Pedro Sánchez ha saltado la valla

En el deporte hay reglas, además del reglamento del juego. Son un pacto civilizatorio.

Johan Huizinga, filósofo neerlandés detenido y desterrado por los nazis, lo llamó el “círculo mágico”: un espacio separado de la vida ordinaria, con tiempos, límites y normas propias.

Cuando ese círculo se rompe, ya no hay juego. Hay otra cosa.

Eso vimos este domingo 14 de septiembre de 2025 en Madrid. La última etapa de la Vuelta a España se canceló por las protestas propalestinas que bloquearon el circuito. Hubo choques con la policía y no hubo podio. Jonas Vingegaard recibió su trofeo en un aparcamiento lejos de Cibeles.

Defiendo la libertad de manifestarse, forma parte de una sociedad abierta. Pero la libertad termina donde empieza la coerción. Impedir por la fuerza que otros ejerzan sus derechos (correr una carrera, organizar un espectáculo, trabajar) ya no es libertad, es imposición.

La contradicción moral quedó a la vista el domingo. Se denuncia la violencia y la coacción (en el marco de una guerra) de un Estado extranjero, apelando a la violencia y la coacción en España.

Vingegaard, tras la cancelación de la última etapa de La Vuelta 2025. EFE

Y algo más grave. En plena crisis, el presidente Pedro Sánchez proclamó su “admiración” por las movilizaciones estimulando la protesta, y luego pidió expulsar a Israel de las competiciones internacionales. Eso no es neutralidad. Es una toma de partido que cruza la valla del deporte hacia la arena partidaria.

La reacción internacional fue inmediata y, en términos deportivos, inhabitual. La Unión Ciclista Internacional (UCI) publicó un comunicado que “condena de manera firme la instrumentalización del deporte con fines políticos, en general, y en particular por parte de un gobierno” y recordó que el deporte debe seguir siendo autónomo para cumplir su papel como herramienta de paz.

Traducido al castellano de la vida pública: el Gobierno no puede aplaudir ni estimular interrupciones que hagan imposible la competición.

Por eso las democracias modernas erigieron diques institucionales: autonomía del deporte y neutralidad política. Lo dice la carta olímpica: las organizaciones deportivas “aplicarán neutralidad política”.

Ese principio no es decoración. Es lo que permite que rivales feroces compartan un mismo ritual civilizado.

El Gobierno de España eligió el atajo. En lugar de proteger el círculo neutral del juego garantizando que la carrera terminara, validó la presión de una facción. Con ese gesto, cambió la vara. No decide la regla, decide la consigna con más músculo callejero y respaldo oficial.

Mañana, otra causa de signo opuesto podría invocar el mismo “derecho” a parar una final.

"Defenderse, en un Estado de derecho, no es consentir la coacción de una facción sobre el conjunto. Es hacer cumplir reglas comunes"

El resultado es una espiral de arbitrariedad donde todos pierden: atletas, espectadores, ciudad y reputación del país como organizador de grandes eventos.

Este es, sobre todo, un debate sobre la libertad. Karl Popper lo expresó con claridad en La sociedad abierta y sus enemigos.

La paradoja de la libertad enseña que la libertad sin límites “hace libre al matón para esclavizar a los mansos”.

La paradoja de la tolerancia, que una sociedad abierta debe defenderse de quienes, mediante la violencia, cancelan la libertad de los demás.

Defenderse, en un Estado de derecho, no es consentir la coacción de una facción sobre el conjunto. Es hacer cumplir reglas comunes hoy para que todos (también quienes protestan) conserven sus derechos mañana.

La conclusión es sencilla y urgente. Expresar opiniones, sí; coaccionar, no.

Sánchez confundió libertad con licencia para impedir la libertad ajena, y prefirió el rédito de la tribuna a la responsabilidad de gobernar. Si el poder cruza la valla y celebra que el pelotón no llegue, el mensaje que queda no es “humanismo”: es arbitrariedad.

Y la arbitrariedad, ya lo sabemos, nunca se detiene donde promete. En una democracia liberal, las causas se ganan con razones y las carreras, con piernas.

*** Rocío Albert, consejera de Economía de la Comunidad de Madrid.