El caso Negreira: una relación inaceptable y sin excusas

Reconoció que entre 2012 y 2018 elaboró informes arbitrales para el Barça por los que percibía unos 60.000 o 70.000 euros anuales. Y subrayó que esos ingresos nada tenían que ver con los millones que su padre facturaba al club.

Es más: afirmó con contundencia que los pagos adicionales a Negreira padre no podían justificarse como contraprestación a sus informes.

Una confesión que dinamita el discurso defensivo del Barça. Los informes existían, sí, pero no explican ni remotamente la magnitud de los pagos.

El Real Madrid en un partido contra el F.C. Barcelona.

El hijo, además, relató que su padre le repetía que, como vicepresidente del CTA, no podía trabajar para ningún club. Sabía, pues, que era incompatible, que estaba prohibido.

Pese a ello, Jordi Aparisi, abogado de la Federación, elaboró un documento firmado por Medina Cantalejo, como presidente del Comité Técnico de Árbitros, dirigido a la Fiscalía, en el que se afirmaba que no existía incompatibilidad.

Sin embargo, ante la contundencia de las evidencias, a la propia Federación no le quedó más remedio que desdecirse y contradecir lo que había sostenido inicialmente.

El burofax remitido por Negreira en 2019 al Barça añade la guinda. No fue un pataleo porque el club dejara de contar con los servicios del hijo, que ya habían cesado meses antes. Fue una reacción furibunda al corte de los ingresos millonarios del padre.

"Aquí no hablamos de un proveedor cualquiera. Hablamos de millones de euros transferidos al número dos del estamento arbitral"

En ese escrito llegó a amenazar con destapar “todo lo que sabía” si no se reanudaban los pagos. ¿Cabe imaginar una prueba más nítida de que la relación no era limpia ni transparente?

Las defensas de Rosell y Bartomeu quedan reducidas al absurdo cuando presentan esos contratos como si fueran comparables a un catering o a un contrato de jardinería.

No, aquí no hablamos de un proveedor cualquiera. Hablamos de millones de euros transferidos al número dos del estamento arbitral. Y, como dejó entrever el propio hijo, no había justificación alguna para esas cantidades desorbitadas.

Y es aquí donde la explicación jurídica resulta clave. El artículo 286 bis.4 del Código Penal, que tipifica la corrupción deportiva, establece que se trata de un delito de mera actividad. No es necesario que el resultado de un partido se manipule con éxito; basta con que exista el pago o el ofrecimiento de un beneficio injustificado con la finalidad de influir.

La declaración íntegra del hijo de Negreira: "El Barça mintió en Hacienda para desligarse de mi padre y me usó como pretexto"

Esa finalidad es precisamente lo que se desprende de este caso.

1. Intención de defraudar: cuando un club paga durante años al vicepresidente del CTA, el propósito no puede ser inocuo ni casual.

2. Ofrecimiento o pago del beneficio: los millones entregados a Negreira constituyen, en sí mismos, el núcleo de la conducta delictiva.

3. No es necesario el resultado exitoso: el Barça podrá alegar que no hay pruebas de partidos concretos manipulados, pero eso es irrelevante a efectos penales. El delito se consuma con los pagos en sí, independientemente de si luego hubo decisiones arbitrales favorables o no.

La dimensión institucional del caso es igualmente relevante. La Federación se ha visto obligada a reforzar su normativa para cerrar cualquier resquicio a estas prácticas. Una reforma que es, en sí misma, la prueba de que lo ocurrido fue un agujero negro en la integridad arbitral.

A todo ello se suma la figura de Albert Soler. Durante años ocupó un papel clave en la estructura ejecutiva del Barça y conocía de primera mano que los informes existían y se distribuían. No era un convidado de piedra.

Más tarde, cuando ya estaba fuera del club y recaló en el Consejo Superior de Deportes, se permitió reconocer que sabía de los pagos al vicepresidente arbitral. Y todo ello mientras el tiempo de la prescripción jugaba a favor del Barça y mientras el código ético de la RFEF se modificaba justo cuando debía servir para sancionar.

No parece casualidad.

"El problema no es que el Real Madrid defienda sus derechos, sino que el Barça durante años pagó al número dos de los árbitros"

Más aún. Documentos de la Agencia Tributaria demuestran que, en febrero de 2021, meses antes de su nombramiento como director general del CSD, Soler ya colaboraba en la contestación a diligencias de Hacienda sobre los pagos a las sociedades de Negreira.

Es decir, no sólo tenía conocimiento pleno de la operativa, sino que participó en la defensa del club frente a la AEAT. Su posterior aterrizaje en el CSD refuerza la sospecha de que sirvió de tapadera institucional para ganar tiempo, dejar correr los plazos y esquivar así las consecuencias deportivas.

Por si fuera poco, Rosell ha llegado a decir ante el juez que “un club caballero como el Real Madrid tendría que haberlo aceptado y no alargarlo toda la vida como está intentando hacer para tapar otras cosas”. Una declaración que insulta a la inteligencia y pretende invertir la carga de la culpa.

El problema no es que el Real Madrid defienda sus derechos, sino que el Barça durante años pagó al número dos de los árbitros. Lo indecente no es que se exija justicia, sino que se pretenda blanquear el mayor escándalo del fútbol español acusando a quien lo denuncia.

La declaración del hijo de Negreira refuerza la acusación de que el Barcelona corrompió La Liga durante 18 años

Rosell no sólo no pide perdón. Se atreve a culpar a la víctima. Una desfachatez que resume el desprecio con el que se ha gestionado este caso desde el primer día.

Queda ya fuera de toda duda que no es necesario demostrar un partido manipulado para acreditar la corrupción. Lo esencial es la existencia de una relación prohibida, opaca y millonaria entre un club y un dirigente arbitral. Y eso está más que probado.

Los que niegan el delito podrán seguir aferrándose a sofismas, podrán seguir negando lo evidente. Pero la realidad es tozuda: durante años el FC Barcelona alimentó económicamente al vicepresidente del CTA, y eso tiene un nombre.

Hoy, el daño a la credibilidad del fútbol español es mayúsculo. Quizá irreparable.

*** Miguel García Caba es profesor de Derecho Administrativo y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.