera radical.
Y lo haría, además, en un contexto internacional especialmente sensible debido a la política del principio de "la nación más favorecida" impulsada por el presidente Trump.
De acuerdo a ese principio, Estados Unidos ha acordado con la mayoría de las empresas farmacéuticas que determinados medicamentos no pueden costarles más que en los países donde se venden más baratos.
Imaginemos, ante este escenario, lo que podría ocurrir en el mercado farmacéutico en general y en España en particular si se hiciera público el precio real al que compramos los medicamentos.
Por eso es urgente que las fuerzas políticas se tomen realmente en serio esta amenaza antes de que se pueda abrir una vía que permita exigir la publicación de los precios reales de los medicamentos.
Sería prudente y urgente que el legislador actuara para evitar un cambio de reglas con consecuencias potencialmente irreversibles.
![Consejo Europeo](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2024\/06\/20\/elandroidelibre\/864424578_244198653_320x180.jpg"])
Y no se trata de ocultar información a los ciudadanos, sino de mantener una herramienta que permite negociar mejores condiciones económicas para los sistemas públicos de salud.
La transparencia es un valor fundamental en las políticas públicas, sin lugar a dudas. Pero como cualquier principio, debe aplicarse con inteligencia y teniendo en cuenta las consecuencias reales de su implementación.
En el caso de los medicamentos innovadores, la transparencia absoluta en los precios reales podría terminar produciendo un efecto contrario al deseado: dificultar el acceso de los pacientes a nuevos tratamientos.
El desafío consiste en encontrar el equilibrio adecuado entre el derecho a la información y la necesidad de preservar instrumentos que garanticen la sostenibilidad del sistema.
Porque, al final, el verdadero objetivo de cualquier política sanitaria no debería ser simplemente conocer el precio de los medicamentos, sino asegurar que los pacientes puedan acceder a ellos cuando los necesitan.
Y si para lograrlo es necesario preservar ciertos mecanismos de confidencialidad, quizá la pregunta que deberíamos hacernos no es cuánto sabemos sobre esos precios, sino qué consecuencias tendría para los pacientes que dejáramos de poder negociarlos.
Y si esa posibilidad existe, la responsabilidad de quienes toman decisiones políticas es actuar a tiempo para evitarlo.
*** Juan Abarca Cidon es presidente de HM Hospitales.
