La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, durante un pleno. Europa Press
En defensa de una 'tercera vía' para los nombramientos judiciales
Tenemos un CGPJ cuestionado, una carrera judicial desmotivada y una ciudadanía que percibe la justicia como un terreno colonizado por la política. Una percepción que mina la confianza pública.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) atraviesa una crisis interna. Los vocales, divididos en bloques, han llevado sus desacuerdos al terreno público en una pelea que proyecta una imagen bochornosa del órgano de gobierno de los jueces.
En medio de ese ruido, la justicia y la independencia quedan, una vez más, en segundo plano.
Hace poco más de un año se renovó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), después de más de cinco años de mandato caducado y un largo periodo en funciones que acabó bloqueando el sistema.
Ese bloqueo dañó, como era de esperar, el propio funcionamiento de la justicia.
La renovación, tan esperada, despertó ilusión y promesas de cambio. Un nuevo CGPJ tenía ante sí la oportunidad de hacer las cosas de otro modo, de recomponer su imagen y recuperar la confianza de los ciudadanos en la justicia.
El tiempo ha dejado claro que aquella esperanza fue infundada y que el cambio se quedó en apariencia. El CGPJ sigue funcionando con los mismos vicios que lastraron a sus predecesores, nada esencial ha cambiado y la decepción se ha instalado con fuerza.
La presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, junto al rey Felipe VI. Efe
El CGPJ debería ser un órgano técnico, plural y autónomo en su funcionamiento. Su función principal, si no la esencial, es garantizar la independencia de los jueces y tribunales, cuando ejercen su función judicial, respecto al resto de poderes del Estado y frente a todos, incluso respecto a los demás órganos judiciales y los del propio gobierno del Poder Judicial.
Lo es en su diseño constitucional y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero no en su práctica cotidiana.
En la realidad, el CGPJ se ha convertido en un escenario de confrontación entre los llamados “bloques progresista y conservador”, etiquetas impropias para un órgano de gobierno judicial, pero ya asumidas con naturalidad en el discurso público.
El reciente comunicado de los vocales autodenominados progresistas (en el que denuncian la “ruptura del consenso” y la “exclusión del bloque progresista”) lo deja en evidencia. El CGPJ no discute sobre criterios jurídicos ni sobre modelos de gestión judicial (la gestión de la administración de justicia es otra de sus funciones), sino sobre reparto de poder.
Se habla más de equilibrios que de méritos.
El comunicado refleja con claridad un Consejo que se comporta como un patio de colegio “político”, con dos bandos enfrentados reclamando su cuota de representación y denunciando al otro por “romper las reglas del juego”. La pelea abierta entre los vocales, exhibida sin pudor ante la opinión pública, es un espectáculo bochornoso para una institución que debería representar equilibrio y serenidad.
Mientras tanto, lo esencial (la independencia judicial y el buen servicio público de la justicia) se diluye entre acusaciones cruzadas y estrategias de grupo.
La politización del CGPJ se nota sobre todo en los nombramientos discrecionales.
Los datos son elocuentes. De 120 nombramientos efectuados durante este período, con exclusión de los juristas de reconocida competencia, fiscales, turno autonómico y jurídico militares, tres de cada cuatro recayeron en las dos asociaciones presentes en el órgano (la Asociación Profesional de la Magistratura, APM, y Juezas y Jueces para la Democracia, JJpD).
Las otras dos asociaciones, Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), apenas aparecen, igual que la mitad de la carrera judicial, la que no pertenece a ninguna asociación.
Esa distribución no refleja la pluralidad real de la judicatura. En realidad, muestra algo más profundo, un sesgo que viene de origen.
"Muchos magistrados con trayectorias brillantes quedan fuera de los altos destinos judiciales simplemente porque no pertenecen al bloque adecuado"
El CGPJ, elegido por los partidos políticos, actúa como una correa de transmisión de esos mismos partidos. Los vocales, agrupados en bloques, reproducen las lealtades de quienes los designaron.
No todos, por supuesto, pero el efecto de conjunto es el mismo.
Y, mientras tanto, muchos magistrados con trayectorias brillantes quedan fuera de los altos destinos judiciales simplemente porque no pertenecen al bloque adecuado.
La unanimidad que tanto se celebra en los plenos no es prueba de consenso, sino el resultado de un pacto previo entre grupos cerrados. Tantos de los tuyos, tantos de los míos.
Cuando no hay acuerdo, el nombramiento se bloquea. Así ha ocurrido, por ejemplo, con presidencias de salas del Tribunal Supremo.
El resultado es un Consejo cuestionado, una carrera judicial desmotivada y una ciudadanía que percibe la justicia como un terreno colonizado por la política. Una percepción que mina la confianza pública y desanima a quienes, en los juzgados de a pie, intentan ejercer su función con independencia.
Romper este círculo exige ir a la raíz y pasa por permitir que los jueces elijan a los doce vocales judiciales del Consejo.
Frente a las dos propuestas que los llamados bloques conservador y progresista llevaron a la Comisión de Venecia, existe una tercera vía.
Existe, y es lo que podríamos llamar una Tercera España judicial.
Así lo propone la iniciativa conjunta de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, que defiende un sistema de elección directo, proporcional y con voto cualificado, conforme a los estándares europeos y avalado por la propia Comisión de Venecia.
No se trata de sustituir a los partidos por asociaciones, sino de asegurar una representación real y plural de toda la carrera judicial (asociados y no asociados), que garantice la presencia de todas las sensibilidades en el CGPJ.
El modelo es simple y razonable. Listas abiertas, voto telemático, participación de todos los jueces y un proceso cuya organización correría a cargo del CGPJ y sería controlado por la Junta Electoral Central y por los interventores que nombraran las asociaciones y las agrupaciones de electores.
Se trata de devolver a la carrera judicial la responsabilidad de elegir a los vocales judiciales, sin filtros políticos ni cuotas de poder. No para reforzar un corporativismo, sino para restaurar la legitimidad y la independencia que la Constitución quiso proteger.
"Es hora de romper el círculo y devolver al CGPJ su sentido original, que no es otro que garantizar la independencia judicial, no servir al poder"
No sorprende que muchos ciudadanos vean la justicia contaminada por la política. Esa percepción no sólo desgasta la confianza pública. También afecta al ánimo de quienes, cada día, sostienen la justicia desde sus juzgados.
Regenerar el Consejo no es un gesto corporativo, es una exigencia democrática. Si los nombramientos se reparten entre bloques, si los vocales actúan como delegados de partido, si el propio Consejo se convierte en un patio de colegio y la excelencia se sustituye por el equilibrio político, la justicia pierde su voz y la ciudadanía su garantía.
Es hora de romper el círculo y devolver al CGPJ su sentido original, que no es otro que garantizar la independencia judicial, no servir al poder.
Sólo así la renovación podrá ser, por fin, un comienzo y no un simple relevo.
Sólo así el Consejo recuperará su verdadero propósito: servir a la independencia, no a los intereses de turno.
La cuestión es si habrá coraje suficiente para hacerlo. Y si algún día llegaremos a verlo.
*** María Emma Ortega Herrero es magistrada del Juzgado contencioso-administrativo número 13 de Sevilla y miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
